Ya hemos votado, a
ver cuánto nos dura lo que han manifestado los ciudadanos, no vaya a ocurrir
que tengamos que volver a pronunciarnos porque no se ponen de acuerdo. Sería
muy contraproducente repetir lo ocurrido en las anteriores elecciones; aunque,
dentro de poco (mayo) volveremos a acudir para designar a nuestros
representantes en ayuntamientos y CCAA. Ser
diputado del Congreso de España requiere no perder la perspectiva para qué ha
sido elegido. En los últimos cuatro años, hemos acudido tres veces a votar. Los
españoles han elegido a Pedro Sánchez para liderar un nuevo gobierno de pactos;
aunque ya suenan voces de que están dispuestos a gobernar en solitario. ¿Qué se
espera de ellos?
Una batería de reformas urgentes en
materia económica esperan. La sostenibilidad de las pensiones y el cumplimiento
del déficit tras casi un año perdido puede que sea lo más urgente. Pero hay
más, mucho más: contener la desaceleración de la economía y el empleo. La
reforma de la Seguridad Social es un asunto urgente para garantizar la
sostenibilidad del sistema de pensiones. Cada vez hay más déficit en el sistema
porque las pensiones son cada vez mayores y el número de pensionista aumenta
más que el número de ocupados que cotizan. Es un tema complicado de resolver
porque el Pacto de Toledo quedó muy dañado y la fuerza electoral que representa
este colectivo, complica una reforma con miras a largo plazo. Pero hay que
abordarlo. Sobre el déficit, decir que cada español debe hoy más de 25.000
euros de dinero público y se considera vital sanearlo antes de que el Bco.
Central Europeo cambie su política de tipos de interés y vuelva a encarecerse
la financiación de esa ingente cantidad de deuda. Es necesario mejorar la
eficiencia del gasto. No son tareas menores.
La evolución del empleo y los salarios
va con retraso frente al crecimiento. Hay una señal clara de que estamos ante
un final de ciclo que no ha estado presente en los programas electorales de
ningún partido. El crecimiento de empleo es superior al del PIB que manifiesta
una tendencia con impacto directo en la productividad que ha bajado en 2018.
Hay que preguntarse qué tipo de economía preferimos, porque el modelo
productivo basado en el turismo y el ladrillo, ya sabemos dónde conduce.
Abordar los problemas que, realmente, interesan a los ciudadanos es vital para
el nuevo Ejecutivo. Definir el carácter público de la Sanidad y la Educación debe ser una
máxima. Hemos comprobado cómo responsables de servicios públicos dicen
tranquilamente, que los padres prefieren la enseñanza privada a la pública, y
que por eso hay que dar más dinero a los colegios concertados en detrimento de la escuela pública.
Recuperar la condición pública tanto de la enseñanza como de la sanidad, debe
ser una prioridad inaplazable, sentar las bases de una ley de educación, válida
para todas las CCAA sin excepción, que amortigüe el fracaso escolar que
padecemos hoy y que nos sitúa a la cola de Europa. En la misma línea se mueven
la mayoría de los procesos de privatización, externalización o como quieran
llamarlo de los servicios públicos. Se sacan a concurso con presupuestos
inferiores a los que se vienen dedicando y en el baremo de selección se da el
peso decisivo a la oferta más barata, despreciando la competencia en la gestión
y la experiencia de los concursantes. Naturalmente, gana la contrata una
empresa que probablemente jamás ha trabajado en el sector.
El deterioro paulatino de la sanidad
pública cuando la gestión cae en manos privadas empieza a ser evidente. No
importa el servicio sino la cuenta de resultados. Las prestaciones caras y los
enfermos costosos son despreciados y se trabaja para absorber las prestaciones
de bajo coste y alto margen de beneficio. Claro, la comparación entre los
gestores públicos (obligados lógicamente a atender a todos los ciudadanos) y
los privados (que solo se quedan con los rentables) muestra que éstos son más
eficientes. Se conceden en muchos departamentos públicos subvenciones para
realizar determinados proyectos: a ONGs, a fundaciones, a equipos de
investigación. Naturalmente, se exige presentar un montón de documentos
explicando qué se quiere hacer, objetivos, medios…Al final del proceso, como es
debido, se rinden cuentas de la utilización de los fondos públicos. Uno
esperaría que se dedicara a esa tarea un grupo de funcionarios que comprobaran
cómo se habían conseguido los objetivos públicos para los que se había otorgado
la subvención. Pues no: últimamente se ha externalizado esa tarea y son
empresas privadas de auditoría (¡contable, claro!) las que cobran de la
Administración Pública correspondiente para realizarla.
El
control es prácticamente nulo en lo referente a los objetivos conseguidos, a la
calidad del servicio. Ni análisis de estructuras económicas, relaciones de
producción y de poder, ni nada. Caso omiso, ignorancia supina de cualquier
reflexión sobre la influencia y dependencia de nuestra economía del resto del
mundo, de la globalización y demás nimiedades; sin olvidar la ausencia a
cualquier alusión a la responsabilidad de los gobiernos territoriales,
especialmente a la sangría de Cataluña y Euskadi, el coste de cuyos privilegios
y política de apaciguamiento supera en miles de millones a todos los recortes
habidos y por haber. Un mensaje para los recién nombrados: Lo prometido debe
ser cumplido, porque las promesas no cumplidas, disminuyen la confianza.
Miguel
F. Canser
