Parece que la huelga de transportistas ha terminado. El fin de la protesta ha sido motivado por el acuerdo firmado en Fomento por la mayoría del sector, la firmeza policial, la falta de unión entre ellos, y la desesperación de una opinión pública que veía cercenados sus derechos más elementales. Una cosa es protestar y otra poner patas arriba un país, obstaculizando el suministro de mercancías imprescindibles para la vida de los ciudadanos, coaccionando a quien desea trabajar, e impidiendo que otras personas, ajenas al colectivo, puedan desplazarse y desarrollar su actividad profesional. Todo el mundo tiene derecho a la huelga y reivindicar una mejora de sus derechos laborales, pero bajo la denominación de “piquetes informativos” se esconden actuaciones que imponen el paro a quien desea trabajar, coaccionando la libertad individual de la persona y ocasionando destrozos materiales: ruedas pinchadas, incendios de camiones etc.
Los convocantes se encontraban en una posición difícil pues los métodos utilizados se volvieron en su contra. Su apuesta ha sido fuerte y el resultado, por abusivo, ha acabado con la paciencia de los ciudadanos cambiando su predisposición a comprender sus razones. El fin nunca ha justificado los medios empleados. Se ha dicho que esta huelga no era tal, sino más bien un cierre patronal. Creo que la definición es lo de menos; lo importante es que existe un sector del transporte que tiene dificultades muy serias para subsistir, que denunciaron hace ya meses y, ante la falta de respuesta, tomaron la decisión de parar. Es curioso que cuando los problemas se radicalizan es cuando se toman las decisiones. El Gobierno era conocedor del problema del transporte, y no hizo lo posible para evitar la huelga. Sólo cuando ésta se produce es cuando se toman y se aprueban medidas.
Los transportistas dicen que las medidas aprobadas y aceptadas no resuelven los problemas del sector, e insisten en que lo fundamental, no radica sólo en paliar la subida de los combustibles, sino en fijar unas tarifas mínimas garantizadas; petición ésta totalmente descartable por el Gobierno porque lo impide la U.E., y lesionaría una leal competencia. Los transportistas aducen a la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, que en su artículo 19, recoge que los precios deben contemplar los costes mínimos de explotación. Esta ley, claramente opuesta a las leyes de la U.E., sigue en vigor, no ha sido abolida.
Los convocantes se encontraban en una posición difícil pues los métodos utilizados se volvieron en su contra. Su apuesta ha sido fuerte y el resultado, por abusivo, ha acabado con la paciencia de los ciudadanos cambiando su predisposición a comprender sus razones. El fin nunca ha justificado los medios empleados. Se ha dicho que esta huelga no era tal, sino más bien un cierre patronal. Creo que la definición es lo de menos; lo importante es que existe un sector del transporte que tiene dificultades muy serias para subsistir, que denunciaron hace ya meses y, ante la falta de respuesta, tomaron la decisión de parar. Es curioso que cuando los problemas se radicalizan es cuando se toman las decisiones. El Gobierno era conocedor del problema del transporte, y no hizo lo posible para evitar la huelga. Sólo cuando ésta se produce es cuando se toman y se aprueban medidas.
Los transportistas dicen que las medidas aprobadas y aceptadas no resuelven los problemas del sector, e insisten en que lo fundamental, no radica sólo en paliar la subida de los combustibles, sino en fijar unas tarifas mínimas garantizadas; petición ésta totalmente descartable por el Gobierno porque lo impide la U.E., y lesionaría una leal competencia. Los transportistas aducen a la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, que en su artículo 19, recoge que los precios deben contemplar los costes mínimos de explotación. Esta ley, claramente opuesta a las leyes de la U.E., sigue en vigor, no ha sido abolida.
Durante los dos días que ha durado la huelga, hemos asistido a una espectacular subida de la inflación. La escasez, producto de falta de suministro y acopio de los ciudadanos, ha disparado la subida de precios en productos de adquisición diaria. Cuando esto se normalice, dudo mucho que los precios vuelvan a su estado anterior. En este país las subidas se repercuten inmediatamente pero no se normalizan en la misma medida. También, en sólo dos días, hay empresas que han aprovechando la coyuntura para presentar expedientes de regulación de empleo temporales. Esto acarrea que muchos despidos se conviertan en definitivos. No puedo creerme que dos días de paro pueda producir cuantiosas pérdidas en las empresas que motiven esta actuación.
Para solucionar el problema del transporte, es necesaria, como ocurrió en la minería y la siderurgia, una reconversión del sector. Existe un exceso de la oferta y mucha competencia en comparación con la demanda que impide repercutir el coste a los clientes.
Por último, me ha llamado mucho la atención la ausencia de los Sindicatos de siempre: UGT y CC.OO. Argumentan que no era una huelga de trabajadores. No han salido a la palestra para nada. Estoy seguro que si el Gobierno actual hubiera sido de otro color, su actitud hubiera sido otra. El oportunismo político se hace patente una vez más. Ya lo dijo Jardiel Poncela: “El que no se atreve a ser inteligente, se hace político”.
Miguel F. Canser
www.cansermiguel.blogspot.com
