¿YA NO HAY CASTA?

Desde hace algún tiempo, curiosamente desde que Podemos está ya inmerso en las Instituciones, el término “casta” ha desaparecido de su vocabulario.  Ha jubilado definitivamente esta definición y pretende abrir paso un nuevo término con el que identificar su discurso. El concepto de casta, se sustituye ahora por “la trama”. En las últimas semanas dirigentes de la formación han insistido en esta idea. La “trama”, según Pablo Iglesias, “podría ser la palabra que sirva para entender cómo corrupción e impunidad están asociados a un modelo de desarrollo económico y de gobernanza que ha fracasado”. El nuevo discurso no apunta sólo a la clase política —donde ahora se encuentra Podemos— sino también a empresarios y jueces. ¿Qué es la trama, según Podemos? Se trata de “una red de altos cargos del Estado, destacados políticos, y también de destacados empresarios, que mandan en este país en lugar de este Parlamento”, le espetó Irene Montero, portavoz parlamentaria de Podemos, al ministro de Justicia, Rafael Catalá, hace unos días.

Pero, ¿de verdad creemos que por cambiar la definición de una palabra, hemos inventado algo nuevo? Los privilegios de los políticos, de los empresarios, bancos, etc., siguen siendo los mismos. Incluso se dice que en  los Ayuntamientos que controla Podemos, se están designando a dedo muchos más asesores y puestos de confianza que existían antes. Nada ha cambiado. Hablemos claro, España es un país donde hasta un tercio de los desempleados trabaja en negro a la vez que cobra el desempleo; donde saltarse la ley para provecho propio es más la regla que la excepción. Pero, ¿cuál es nuestro modelo, nuestro ejemplo?, ¿nuestra clase política española?, ¿los que mandan?... Son un grupo cerrado, homogéneo donde los herederos tienen mucho camino recorrido. Basta ojear por los despachos de europarlamentarios españoles en Estrasburgo para encontrar antecedentes genealógicas: un hijo de Alfonso Guerra, un cuñado de Aznar... Sí, ahora son hijos, sobrinos, nietos o conocidos de los históricos del PP y del PSOE los que hacen de escuderos de la casta en Europa. El Parlamento Europeo ha pasado de cementerio de elefantes a campo de entrenamiento. Las oficinas del hemiciclo son ahora un lugar donde los herederos del trono electoral, forjan contactos y curten sus espuelas. Son La Casta o Trama, da igual. ¿Qué futuro tiene un país donde las casi 80.000 personas que forman la clase política están envueltas en un velo informativo sobre el despilfarro de sus privilegios?

Tal es el descontrol, que en España no hay ni una sola institución que conozca cuántos políticos cobran del Estado.  Un español tiene una pensión máxima de 32.000 euros anuales, pero los políticos tienen derecho a pensiones vitalicias muy superiores: pueden llegar hasta 74.000 €.  Además, estas pensiones no son incompatibles con otros sueldos de la Administración o con otras actividades económicas. Un diputado o senador tiene que estar sólo siete años en el cargo para optar a la pensión máxima (32.000 euros), mientras que un trabajador autónomo o por cuenta ajena necesita 35 años cotizados. La retención de las nóminas de diputados y senadores es sólo del 4,5%  ¿Sabía usted que paga de su bolsillo las multas que la DGT impone a los políticos? ¿Y que además las paga con recargo?  ¿Viajes innecesarios? Una comisión del Congreso pide permiso para que 60 diputados viajen cuatro días a Canarias para estudiar el cultivo del plátano. Tampoco existen datos oficiales sobre la falta al trabajo de los políticos, o al menos, no se han hecho públicos; los diputados pueden utilizar a su antojo con cargo a las arcas del Estado aviones, trenes o barcos. Disponen de 5.000.000 € al año para viajes; por no hablar de la flota de automóviles (14 de los 17 presidentes autonómicos utilizan Audi de alta gama), y no mencionar que cada español debe a los bancos casi 600€ por la deuda de los ayuntamientos. Podríamos seguir poniendo ejemplos, pero sólo alimentaria nuestra indignación.

 Podemos, ha imitado el modus operandi político de las potencias capitalistas. El capitalismo decente no existe pero deseamos lo básico: Regenerar el país, modernizarlo, acabar con las redes de complicidades y los clientelismos. Somos un país de intolerantes, algunos diputados, cuando no les gusta lo que se acuerda en el Congreso, es decir, lo que acuerda la mayoría, abandonan el hemiciclo en señal de protesta. Se les ha designado para que dialoguen, hablen, acuerden, no para que muestren su pataleta…. Así nos va. ¿Seguimos cambiando palabras, o alguien se atreve a cambiar poco a poco esto?

Miguel F. Canser

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JUSTICIA QUE NADIE ENTIENDE

Son ya diferentes ocasiones que el tema de la justicia ha llamado mi atención; por una u otra causa, he sentido la necesidad de escribir alertando sobre el deterioro progresivo de nuestra justicia. Bien porque no dispone de los medios humanos necesarios, porque no se le dedica los recursos suficientes para su modernización, o, lo que es peor, la utilización política de la misma. La politización, o los intereses de los partidos políticos que influyen en fiscales, jueces, y estamentos de la justicia, hacen que se desvirtúe el buen fin de la misma. Si en un país falla esto, olvidémonos de la democracia. 

Es un clamor popular la perplejidad e indignación que la Audiencia Provincial de Baleares, por unanimidad en el caso Noos, haya dictado una sentencia que el ciudadano, en su inmensa mayoría, no entiende.   En los últimos días han pasado cosas muy graves que afectan a uno de los pilares de nuestra democracia: la Justicia. Siempre estamos oyendo que hay que respetar las decisiones judiciales, pero no necesariamente hay que compartirlas y es que cuando las cosas se alejan del sentido común, algo no funciona bien. Hace unos días, hemos asistido a la destitución de tres fiscales que estaban luchando denodadamente contra la corrupción; uno de ellos, el fiscal superior de Murcia, dos días después de citar a declarar como imputado al presidente de esa Comunidad en el caso Auditorio, denunciando coacciones durante su labor al frente de la Fiscalía: "A los compañeros de Murcia no se nos ha hecho la vida especialmente agradable. Llama la atención que se haya creado, por ejemplo, una asociación en Madrid con la única finalidad de querellarse contra mí y mi familia".

La sentencia del Sr. Urdangarín clama por lo inusual y ha creado una inmensa alarma social. La gente no sabe ya si sonreír por lo que sospechaba pudiera ocurrir, o por la incredulidad de lo que verdaderamente está pasando. Está probado que el matrimonio Infanta-Urdangarín saquearon más de 9 Millones de €, de los que 6 Millones, pertenecen al erario público, es decir, a todos nosotros. El fiscal pedía para él 19 años de cárcel. Pues bien, condenan al Sr. Urdangarín a 6 años y le deja libre, sin fianza, y que siga viviendo en Ginebra. Por supuesto, la Infanta queda absuelta de todo cargo por ignorante. Quien más quien menos, algunos nos hemos quedado con la boca abierta. Díganme a qué ciudadano normal, se le condena a más de 5 años, y le dejan libre, sin fianza y que, además, pueda seguir viviendo en el extranjero. No conozco a nadie. Bueno, ahora sí.

No podemos olvidar que, en teoría, si alguien tiene estudios en ese matrimonio es la Infanta. Es licenciada en ciencias políticas y trabaja en una entidad financiera, por lo que, a priori, quien mejor está preparada de los dos es ella; y para nada da el perfil de “mujer florero” como algún medio ha bautizado. Sin embargo, el responsable de todo según la justicia, es su esposo que no se le conoce ningún tipo de estudios universitarios, y su carrera profesional sólo se le conoce como balonmanista español. Sí sabemos que en 1995 quedó exento del servicio militar (obligatorio en la época) por padecer sordera total según dice Wikipedia. Parece que ahora está de moda delante de los juzgados decir que las mujeres no se enteran de nada (acuérdense de la Sra. Mato, por ejemplo), cuando la verdad es que se enteran de todo, y están al tanto de todo. Es decir, si alguien pudiera tener conocimientos financieros sería la Infanta y no él. En fin, a mí me parece que todo esto es una tomadura de pelo, aunque se ha hecho viral decir eso de “No sé, no me consta, no lo recuerdo”. Quizá estar enamorada sea un eximente.

El argumento de la Audiencia de Palma para no imponer al Sr. Urdangarin medidas cautelares es que no se decretó ninguna durante toda la instrucción y, por lo tanto, hacerlo ahora sería desproporcionado. A la postre, el cuñado del Rey, ha acabado beneficiándose del trato generoso que ha recibido desde un principio por parte de la Justicia y de la Administración, y ahí está el papel que han jugado la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado. ¿La justicia es igual para todos? Es evidente que no. Lo decía Albert Camus: “Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”.

Miguel F. Canser

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IDEOLOGÍAS APARTE

Desde hace décadas el término “ideología” se encuentra devaluado. Asimismo, deberían haber caído ya en desuso los términos “izquierda” y “derecha” como marcas orientadoras en el debate político. Ambos fenómenos –el descrédito de la ideología y el relativo abandono de los conceptos mencionados— responden a algunos elementos en común. Uno de ellos, quizás el más importante, es la comprensible desconfianza que nos producen los radicalismos. Otro, no desdeñable, es el aparente vacío de ideas en que ha caído la práctica cotidiana de la política. El fascismo y el comunismo son los ejemplos más notorios de ideologías radicales y mortíferas. Las ideologías, formas generalmente inflexibles, y ajenas a toda autocrítica para entender a una sociedad y proponerle un futuro, se constituyeron como creencias monolíticas e inmutables, alejadas de  los datos de la realidad y exigente de ciegas adhesiones.

         En el lado opuesto, se va imponiendo la idea de que el pragmatismo es el más alto valor al que se pueda aspirar en el debate sobre lo público. Lo opuesto a ese pragmatismo sería, precisamente, el pensamiento ideológico. Así, mientras los ideólogos sostendrían debates estériles alrededor de conceptos y visiones abstractas y alejadas de lo real, los pragmáticos, con los pies en tierra, actuarían resolviendo eficazmente problemas. Con esta misma lógica la división entre izquierda y derecha quedaría entonces obsoleta, pues lo importante no sería ya discutir sobre visiones del mundo sino más bien resolver dificultades aquí y ahora. 

         Una ideología no deja de ser una colección de ideas. Cada ideología utiliza esas ideas en lo que considera la mejor forma de gobierno y el mejor sistema económico. Si convenimos que el fin último de la política es el bien común, la búsqueda de soluciones para el desarrollo y bienestar de los ciudadanos, la vida real de las personas y sus fines generales deben ser un imperativo para toda actividad socio-político. Las necesidades de las personas deben estar por encima de toda ideología. Y en nuestra política diaria, asistimos a una guerra de “ideas” que para nada conducen a ese fin último que he descrito. Sólo importa la prevalencia de sus ideales, obviando lo que en cada momento puede interesar a la mayoría.

         Muchas veces he escuchado la famosa frase de:”yo no quiero políticos, sino buenos administradores”. Y es que nuestros políticos nos demuestran cada día que eso de la ideología es secundario. Y no me refiero sólo a aquéllos que, de vez en cuando, cambian de bando, sino cuando su actividad política está orientada a asegurarse un puesto bien remunerado en la empresa privada, que por desgracia sucede con frecuencia. La verdad es que el ciudadano sólo quiere hechos, no ideas. Que miren por sus intereses, que sean diligentes a la hora de afrontar un gasto, distinguiendo –en eso mi madre era una experta— entre un gasto necesario de uno imprescindible. Y si es necesario construir, por ejemplo, un hospital, porque se hace imprescindible, los políticos deben ponerse de acuerdo al margen de su propia ideología. El ejemplo más cruento lo tenemos en Rivas: con una población censada de 85.000 habitantes, no disponemos no ya de hospital, sino de un Centro de especialidades médicas. Pero Arganda, con un censo de unos 60.000 habitantes, sí es merecedora de un amplio hospital. ¿Por qué?,  sencillamente por pura ideología.

         Aunque la ideología es necesaria, pues nos movemos por unos ideales intrínsecos, debe primar siempre la perentoria necesidad social, educativa o  sanitaria en cada momento, porque necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible, y la clase política debe utilizar los recursos económicos disponibles, en vez de malgastarlos en gastos inútiles y superfluos,  en cubrir esas necesidades al margen de sus preferencias personales. Nuestros políticos son camaleónicos y, como dice mi amigo Manolo, “comunistas hasta que se enriquecen, feministas hasta que tienen un niño, y ateos hasta que el avión empieza a caer.

Miguel F. Canser

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BATALLAS DE PODER

El afán por el poder ha sido una característica permanente del ser humano a lo largo de los tiempos; de hecho, la vida humana misma, desde tiempos inmemoriales, se hizo en torno al poder pues la persona siempre se mueve por su incesante búsqueda en cualquiera de sus modalidades: político, prestigio, fama, riqueza, conocimientos, fuerza física, etc.; que no son más que distintas expresiones del poder que anhela.  El poder es la capacidad de imponer la propia voluntad a otros; o la capacidad de disminuir o de eliminar las resistencias externas para el logro de los objetivos personales. Los medios para lograr imponer la propia voluntad son múltiples, y de naturaleza distinta, así como las razones para hacerlo y el contenido de la voluntad que se quiere imponer. Como no podía ser menos, también son muy distintos los resultados del ejercicio del poder en quien lo ejercita y sobre quien se ejerce. El rango va desde la corrupción e involución más indigna, hasta una atractiva humanización de quien ejerce el poder y una mejora en los resultados que obtiene.

Y en nuestra política es lo que acontece a diario. Tenemos dos ejemplos: PSOE y PODEMOS. La renuncia de 17 miembros de la Comisión Ejecutiva Federal  para provocar la caída de Pedro Sánchez, ha abierto un escenario sin precedentes del que ni siquiera sus protagonistas saben cómo salir. Los estatutos marcan la ruta para elegir un nuevo órgano de dirección, pero la redacción de los artículos clave es suficientemente ambigua como para generar diferentes interpretaciones y, por tanto, desencadenar nuevos conflictos. El bloqueo es casi absoluto. Está en disputa hasta el acceso a las instalaciones de Ferraz. La batalla por controlar el PSOE es latente. En dos años, Pedro Sánchez no ha producido una idea política digna de ser recordada, ni ha prestado un servicio especialmente valioso a su país; pero sí ha demostrado estar bien dotado para saber escaquearse como nadie de los fracasos electorales.  No existe un líder partidario capaz de mantener el puesto con la cuenta de resultados que presenta Sánchez. ¿Creen ustedes que en el PSOE importan ahora los intereses de los ciudadanos?; ¿o más bien se trata de una lucha interna con el único fin de recuperar los votos perdidos y la parcela de poder que han perdido?. Juzguen ustedes.

En cuanto a Podemos, es la historia de un grupo de profesores que fueron capaces de organizar y canalizar en las urnas la rabia de millones de españoles, pero que ahora no encuentran el camino para organizarse a sí mismos en un partido político dentro de las instituciones. Una cosa es el panfleto, la protesta permanente, y otra librar la batalla dentro del sistema y de las instituciones. Es la historia de un grupo que,  a fuerza de convertir la acción política en un juego de guerra con lenguaje de combate, ha acabado por combatirse a sí mismo. La historia de una formación que trasladó las emociones a la calle y que ha terminado por vivir dentro de una telenovela en la que el público llama a los protagonistas por su nombre de pila. Pablo e Íñigo. Es la historia de un partido que, a fuerza de llevar la transparencia hasta sus últimas posiciones, ha acabado por hacer terapia de grupo diaria a la vista de todo el mundo; la historia de unos jóvenes que sacan sobresaliente en teoría política, pero que suspenden en las prácticas. En definitiva, la historia de un experimento surgido de la crisis de la democracia representativa que, según advertencia de su líder, Pablo Iglesias, el pasado mes de julio, puede tener éxito “o darse una hostia de proporciones bíblicas”. Esto es Podemos. Hay pocos precedentes de que el número dos de un partido haga el papel de bueno y no el de malo, como ha sido habitual en la política española. Íñigo Errejón, secretario político y portavoz parlamentario, encabeza el sector crítico al secretario general. Una realidad insólita. Alfonso Guerra rompió con Felipe González después de varias décadas juntos. Iglesias y Errejón se han separado en menos de dos años; aunque no quieren firmar el divorcio definitivo para no dañar de forma irremediable a su criatura política. ¿Dónde queda el espíritu de aquel 15-M?

La lucha por el poder de nuestros políticos es un travestismo ideológico que les permite ser quien quieran ser según convenga, pero su verdadera condición se muestra en cuanto no sienten la presión de una convocatoria electoral.

Miguel F. Canser

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HIPOCRESÍA Y POLÍTICA

En estos días han ocurrido dos acontecimientos que han convulsionado la vida de nuestro país. El fallecimiento repentino de la senadora Rita Barberá, y del dirigente cubano Fidel Castro. En ambos casos existen similitudes de comportamiento aunque de direcciones opuestas. La hipocresía es una actitud negativa del individuo del cual sus acciones no se corresponden con aquello que dice pensar u opinar. Es comparable con la falsedad, pues la persona hipócrita actúa básicamente mediante la falsedad o el falseamiento de sus pensamientos. El hipócrita siempre finge sus verdaderos sentimientos, creencias u opiniones con un objetivo determinado, aunque  no sea  más que por esconder los verdaderos por temor a exclusión social o discriminación. Cuando una persona actúa hipócritamente de manera constante y prolongada puede ocurrir que termine creyendo sus propias mentiras. En este caso, pasa a ser una patología psicológica.

 Hay tres ángulos desde los cuales se puede reaccionar ante la muerte de la Sra. Barberá y la de Fidel Castro: el diplomático, el político y el de la evaluación histórica. El primero de ellos es propicio para las frases hechas y las condolencias formales que son propias de los discursos oficiales. Como verdaderos mensajes diplomáticos ellos deben evadir, con cuidado, cualquier apreciación de fondo. La mayoría de las reacciones diplomáticas que hemos leído en estos días, sin embargo, no pueden ocultar las preferencias políticas de quienes las han manifestado, y eso resulta comprensible: es difícil no adoptar posiciones políticas ante una figura que, como la de Fidel Castro, tanto intervino en el acontecer mundial durante más de medio siglo. Las reacciones políticas han sido, en general, previsibles.

El fallecimiento de Rita Barberá después de declarar en el Tribunal Supremo por un presunto delito de blanqueo, volvió a mostrar lo peor de la política española. La muerte no borra los hechos de la vida de cada cual. Fue dirigente y alcaldesa durante muchos años del PP en Valencia, un partido destrozado por una corrupción extendida a la gestión en todos los territorios de la comunidad y sobre ella pesaban graves acusaciones de responsabilidad en esos hechos. Es cierto que esas acusaciones, que aún estaban en proceso judicial, no impiden las muestras de respeto a una persona fallecida, como a cualquier otra; pero de nada sirve aprovechar la muerte de la senadora para intentar lavar su imagen, hacer juego sucio contra los adversarios políticos o contra los medios de comunicación insinuando su responsabilidad en el fallecimiento o cuestionar la necesidad de perseguir la corrupción. Eso sí es sacar ventaja política de una muerte. Sobre todo si esas loas y esas acusaciones provienen de los mismos compañeros de partido, que le obligaron a dejar el PP al ser imputada. Si esa decisión fue coherente entonces, no deja de serlo ahora porque Barberá haya fallecido. Demasiada hipocresía alrededor de una muerte por infarto como muchas otras.

En cuanto al fallecimiento de Fidel Castro, la izquierda lo ha alabado sin mesura, mientras que el centro y la derecha lo han criticado, aunque con gran moderación.  La revolución que encabezó Castro prometía libertad, prosperidad e igualdad, pero los hechos, tristemente, muestran que nada de eso se logró en la isla. Después de casi 60 años los cubanos viven pobremente, ganan salarios miserables y soportan todavía la cartilla de racionamiento, cruel forma de control que mantiene al borde del hambre a una gran mayoría de ese sufrido pueblo. No se permiten partidos políticos –salvo naturalmente el oficial, el Partido Comunista- ni la discrepancia en público, hay presos políticos y –hasta hace poco- era prohibido salir de Cuba sin permiso. El modelo económico cubano, por otra parte, nunca ha sido auto-sostenible: dependió por décadas de la ayuda que aportaban la extinta Unión Soviética y llama también la atención que muchas de nuestras figuras políticas presuman de democráticas y tolerantes mientras elogian a una persona que se mantuvo en el poder ininterrumpidamente por 47 años.  La izquierda latinoamericana y europea, al alabar al régimen cubano y a su creador, exhiben una hipócrita doble moral. Se pone el grito en el cielo si se disuelve por la fuerza una manifestación de izquierda en cualquiera de nuestros países, pero se tolera y se mira para otro lado cuando en Cuba se encarcela a disidentes que solo manifiestan sus opiniones o cuando se mataba sin piedad a quienes cometían el pecado de querer, simplemente, salir de la isla. Una dictadura, aunque se llame revolucionaria, sigue siendo una dictadura, y elogiarla envía un mensaje que nada tiene de democrático.

Posiblemente exageramos demasiado la hipocresía de las personas.  La mayoría piensa demasiado poco para permitirse el lujo de poder pensar doble.

Miguel F. Canser

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NUESTRAS PENSIONES

Llevamos unos días hablando sobre el futuro de nuestras pensiones. Son llamadas de alerta de que, si no se pone remedio, la hucha de las pensiones se acaba, y no habrá dinero para pagarlas. España tiene un grave reto demográfico que amenaza directamente al sistema público de pensiones, dado el efecto de la generación que está a punto de jubilarse y del rápido incremento de la esperanza de vida. Sin embargo, los expertos coinciden en que a la hora de hablar del futuro de las pensiones, no se puede valorar sólo el problema demográfico. Existen otros factores, como los niveles de revalorización, el empleo, o la productividad que contribuirán, en último término, a solucionar o agravar la situación.

         El problema del sector público de pensiones se debe principalmente al bajo crecimiento de la actividad laboral de calidad, a las bajas cotizaciones a la Seguridad Social, y al paro que padecemos. Un individuo es, o puede ser, propietario de su casa, pero no tiene derecho alguno de propiedad sobre su pensión porque la obtención de ésta se sustenta en un sistema de reparto. Esto es así porque las contribuciones realizadas por una persona en toda su vida laboral para devengar una prestación económica proporcional a ellas cuando se jubile, no se acumulan en ningún fondo. Se emplean en sufragar a quienes ya están jubilados; con la expectativa de que las generaciones venideras se comporten de igual modo con quienes hoy contribuyen a pagar las jubilaciones. Desde hace un par de años, los superávits de la Seguridad Social se han volatilizado y el Fondo de Reserva está exhausto; por lo que ya es posible avanzar una conclusión a priori: su insostenibilidad. El coste de las pensiones a sufragar es superior al de las cotizaciones sociales con las que en teoría deberían financiarse. El último informe de afiliación a la Seguridad Social no deja lugar a dudas: en España hay solamente dos trabajadores por cada pensionista, que es la relación que resulta de dividir los 16.826.434 afiliados ocupados entre los 8.428.726 pensionistas que el Ministerio de Empleo contabiliza en marzo.

         Ante la futura e imparable avalancha de pensionistas, las fórmulas planteadas para salvar el sistema de reparto, léase retrasar la edad de jubilación, aumentar el número de años cotizados para cobrar la pensión, poder seguir trabajando (y cotizando) al tiempo que se cobra la pensión, con incidencia grave en el ya excesivo paro juvenil o, como también se ha dicho, rebajar el importe de las pensiones, etc., son parches que no resuelven el problema. Además del creciente número y del mayor coste de la nómina de las pensiones, otro factor juega en contra del presupuesto: en España la pirámide de población asusta, y la caída de las cotizaciones agrava el problema, que se come la hucha a pasos agigantados. La situación empeora por el aumento de autónomos, que optan por cotizaciones lo más bajas posibles, y porque la entrada en el mercado laboral se realiza a edades cada vez más elevadas.

          Ante este panorama es preciso acometer una reforma estructural del modelo español de pensiones. Ello implica su transformación progresiva basada en la capitalización. El sistema parte de un principio: la conexión entre el ahorro acumulado por una persona y los beneficios que obtiene de él. En el caso de la cobertura del retiro, se traduce en que los individuos capitalicen a lo largo de su vida laboral, las contribuciones que obligatoriamente deben depositar en una cuenta personal expresamente creada con este fin. Su operatoria podría parecerse a un plan de pensiones privado, con la diferencia de su obligatoriedad y garantizada por el Estado. Cada trabajador contribuye con una parte de su salario a una cuenta a su nombre y de su propiedad, depositada en una “Cuenta de Ahorro individual”, que invirtiera en una cartera diversificada de activos que permita realizar una combinación razonable riesgo-rentabilidad. Los rendimientos proporcionados por esa cartera se acumulan durante el tiempo de cotización y el trabajador comience a recibirlos cuando se retire. De este modo, las pensiones quedarían blindadas de la discrecionalidad política y de la evolución demográfica; convirtiéndose en un poderoso instrumento de ahorro individual a largo plazo. Ese esquema se complementaría con una pensión mínima garantizada por el Estado para aquellas personas que, por razones ajenas a su voluntad, no hayan podido ahorrar a lo largo de su vida laboral el dinero suficiente para tener una cobertura del retiro digna.

         En el horizonte, el modelo de pensiones de reparto es un lastre para el crecimiento económico de España, un foco de conflictividad intergeneracional, y una espada de Damocles sobre los propios pensionistas. En este escenario, la creación de un esquema de cobertura de las pensiones de capitalización es la mejor salida. Pero aquí nadie hace nada. Sólo quejarnos. Vemos venir el problema pero como si nada. Sólo cuando nos demos de narices con él, quizá hagamos algo. Cómo decía alguien, “el arte de gobernar consiste en quitar la mayor cantidad posible de dinero a una parte de los ciudadanos para dárselo a otros”.

Miguel F. Canser

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INTRANSIGENCIA

La intransigencia es la actitud de la persona que no acepta los comportamientos, opiniones o ideas distintas de las propias, o no transige con ellas. Vivimos en un mundo intransigente y el mejor ejemplo se nos da cada vez que abrimos la prensa o conectamos la radio o el televisor. Todos los días asistimos al atrincheramiento intransigente de las propias ideas. Es recalcitrante ver a alguien que se muestra terco o se mantiene aferrado a una opinión o conducta, con ausencia de empatía o intentar, al menos, escuchar otra opinión que bien pudiera alumbrar una solución a un problema o conflicto. Los partidos políticos tradicionales se empeñan en mantener sus viejas prácticas demagógicas, temen al cambio y el cambio es ineludible; están apegados a las prácticas de clientelismo político y al nepotismo que establecen gobiernos que no cumplen sus promesas, cuentan con los votos de sus incondicionales, pese a que se vota tras un proceso de reflexión para abrir paso a nuevas opciones políticas, orientadas al cambio y al desarrollo. Nos lo están demostrando continuamente. Todos dicen que no quieren nuevas elecciones, pero actúan diferente. Nadie cede. Parece que lo menos importante es lo que el electorado les ha encomendado.

No hay descontento respecto a la democracia (al menos mayoritariamente), hay descontento respecto a la partidocracia. Hemos transformado lo que es una sociedad democrática -- que tiene que ser una sociedad permeable-- a partir de unas empresas de poder, que son unos partidos políticos escleróticos, envejecidos, corruptos en una gran parte, que albergan la convicción de que ellos son la democracia, cuando en realidad son instrumentos para ella, que han caído en una situación a la italiana a una velocidad que yo nunca imaginé. Por ello, pensar que la democracia es Rajoy, o Sánchez, Iglesias o Rivera, equivale a pensar que la democracia son los partidos políticos. No es verdad. Los partidos son un vehículo de democracia, excepto cuando dan lugar a esta pertidocracia que define la situación actual.

Intolerante e intransigente son prácticamente sinónimos. Pero mientras el intolerante es incapaz de aceptar que otros tengan ideas contrarias a las suyas y las combate abiertamente, el intransigente no cede ni a las más mínimas exigencias de los demás. El intolerante defiende fanáticamente sus ideas, el intransigente no cede ante las pretensiones de los demás, por insignificantes que sean. Esas actitudes de terquedad irracional y fanatismo político, deben se superadas. La desmesurada adhesión política puede degenerar en una fe ciega que conduce al empecinamiento irracional, impidiendo aceptar cualquier argumento razonable ajeno al propio. Hoy vemos cómo los partidos se manejan entre argumentos personalistas y simplistas que atentan contra la razón y el bien general a la hora de aproximar posturas. En estos tiempos que corren, nuestro nuestro país alimenta obstinadamente el consabido tópico "España es diferente". En efecto todavía no hemos sido capaces de transigir ante posturas ideológicas distintas para alcanzar consensos prioritarios en beneficio común de los `españolitos de a pie´mostrando una incapacidad negociadora que prioriza el interés de los partidos en detrimento de quienes teóricamente son el sujeto soberano: ¡¡el pueblo!!

Sin entrar en temas de corrupción, hoy privan los intereses de partido, los personalismos, el temor a perder el privilegio político, y el haber provocado que la política sea una forma de vida profesional para muchos. Pero no sólo debemos culpar a la clase política, los votantes también somos culpables de la situación creada; la ignorancia, el apego incondicional a un partido sin considerar lo que es y lo que fue, sin valorar a sus líderes actuales o votar a uno u otro en función del sufragio útil, hemos conseguido un fraccionamiento del Congreso plural y beneficioso, pero con líderes incapacitados para formar Gobierno. Estamos conduciendo al país a un callejón sin salida.

Trabajar a favor de los demás exige sacrificio, perseverancia, ayuda desinteresada y, ante todo, escuchar y respetar las iniciativas de los demás. Estamos en un mundo donde todos debemos ser iguales, todos necesitamos de ayuda para que, cada día, haya más desarrollo e intentar solucionar los problemas materiales de la gente. Aunque la realidad es que la corrupción generalizada en las esferas del poder, y la arrogancia de una clase política que ya es más odiada que cuestionada o rechazada, no favorece para conseguir la meta que todos aspiramos llegar.

Miguel F. Canser

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TONTÓCRATAS SOLEMNES

Cuando escribo este artículo, se acaba de firmar el acuerdo de investidura entre el P.P. y C´s., y aún no se ha reunido el parlamento para saber si el Sr. Rajoy alcanzará los apoyos necesarios para formar gobierno. Los demás partidos no están por la labor y ya han anunciado hasta la saciedad, su no a Rajoy. Cabe la duda o sospecha que, al final, sino el PSOE al completo, sí parte de sus diputados votarán absteniéndose para que el gobierno actual deje de estar en funciones. Mucho he criticado la repetición de las llamadas a las urnas porque a nuestros políticos no les gusta ceder en nada. Quieren ir de sobraos. No desean compartir con otras formaciones el diálogo y la negociación. Y los ciudadanos les hemos dicho que se acabaron las mayorías absolutas, la aplicación del rodillo, la política única. Pero no quieren enterarse porque, si no lo remedian, acabaremos nuevamente acudiendo a votar el día de Navidad. Un día en el que, la mayoría de la gente, se traslada para pasarla junto a sus familias, con gran afluencia de desplazamientos, sin contar a las personas que, ese día, deben acudir a las mesas electorales después de una feliz Nochebuena. ¿Serán capaces de robarnos la Navidad?

          Mientras tanto, y beneficiados por la inseguridad en países africanos, se han batido en España todos los récords históricos en el sector turístico, la primera industria de nuestro país, tanto por la llegada masiva de extranjeros como por la fuerte recuperación de la demanda nacional. Al mismo tiempo, el gasto en consumo también experimenta un saludable crecimiento, como refleja el INE. Son sólo dos indicadores de la mejoría que tiene una incidencia directa en eso que se da en llamar la economía real. Pero, en contraste, los españoles están seriamente preocupados por el deterioro de la situación política en la que queda claro el hastío ciudadano por la incapacidad que está demostrando nuestra clase dirigente para garantizar la gobernabilidad y permitir la formación de un nuevo Ejecutivo (del signo que sea) que encare los retos urgentes. Incluso hay quien se pregunta si, verdaderamente, es necesario un gobierno. En Bélgica estuvieron sin gobierno más de año y medio, y su economía repuntó favorablemente. Pero sí, la transitoriedad nunca es buena. Aunque, en este país, hay que distinguir entre la España real y la España de los políticos.

          Parece que los tontos-políticos dominan el mundo y así nos va. Siempre he creído (ahora ya no) que el poder debería estar en manos de los mejores y más preparados. Los que tienen el poder ahora demuestran cada día que son incapaces de solucionar los problemas del mundo, pero en lugar de reconocer sus enormes limitaciones y su fracaso, se niegan a rendir cuentas de sus errores y de los daños que causan desde el poder. No sólo no reconocen sus fracasos, sino que ni siquiera piden perdón. La respuesta de los tontos-políticos es la arrogancia y el mundo, de la mano de fracasados e ineptos, camina hacia donde camina. 

          Tipos como González, Aznar, Zapatero y Rajoy, mandamases de los españoles en las últimas décadas, son hoy tontócratas solemnes. Los tres primeros han perdido, cada uno por diversos motivos, el respeto y la fama, mientras que Rajoy exhibe un presente lamentable y triste: ni tiene amigos, ni consigue el aprecio de la ciudadanía, ni sabe dialogar, ni es capaz de formar un gobierno (si no es por la iniciativa del Sr. Rivera), a pesar de que le faltan apenas una decena de diputados. La política española demuestra cómo miles de profesionales se quedan estancados y empiezan a declinar justo cuando alcanzan el nivel de su incompetencia.  Nadie duda que Rajoy sea un buen registrador de la propiedad, pero como político es un desastre que reúne carencias y vicios que le inhabilitan para el liderazgo: indolencia, pasividad, incapacidad de transmitir, torpeza para despertar entusiasmo, imposibilidad de agitar, nulidad para trazar metas ilusionantes y objetivos comunes. Sí, ya sé, alguno me dirá que le han votado casi 8 millones de personas. Pues no, aquí se vota un proyecto político, un parlamento. Y es ése parlamento quien designa al Presidente del Gobierno. Que yo sepa, todavía no tenemos listas abiertas para designar a las personas con nuestro voto salvo en el Senado.

La estupidez domina un mundo donde lo que da fama y dinero, como todo el mundo sabe, no es la cordura ni la cultura ni la inteligencia, sino el impacto visual y presentar modelos de vida que permiten ganancias, aunque estén desprovistos de ética y grandeza. 

Miguel F. Canser

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¿QUÉ NOS HAN DEJADO LAS ELECCIONES?

Ya sabemos (ya lo sabíamos antes) que estos nuevos comicios no han servido para esclarecer la formación de un gobierno estable. Nuevamente, los ciudadanos han dicho a las formaciones políticas que nadie tiene el poder absoluto, que dialoguen, que negocien y, sobre todo, que pacten. No queremos nuevas elecciones (tampoco las queríamos antes) porque no queremos que ningún partido tenga la mayoría suficiente para que pueda aplicar el ya famoso “rodillo”. Se impone el consenso, el intercambio de ideas, ceder aquí o allí, que cada uno arrime el hombro y aporte su idea de programa que termine en el ensamblaje de un proyecto de gobierno destinado a mejorar la vida de la gente. ¿Qué harán ahora? No creo se les ocurra ir de nuevo a las urnas.

          Pero, ¿cómo se han conseguido los escaños? En anterior ocasión ya analizamos nuestra famosa ley D´Dont que considera la circunscripción en la provincia en vez de comunidad autónoma como está desarrollado el Estado y cuyos más beneficiados son los partidos grandes y los “regionales”.  En concreto, al PP le ha costado obtener un diputado 57.698 votos, muy por debajo de los 97.601 que se ha visto obligado a lograr C`s para obtener un mismo congresista. Expresado en otros términos, esto significa que el Partido Popular, pese a haber logrado el 33,03% de los votos, ha obtenido el 39,14% de los diputados, lo que supone una tasa de ventaja de 1,18 veces. La desproporción tiene que ver, sobre todo, con el hecho de que su aplicación se combina con tamaños de distritos pequeños. Las circunscripciones mayores son las que registran resultados más proporcionales; las menores, los menos proporcionales. Fíjense en la diferencia entre la circunscripción provincial o autonómica:

                                                              ESCAÑOS                 ESCAÑOS

PARTIDO                    VOTOS                PROVINCIAL            AUTONOMÍA

P.P.                            7.902.147                    137                             124

PSOE                         5.423.171                     85                               83

UNIDOS PODEMOS   5.010.357                     71                               75

C´S                            3.122.192                     32                               44

          Está claro. Con la actual ley, un voto no vale lo mismo en un sitio que en otro. Esta desigualdad es preciso eliminarla. Es necesaria una reforma de la ley electoral.

          Otro dato que nos han dejado estos comicios, es que las encuestas no han funcionado. Nadie esperaba la subida de votos del PP, y que no hubiera “sorpasso” de Unidos Podemos al PSOE. Sí se esperaba, por el contrario, la pérdida de votos de C´S. Dicen que ha funcionado la política del “voto útil”; aunque lo más incomprensible es que el PP ha obtenido más votos y más escaños, allí donde la corrupción ha sido más evidente: Madrid, Valencia, Castilla León, Galicia, etc., y en ciudades como Zaragoza y Sevilla. Por otro lado, los de Unidos Podemos dicen  que ha funcionado la política del miedo. Es posible, pero quizá el miedo lo daban ellos por su ambigüedad, por sus bandazos de posicionamiento, por sus promesas de difícil cumplimiento y por sus apoyos a ciertas políticas cuya historia reciente nos ha dicho que no funcionaban. Otros denuncian que la unión con IU no ha sentado bien a todos sus electores. En fin, ellos sabrán,  con el tiempo se verá.

          De cualquier modo es difícil entender, al menos para mí, los resultados de estas elecciones. Que el PP haya obtenido casi 700.000 votos más, que Unidos Podemos haya perdido 1,1 millones de votos y que C´S haya perdido casi 400.000, indica que existe una parte ingente de votantes que cambian su voto dependiendo de no sé qué motivos en tan poco tiempo: ¿Hastío?, sin olvidar que la participación ha sido 4 puntos por debajo de las anteriores elecciones. 

          Al margen de esto, ahora toca ponerse a trabajar pensando en la gente, dejando de lado los intereses de partido, dialogando, negociando porque ya no existen mayorías absolutas. Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia. Recordando a Churchill: “El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que el predijo”.

Miguel F. Canser

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ME LO PIDE EL CUERPO

En unos días, volveremos a las urnas porque nuestros políticos han sido incapaces de llegar a acuerdos y pactar; nos obligan de nuevo a que nos pronunciemos porque no les ha gustado lo que hemos votado en diciembre pasado. Y que pasaría si, como es presumible, el resultado del 26-J fuera similar al anterior, ¿volverán a decirnos que tampoco les gusta y que volvamos a votar? Estoy seguro que no, que ahora sí tendrán que entenderse. Entonces, ¿por qué antes no? Algunos han llamado esta nueva votación la “segunda vuelta”. Y no es cierto. En este país no existe eso. Es, simplemente, una llamada a las urnas de nuevo en toda regla, con el gasto económico que eso conlleva (130 millones de €), a los que hay que añadir, de nuevo, las subvenciones que se repartirán los distintos partidos por el sufragio de los votos recibidos.

           Una cifra poco desdeñable de dinero público destinada al correcto funcionamiento de las instituciones, pero quizás excesiva cuando se da por partida doble. Todo apunta a que la cifra sería bastante similar: Logística (12,5 millones), Administraciones Públicas (55,1 millones), Correos (48 millones) y telecomunicaciones (12,8 millones), más un millón y medio de euros destinados a imprevistos. Estos 130.244.505,08 euros invertidos en la jornada electoral son equiparables al presupuesto autonómico destinado, por ejemplo, a Castellón o a Jaén para este año 2016, todavía prorrogados ante la incertidumbre política. Tampoco aquí fueron capaces de llegar a un acuerdo para intentar gastar menos. ¡¡Qué generosos son con el dinero de los demás, cuando no es suyo!!. Mientras, las consultas y pruebas médicas se dilatan en un tiempo escandaloso, y se restringen algunos tratamientos necesarios por falta de presupuesto; sin contar los recortes en ayudas a la dependencia. Es, sencillamente, incomprensible. Y si alguien piensa que esto es demagogia, lo siento pero tengo que escribirlo porque me lo pide el cuerpo. Sería fácil para mí, comentar los gastos superfluos en infraestructuras que se han realizado en todo el Estado que no sirven para nada: Aeropuertos, carreteras de peaje en quiebra, instalaciones ya terminadas que aún  no se han inaugurado…, etc. Dirán que también es demagogia, pero me lo sigue pidiendo el cuerpo.

          Siempre he denunciado desde estas páginas la insensibilidad política hacia lo corriente, de lo que se mastica en la calle, de lo alejados que están nuestros políticos del sentimiento común y el deseo de las personas.  Todos hablan de regeneración política, pero ninguno hace nada por conseguirlo. Son incapaces de dialogar, ceder y pactar. Lo más importante son sus siglas y su partido; lo demás es secundario. Sólo saben perder el tiempo y gastar, gastar y gastar en cosas no perentorias.

          La vida cotidiana de miles de personas que se cruzan en un día cualquiera ante cada uno de nosotros, es una extensa trama de realidades sociales y profundamente humanas. Cada persona va ajustando su realidad a los hechos que le toca vivir, sus circunstancias, su trayectoria de vida y los recursos con los que va construyendo las posibilidades de enfrentar los retos que la vida misma  se encarga de poner como parte de la existencia individual y colectiva. Cuando la norma y la acción social del Estado se desdibujan ante la ciudadanía, el desencanto aparece. ¿En qué creer cuando los responsables de hacer cumplir la ley y de ofrecer los servicios que el gobierno está obligado a brindar a sus ciudadanas y ciudadanos, son omisos y caen en prácticas de impunidad y corrupción? Eso sí que le llamo yo demagogia política. Todo indica que se requiere sensibilidad e inteligencia política, ambos aspectos ausentes en nuestros políticos electos.

En fin, la realidad rebasa por mucho la imaginación que pudiéramos tener de lo que es capaz la clase política. Los actos de corrupción que se reflejan en nuestra sociedad son un insulto a los pobres de este país y dice mucho de la ética, la moral y la sensibilidad de nuestros líderes. No han podido ver los signos de perturbación social y la urgencia de los cambios que reclamamos. La mayoría de los legisladores han perdido su razón de ser y su perspectiva nacional para convertirse en meros predicadores de la discordia y la desunión. Por favor, atiendan al mandato recibido en las urnas, trabajen para mejorar la vida de la gente, dejen de mirarse su propio ombligo, y gasten racionalmente, diferenciando entre un gasto necesario de uno imprescindible y no pierdan más el tiempo.

Miguel F. Canser

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1º. DE MAYO

Como cada año, llega la fecha de la celebración del día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo. Siempre se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras. Desde su establecimiento en la mayoría de países, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a todas las personas que lucharon por una sociedad social y laboral más justa. En España los sindicatos organizan grandes manifestaciones que recorren las calles de las principales ciudades del país en las que se reclaman mejoras laborales. Sin embargo, el tono reivindicativo se ha ido perdiendo los últimos años entre el descrédito de las grandes centrales. 

          El drama para estas organizaciones es que a los 1º de mayo ya no acuden ni siquiera la totalidad de sus liberados. ¿Por qué han sufrido ese desprestigio? ¿Por qué la mayoría de los trabajadores ya no confía en las grandes centrales sindicales? Durante la Dictadura de Franco, UGT y CNT libraron una dura batalla política en la clandestinidad: la caída de aquél y la defensa de los derechos de los trabajadores se situaban en el mismo plano. En los años 60, otro sindicato, nacido en Asturias, y ligado al PCE, Comisiones Obreras, se sumó a la lucha. La recuperación de la democracia fue, en gran medida, fruto de ese combate en el que algunos se dejaron la vida y muchos sufrieron la cárcel y la represión. El gran acierto de Nicolás Redondo y Marcelino Camacho (ambos forjados en los años duros del franquismo) fue hacer de UGT y CCOO unos sindicatos capaces no sólo de convocar huelgas, sino de negociar acuerdos con la patronal y con el Gobierno. UGT y CCOO dieron enorme cohesión al movimiento obrero y se convirtieron en un interlocutor efectivo con la CEOE y con gobiernos de distintos colores.

          Pero, en paralelo a su consolidación, los sindicatos se convirtieron en organizaciones poderosas, con unos aparatos burocráticos pesados y costosos de mantener. Los grandes sindicatos reciben dinero de los presupuestos del Estado, de las Comunidades Autónomas e incluso de algunos ayuntamientos. El mecanismo de los liberados les ahorra costes laborales y crea una casta de militantes que no trabaja, pero que cobra como si lo hiciera. La intervención de las centrales en los expedientes de regulación de empleo les ha proporcionado una jugosa fuente de financiación. Si a ello añadimos el dinero que reciben por los cursos de formación, donde el fraude es generalizado, tenemos una clave fundamental para entender el anquilosamiento de estas organizaciones. Al igual que los partidos, UGT y CCOO han estado representados en entidades públicas. Los dos han tenido representantes en los máximos órganos de gestión de las antiguas cajas de ahorro. Algunos de los males que denuncian en sus manifestaciones han sido generados por ejecutivos que han gozado de su respaldo. Muchos dirigentes sindicales han cobrado sueldos de escándalo y no denunciaron, cuando todavía se estaba a tiempo de evitarlo, la deriva especulativa que terminó con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Asímismo, cuando han tenido problemas con sus ingresos (las cuotas de sus afiliados apenas cubren una mínima parte de sus gastos), no han dudado en aplicar una reforma laboral que públicamente detestan, para echar a sus empleados.

          En cuanto a los mensajes que lanzan a la opinión pública, no hay más que demagogia. Proponer más inversión pública, pedir aumentos salariales en sectores en recesión, reclamar subidas de pensiones cuando el sistema de la seguridad social hace aguas por todas partes, demuestra lo alejados que están de la realidad. No sólo eso, lo perezosos que se han vuelto a la hora de innovar su lenguaje y sus propuestas. No es extraño que la mayoría de los ciudadanos les perciba como organizaciones cuyo fin último es la pervivencia de la propia organización. No es de extrañar, por tanto, que el 1º de mayo los trabajadores que pueden hacerlo se marchen a la playa o al campo y no se sientan atraídos por marchas desangeladas y discursos caducos.

          Y, sin embargo, los sindicatos son necesarios. En una sociedad cada vez más desapegada respecto de las instituciones, las centrales han sufrido un proceso similar al de los partidos. Pero cuando el sistema de producción está basado en las empresas, la existencia de organizaciones que representen a los trabajadores es crucial para que exista diálogo social. En el mundo globalizado en el que vivimos, donde la competitividad es crucial para mantener el nivel de vida y la riqueza, la calidad y la innovación, hacer que permita salarios dignos y garantice la “gratuidad” de la sanidad, la educación y pensiones sostenibles,  los sindicatos deben tener un papel más activo en las empresas. No sólo como contrapeso frente al capital, sino como garante de la rentabilidad, única forma de mantener y aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Por ello, en lugar de ser una rémora para el incremento de la productividad, deberían ser un elemento dinamizador de la misma. Trabajadores mejor formados, responsables en sus funciones, son una condición necesaria para que las empresas puedan crecer y exportar; para que los sindicatos no terminen desapareciendo, COO y UGT deben hacer un gigantesco esfuerzo de renovación, autocrítica y transparencia.

Miguel F. Canser/ www.cansermiguel.blogspot.com

CANSANCIO

Han pasado más de 100 días desde que se celebraron las elecciones generales, y aún no hay signos de poder vislumbrar la composición de un gobierno que pueda estabilizar la vida diaria de todos los españoles; es decir,  la atención de los asuntos más urgentes que ya no se pueden dilatar más en el tiempo: la reforma laboral, el paro, la sanidad, la educación, los temas pendientes  con la Unión Europea, sin olvidar una reforma profunda de nuestro sistema electoral. No pueden esperar. Su transitoriedad y la incertidumbre que supone a los agentes sociales y empresariales, está perjudicando notablemente la convivencia diaria; postergando asuntos que ya muchos claman y demandan a nuestros políticos se dediquen, de una vez por todas, al mandato que los ciudadanos han plasmado en las urnas: diálogo y consenso para establecer un gobierno multicolor, sin mayorías,  para que, cada formación política aporte una pizca (no un todo) de su programa electoral. En definitiva, se trata de negociar, no de imponer ni exigir.

Parece que nuestros políticos esto no lo han comprendido, quizá porque no están acostumbrados al resultado de las últimas elecciones. Siempre se han movido en mayorías absolutas o rozando éstas, y el consenso se limitó con un partido minoritario, a nivel nacional y de tinte nacionalista. Pero ahora ha cambiado todo, y tienen que adaptarse.  No están entrenados en la negociación, y mucho menos, en ceder de su parte para llegar al acuerdo. Los ciudadanos han hablado y han dicho lo que quieren. No pueden obligarnos a volver a votar. No pueden decirnos que no les ha gustado lo que hemos decidido, que no están de acuerdo, y que volvamos a hablar. Dedíquense a lo que se le ha encomendado, trabajen en ello.

La sociedad está cansada y descorazonada, y contempla con hastío creciente a unos representantes incapaces de mirar más allá de sus propias siglas; parecen condenados a vivir, jornada tras jornada, el día de la marmota, arrastrando consigo el fruto de los muchos esfuerzos que durante los últimos largos años han hecho los ciudadanos. O despiertan, decididos a cambiar el rumbo, o todos, ellos mismos también, acabarán por pagarlo. El diálogo y el consenso son dos firmes pilares sobre los que se levanta y sostiene el edificio de la democracia.. El diálogo, en democracia, es su seña de identidad. Cuando las partes no están dispuestas o predispuestas a dialogar, mediante el intercambio de sus opiniones y argumentos, se produce lo que gráficamente se conoce como “diálogo de sordos”.
Hablan, pero no se escuchan. Están parapetados en sus trincheras ideológicas y de partido y de ahí no se mueven.
Para que exista diálogo, tiene que haber ánimo dialogante. Se olvidan de una cosa esencial en toda democracia: respetar el pluralismo político.

Hasta ahora hemos asistido a una lucha por los sillones y por abarcar zonas de poder, vetando al político contrario a su ideología, cuando no a luchas intestinas para decidir quién manda en el partido y que estrategia seguir. La política se ha convertido en el paraíso de los charlatanes. Se aprenden de memoria el discurso políticamente correcto de cara a los medios de comunicación, pero actúan muy diferente. Su preocupación máxima corresponde a la obtención de votos y no escatiman esfuerzos para “vender su producto”, el que ellos quieren que nosotros “compremos”, obviando si ese producto es bueno para nosotros o no. El enemigo más temible de la democracia es la demagogia. Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública.

Si la actividad política no se dirige hacia la búsqueda de la justicia y el bien común, termina por convertirse en un corrupto juego de intereses. Como decía Guy Mollet, “la coalición política es el arte de llevar el zapato derecho en el pie izquierdo sin que salgan callos”.

Miguel F. Canser

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AFORAMIENTOS

Un aforado es aquel que tiene el derecho de ser juzgado por un tribunal distinto al del resto de ciudadanos si se le imputa por un delito, gracias a su cargo público o profesión. Nuestra Constitución reconoce el aforo del Rey, la Familia Real (la Reina Letizia, los reyes Juan Carlos y Sofía y la Princesa de Asturias), y a los miembros del Gobierno así como a los diputados y senadores; mientras que la Ley Orgánica del Poder Judicial, recoge este derecho para los miembros del ámbito judicial como el presidente del Tribunal Supremo y los distintos Estatutos de Autonomía son  para los cargos de las comunidades autónomas. El Rey tiene el mayor grado de protección, no está sujeto a ningún tipo de responsabilidad. El artículo 56 de la Constitución lo protege de cualquier investigación, incluso en su vida civil y privada (nunca he entendido este privilegio). Así pues, en España tenemos, nada más ni nada menos,  17.621 aforados, sin contar los cuerpos y fuerzas de seguridad, que tienen un aforamiento parcial. Con ellos, el número se eleva a 280.159.

Son varias las voces que han cargado en las últimas semanas contra el excesivo número de personas que cuentan con privilegios judiciales en nuestro país. Una cifra récord en Europa. En países como Alemania, Reino Unido o EE.UU. los políticos y cargos públicos son juzgados por los mismos tribunales que al resto de ciudadanos de a pie; estamos en una situación muy alejada del panorama de Portugal e Italia donde sólo tiene esta protección judicial el presidente de la República; o de Francia, donde gozan de ésta el presidente, el primer ministro y su Gobierno. Pero especialmente representativo es el caso alemán, con cero personas aforadas.  El aforamiento es, en esencia, un fuero que tienen los miembros de las cámaras que implica que las causas que se puedan seguir contra ellos sólo las pueda conocer o el Tribunal Supremo (TS), en el caso de los estatales, o el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de su comunidad autónoma, para los autonómicos. Gozan también de este fuero los miembros de los órganos judiciales superiores.

Pero, ¿por qué el aforamiento?  En su origen, el objetivo era que un cargo público de este nivel (no existe por ejemplo para los alcaldes) pudiera ser sometido a una decisión colegiada (como es el caso de tribunales superiores), en principio más experta que una individual, y que contara con las garantías de que ese alto tribunal es menos vulnerable a presiones políticas que pudieran distorsionar su decisión, que un juez de primera instancia e instrucción. En cualquier caso, el aforamiento sólo debería establecerse exclusivamente en aquellos asuntos implicados en el uso de su desarrollo político. Si un congresista o  senador, tuviera que ser juzgado por un delito que no tiene nada que ver con su trabajo, el aforamiento no debería de existir para no quebrar el principio de igualdad ante la ley; además, no está garantizada la independencia de los tribunales superiores a los de primera instancia; es más, estos tribunales no están tan politizados como el Tribunal Supremo, cuyos miembros los nombra  el Consejo del Poder Judicial, y a éste, los políticos.

Creo que esta práctica debería suprimirse sin lugar a dudas. En la actualidad, carece de sentido sencillamente porque las circunstancias en las que se justifica la existencia del aforamiento, han desaparecido completamente: los jueces son independientes y sólo están vinculados a la ley en el ejercicio de sus funciones. Si se predica de todos los jueces y se aplican en todas las instancias, sin excepción alguna, no tiene por qué haber mayor grado de independencia en el TS que en una Audiencia provincial. Si la ley es igual para todo ciudadano, los aforamientos sobran. Si tenemos más de 10.000 aforados, es que la ley, en principio, no es igual para todos los españoles.

Miguel F. Canser

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