PROMESAS ELECTORALES

Una promesa electoral es una promesa hecha al público por un político que está tratando de ganar unas elecciones. Las promesas electorales son parte de un programa electoral y suelen contener ideales no definidos y generalizaciones como también promesas específicas.  Son un elemento esencial para lograr que la gente vote por un candidato  u otro. Por ejemplo, una promesa como reducir los impuestos o  introducir nuevos programas sociales puede definir la intención del votante. El próximo día 20 de diciembre se celebran las elecciones generales de este País y los aspirantes nos van a bombardear con las bondades de sus programas; incluso, más de uno, realizará promesas que saben no van a ser capaces de cumplir, ni siquiera intención de realizarlas; sobre todo aquellos candidatos que saben a ciencia cierta que no van a salir elegidos.  No les importará prometer y prometer proyectos irrealizables porque no se van a ver comprometidos en su realización. La experiencia, después de casi 40 años de democracia, es que los elegidos no llevarán a cabo, mayoritariamente, todo lo que prometieron; máxime cuando dependemos de los jefes de la Unión Europea que están como una espada de Damocles para que no te desvíes de “su proyecto”. Esta es la excusa que tienen nuestros políticos.

            Pero, ¿el ciudadano de a pie se impregna de los distintos programas electorales para decidir su voto? Sinceramente creo que no. Se vota por afinidad, por ideología (lo hayan hecho bien  o no), por costumbre, por cambiar, por continuidad, por temor, por castigo... o por la combinación de varias razones a la vez. Cada uno tiene las suyas. “Yo nunca votaré a la derecha o a la izquierda”, porque “es paisano mío”, etc. Aunque existe un gran número de votantes indecisos que votarán a un partido o a otro, dependiendo de lo que hayan hecho la legislatura anterior; y este voto sí que resulta decisivo para ganar unas elecciones.  Estamos acostumbrados a no creerles cuando hacen promesas. Nos hemos acostumbrado a ser escépticos cuando leemos, oímos o vemos a los políticos explicando sus propuestas electorales y en nuestra mente ya tenemos instaurado el mantra de la vaciedad de la palabra del político. Sin embargo, convocatoria electoral tras convocatoria votamos porque es nuestra obligación hacerlo. Y por lo que reflejan las encuestas para los próximos comicios de este año lo haremos incluso por encima de elecciones pasadas. Eso significa que no decimos toda la verdad cuando manifestamos ese escepticismo y desapego político o que nuestros criterios a la hora de valorar nuestro voto han ido evolucionando y son distintos a los de hace años. Es decir, ese abanico abierto de la razón del voto se adapta a la circunstancia electoral de cada momento. Cada coyuntura electoral, por supuesto, es diferente. Y la de las elecciones generales de finales de año, también.

 Pero para la inmensa mayoría hay una variable prácticamente común, y no es otra que la exigencia de sinceridad al político o a la formación a la cual dirigimos el voto. Es decir, le creamos o no, le hayamos votado por esa o por cualquier razón, al político se le exige sinceridad primero y coherencia después. En este sentido, a pesar de la frecuencia con que los políticos ceden ante la comodidad de propuestas fáciles de enunciar y vender pero imposibles de cumplir, deben saber que más tarde o más temprano el ciudadano les pasará factura. Eso, si antes no los castiga por tratarlos como idiotas. Lo digo porque muchos candidatos, en la actual precampaña, ya han empezado a caer en la tentación. Y si aún falta menos de un mes para la convocatoria próxima, no les digo lo que serán los últimos días. Que lo tengan en cuenta.

Quizá sería aconsejable obligar de alguna manera, por ley, a cumplir el programa electoral por el que ha sido elegido. Para mí, y así está sustentado en el espíritu de la ley, un programa electoral es como un contrato (no mercantil) entre representante y representado; y cuando un partido político no sólo no lo cumple,  sino que hace todo lo contrario a lo que prometió y por lo que se le votó, resulta una alarma social que, de alguna manera, ese partido o candidato, debe ser castigado por engañar al electorado. Debería estar deslegitimado para seguir gobernando. Escandaloso ha sido el caso del programa con el que el Sr. Rajoy y el P.P. ganaron las elecciones generales del 2011. Subió los impuestos cuando prometió bajarlos, recortes sanitarios y sociales cuando prometió lo contrario, rescate millonario a las antiguas Cajas de Ahorro a costa del bolsillo del contribuyente (aquí dijeron que no: también mintieron); todavía hoy, según las encuestas,  sigue siendo la primera intención de voto de los ciudadanos……. Respeto  quien lo haga, aunque me cueste entenderlo.

Los programas de los partidos se parecen mucho a los presentados la legislatura anterior, parecen un calco de ella y ésta de la anterior. Se repiten constantemente porque no se han cumplido en su inmensa mayoría. En fin, la cuestión tiene una doble cara: la responsabilidad política de cumplir los compromisos, expresados en promesas y programas, y la responsabilidad de elegir con responsabilidad y sensatez que corresponde a los electores (razón que convierte en políticos a todos los ciudadanos de la democracia aunque no tengan cargo alguno, guste o no). El derecho a elegir es la columna vertebral de la democracia, y conlleva la obligación de elegir lo mejor posible.

Miguel F. Canser

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PUERTAS GIRATORIAS

Se conoce como puerta giratoria al movimiento de altos cargos entre el sector público, el sector privado y viceversa. El término "puerta giratoria" toma un sentido especialmente peyorativo en la medida que se aplica a funcionarios que pasan de una administración que ejerce el control sobre una industria en particular a una empresa de dicha industria. En determinados países, esta práctica está sujeta a regulación o es considerada un delito. En España existe una ley de incompatibilidades vigente del año 2006 que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Según esta ley, los altos cargos que abandonen su puesto tienen un periodo de dos años (no siempre se ha cumplido),  en los que existen una serie de limitaciones a la asunción de responsabilidades en empresas privadas, así como la obligación de presentar ante la "oficina de conflicto de intereses" un informe acerca de las actividades a realizar; además, deben abstenerse de realizar cualquier actividad que guarde relación con las responsabilidades ejercidas en el cargo público anteriormente ejercido.

             El fenómeno de las puertas giratorias surgió en España desde los primeros días de la democracia,  pero se ha extendido y acentuado en los últimos años hasta alcanzar niveles alarmantes para el sistema. Consiste en la recolocación de los altos cargos de la Administración pública en empresas privadas en las que perciben sueldos astronómicos a cambio de sus conocimientos de los asuntos públicos y sus relaciones políticas. En definitiva, no es más que un “premio” por los “servicios prestados” cuando estaban ejerciendo su cargo público; bien porque no se desarrolló durante su mandato normativa lesiva para esas empresas,  o no se promulgaron leyes que las perjudicaran; o bien se le hubiese adjudicado en algún momento un contrato o una determinada concesión por un organismo del Estado. En definitiva, es otro modo más de corrupción política.

             Hoy día, la mayoría de las empresas que conforman el llamado Ibex 35 tienen en sus nóminas a alguno de los personajes que han ocupado un puesto relevante en el aparato del Estado. A ninguno de ellos, los he visto ni escuchado que dijeran algo en contra de las medidas restrictivas de derechos que hemos sufrido los que en este país pertenecemos a la llamada clase trabajadora. Ni el más mínimo guiño de complicidad con aquellos que más han sufrido y siguen sufriendo los recortes establecidos en las distintas reformas llevadas a cabo por los dos partidos que han gobernado este País: PSOE y PP; más bien diría todo lo contrario, es decir, justificaban una y otra vez que esas medidas tan antisociales e injustas eran necesarias para salir de la crisis, cuando la misma la han producido los mismos políticos que dirigieron los últimos gobiernos de España, y en consecuencia, eran los que sustentaban a las direcciones de las multinacionales que hoy ocupan esos puestos en las empresas privadas, con unos sueldos que con toda seguridad no les impiden sufrir las consecuencias de la crisis. Absolutamente inmoral, en el mejor de los casos, este privilegio de la casta dirigente se ha convertido, tristemente, en una habitualidad dentro de nuestra vida pública.

            La lista de los políticos que, una vez han dejado de ejercer,  han pasado a empresas privadas, es tan dilatada como sospechosa pues se trata de empresas que, en su mayoría, han sido beneficiarias de adjudicaciones y gestión del sector público cuando esos mismos políticos gestionaban bajo su responsabilidad ese sector. Enagás, Abengoa, Endesa, Iberdrola y Red Eléctrica concentran el 71%. Un total de 36 consejeros se reparten en 16 empresas del colectivo. El sector que más abunda es el de la Energía. ¿Alguna vez se han preguntado, por qué ha subido la luz más del 70% en los últimos 5 años? La última personalidad en subirse al carro recientemente, ha sido Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra hasta este año que ha “fichado” por Telefónica como Consejera. Esta mujer es doctora en Farmacia y no creo sea ninguna eminencia en telecomunicaciones como para asesorar en este campo. Felipe González Márquez, que fue presidente del Gobierno hasta 1.996, cuya profesión es abogado laboralista, figura como consejero de Gas Natural; habiendo confesado él mismo que su labor allí era muy aburrida. Eso nos da una idea del nulo trabajo que desarrolla esta gente en esas empresas.

            Personajes como Carlos Solchaga, Pedro Solbes, Javier Solana, Elena Salgado, Jordi Sevilla, Josep Borrell (PSOE), y Josep Piqué, Ana Palacios, Ángel Acebes, Isabel Tocino, Marcelino Oreja, Eduardo Zaplana (P.P.),  son algunos de los que se han beneficiado en algún momento de las puertas giratorias pero hay muchos más. Parece que la política, (que sólo dura a lo máximo 8 años), es un trampolín para otro destino sin responsabilidades y con buen sueldo. Mientras tanto, obreros al paro, agricultores que cobran por debajo de los costes de producción, ganaderos asfixiados por las distribuidoras, consumidores sin capacidad de compra, el paro escandaloso, los bancos con ganancias millonarias, salarios ridículos, explotación laboral, incumplimientos de la normativa laboral por doquier,....PERO ESO NO LO ARREGLA NADIE. Favorecer a los señoritos de la política española es la prioridad. Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad.

Miguel F. Canser

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REFORMAS Y SENTIDO COMÚN

Se dice de la política que es el arte de gobernar, y su objetivo es usar el poder para beneficiar a todos los integrantes de la sociedad; es una vocación de servicio a los demás.  A través de la historia, nos hemos dado cuenta cómo la política está muy lejos de conseguir este fin, aunque su verdadero objetivo es buscar el bien común, lamentablemente y con frecuencia, el Estado deja de servir al pueblo para ponerse al servicio de unos pocos, pasando por encima de todas las promesas hechas y  su único interés es mantenerse en el poder. La desesperación y desilusión del ciudadano es tal que ha dejado de confiar en los políticos; su falta de credibilidad es ya nuestro pan de cada día.

               Se acaban de celebrar las elecciones autonómicas en Cataluña que no han sido unas elecciones más. No sólo estaba en juego un número de escaños para el Parlamento catalán,  sino que se han tratado como unas plebiscitarias con el objetivo de considerar su independencia del Estado español. El resultado ya todos lo conocemos: amplia mayoría de escaños para los independentistas pero mayor número de votos para los constitucionalistas. Esta es la incongruencia de nuestra ley electoral donde no tiene la misma validez  un voto dependiendo del lugar donde se emita; por lo que el resultado se nos antoja contradictorio y nada entendible: Es el sistema proporcional de la llamada Ley D´Hondt donde se excluyen las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos obtenidos. Este sistema fue el elegido en su momento para garantizar gobiernos fuertes en la aún joven democracia española, pero ahora no es el adecuado pues beneficia a los partidos grandes y a los núcleos de población más pequeños. No es lo mismo superar el 3%, por ejemplo,  en Madrid que en Segovia. De ahí, la incongruencia.

               Estas elecciones han dado otro dato importante de interés: el 47,8% ha votado a formaciones que auspiciaban el independentismo, mientras que el 51,7% ha votado lo contrario. Parece que, con este dato, no es suficiente para proclamar unilateralmente la soberanía catalana al margen de la española.  Pero, ¿qué es lo que ha sucedido para que, año tras año, se haya incrementado el deseo popular de estar fuera de España? Sólo la ausencia de dos cosas: Reformas legislativas y sentido común. En política, a veces, no es necesario efectuar complicados análisis. Basta con ejercer eso, el sentido común que es antagónico con los deseos de poder y avaricia económica.  Porque si se hubieran dedicado a solucionar los problemas que nos separan, y ampliar lo que nos unen, no estaríamos en esta situación. Unos con su cerrazón y falta de diálogo,  y los otros con su insolidaridad  y deseos de poder.

               Todo vuelve a repetirse. El mundo, desde que es mundo, está lleno de insolidaridad, de la sin razón, de la falta de entendimiento por no ceder por ambas partes, de la ambición desmedida, en definitiva, de la falta de vocación para el servicio a los demás, olvidando que el fin primordial de la política es lo que decíamos al principio: Buscar el bien común.  El dinero  y el poder son buenos aliados para el egoísmo personal y el beneficio propio.  

               Ya escribí sobre este tema ahora hace un año, en un artículo (“Derecho a decidir”) los inconvenientes que sufriríamos tanto españoles como catalanes en el supuesto de una ruptura de esta índole, pues todos perderíamos. Por eso, se hace necesario un diálogo profundo y permanente; quizá después de las elecciones generales, pues no veo ni al Sr. Rajoy ni al Sr. Más, con la capacidad suficiente para solventar, ante todo, su recíproca antipatía política. España está inmersa en una crisis general y global que abarca todos sus poros (económico y moral). La cuestión catalana, como la vasca, son elementos cruciales de una encrucijada histórica en la gestión pública. Los tiempos cambian y los valores que en la Transición eran encomiables, quizá ahora no sirven. Es necesaria la negociación y el diálogo donde unos y otros tengan que ceder en sus pretensiones para buscar el bien para todos.

               Necesitamos polític@s valientes que se decidan verdaderamente a solucionar los problemas de este País y por eso merece que nos detengamos a mirarlos de cerca: para ver o confirmar la manera lamentable en que nacen y se forman las políticas públicas de este país. O simplemente para preocuparnos, y preocuparnos mucho, por la gente a quienes hemos dado el poder de moldear con leyes nuestras libertades civiles y nuestros derechos individuales. O para constatar quiénes son esas personas: gente, en general, sin información ni conocimientos, mediocridades en altos cargos, que consideran que su ignorancia no es obstáculo para legislar sobre el tema que sea. Gente, en otras palabras, que hace política desde la poltrona. Es increíble, cómo existen personas que exigen de los demás actitudes y comportamientos deseables, cuando ellos nunca han dado ejemplo para motivar o generar actitudes de esta índole. Pregonan a viva voz, el ejercicio de ciertos valores como son la solidaridad, el respeto, el compromiso y la colaboración, cuando ellos son ajenos e inmunes a estos afectos.

               Lo dicho: reformas, preparación y sentido común.

Miguel F. Canser

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ASÍ NO HAY JUSTICIA

En el ánimo del ciudadano de a pie está instalada la creencia de que la justicia, no es igual para todos, ni es tan diligente con depende qué asuntos. Ya de por sí, nuestra justicia es lenta y parsimoniosa, quizá porque interesa a algunos. Se cambian jueces por conveniencia y algunas de las sentencias dictadas, cuando se recurren, se dictamina una resolución totalmente contraria. Existe disparidad de criterios a la hora de impartir eso….: Justicia. Resulta incomprensible que la vecina de Fuerteventura, Josefa Hernández, de 62 años haya ingresado en prisión (ya excarcelada) para cumplir una pena de seis meses por no derribar su casa, que cuidaba a tres nietos menores a su cargo, y que toda una familia vivía a su costa con su exigua pensión, y por contra, a estas alturas del partido, todavía siga pendiente de sentencia el juicio contra el Sr. Urdangarín,  el caso Bárcenas, o el caso Gúrtel entre otros.

            Ya sabíamos que la justicia en España es lenta y muy garantista; pero se enquista demasiado en los casos de corrupción. De hecho, desde el poder judicial se reconoce y se reclaman más recursos para acabar con esta laxitud. No se deparan ni se escatiman gastos en la adquisición de radares, en el mantenimiento y mejora de últimas tecnologías en Hacienda, pero sí en la necesaria modernización de la justicia. El resultado es que las sentencias se demoran tanto que, cuando se pronuncian, muchos delitos han prescrito. Las causas de corrupción se llevan años y años en los Tribunales; por ejemplo, del Caso Malaya se tienen las primeras noticias en 2005 y no es hasta noviembre del 2014, cuando algunas imputadas y condenadas entran en prisión. Son 5 años de instrucción, 3 de juicio y un año más para saber la sentencia. En el caso de los ERES de Andalucía, además de apartar a la juez Alaya, la Fiscalía ha solicitado que se separe en 200 piezas pues se considera inabarcable y se teme, que los delitos prescriban por la demora de la investigación. Y del caso Gürtel llevamos más de 7 años y cuando ha comenzado el juicio, se suspende hasta después de las elecciones municipales que se celebraron hace ya más de 2 meses y aún no se ha reanudado.

            La prensa nacional afirma que existen más de 1.900 causas abiertas por corrupción, más de 641 imputados, de los cuales 270 pertenecen exclusivamente a los ERES de Andalucía, y tan sólo una veintena de personas cumpliendo condena en la cárcel; un total de 170 condenados aunque casi ninguno está en prisión, bien porque pagaron multas o porque las penas eran insuficientes para entrar, o tenían más causas pendientes de juicio.  Hemos conocido el caso de las Tarjetas Black, con los consejeros de Bankia que se gastaron 15 millones de euros de manera irregular en plena crisis financiera que, de rebote, resucitó el caso Bárcenas. Toda la familia Pujol donde algunos están acusados de blanqueo de capitales y fraude fiscal....... Bueno pues ni el Sr. Blesa, ni el Sr. Rato, ni la familia Pujol, han sido merecedores de medidas preventivas; en el caso Blesa, se ha defenestrado al juez mientras que el ex presidente de Caja Madrid está de vacaciones. Eso sí, la ciudadana de Fuerteventura, condenada a seis meses, merecía ir a la cárcel ya, de inmediato.

            La Gürtel, apellido del supuesto cabecilla en alemán, Francisco Correa, se inicia en Noviembre de 2007 y no ha sido hasta  marzo de 2015 cuando se ha celebrado la primera sesión del juicio, que se ha decidido aplazar hasta junio de este año, justo cuando estaba prevista la constitución de las nuevas Cortes Valencianas. Así, entre otras cuestiones se evita que declaren dos ex-conselleras en medio de la campaña electoral, ya que estaban previstas para el 15 de mayo. De momento, han pasado ya casi 7 años y seguimos esperando. Lo peor es que existen otras cinco piezas separadas de este caso. Quizá, la más llamativa es la Contabilidad B o Papeles de Bárcenas. El caso de los ERES no se queda atrás. Su origen está en una investigación de corrupción de una empresa, Mercasevilla, donde se detectaron prejubilaciones fraudulentas en 2003. La instrucción comienza en  2011 y dura hasta la actualidad. Ya se han cubierto 300.000 folios y aún quedan varios años más de instrucción por la complejidad del caso. Y además, se teme que los delitos prescriban. El presidente del Tribunal Supremo ha dicho que las leyes que regulan los procesos penales en España están previstas para los “robagallinas”, pero no para los grandes defraudadores. Con esta frase, se estaba refiriendo, sin duda, a todos los casos anteriormente expuestos, y también a Núñez, ex presidente del Barça, o a Fabra, el del aeropuerto sin aviones, que ya han sido juzgados y condenados. Pero han pasado más de diez años desde que cometieron los hechos delictivos hasta que la condena ha sido firme.

            Una justicia lenta no es justicia. Frente a la gran delincuencia económica y de la corrupción no existen suficientes medios en los servicios de la Hacienda Pública para un implacable y total control preventivo de sus defraudaciones, ni para investigar el turbio origen de sus fortunas, y sus correspondientes delitos. Por esta razón a los juzgados no llega toda la información necesaria para la adecuada instrucción y enjuiciamiento de esa compleja delincuencia financiera. Y si llegara, los juzgados no disponen de suficientes medios para asumir ese ingente trabajo. De todo ello deriva la lentitud insoportable de la justicia. Es necesaria una reforma de las leyes que regulan el proceso penal, venciendo las insuficiencias de su organización más que centenaria. Es necesaria una voluntad política de tolerancia cero frente a la gran delincuencia económica y de corrupción, dotando a los servicios de investigación de medios suficientes, dependientes efectivamente de los jueces, libres de toda sospecha de dependencia o mediatización del Gobierno de turno.

Miguel F. Canser

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LEY MORDAZA

Ya está aquí, desde el pasado 1 de julio ha entrado en vigor la nueva ley de Seguridad Ciudadana. Una ley criticada por todos y aprobada exclusivamente en solitario  por el partido en el poder (P.P.). Es una nueva demostración de la mayoría absoluta adquirida hace cerca de cuatro años, y que, seguramente, le volverá a pasar factura en los próximos comicios; porque todos no pueden estar equivocados menos uno. La soledad del P.P. en este tema, demuestra la prepotencia de una forma de gobernar que hace oídos sordos a los demás, que no escucha, que se cree autosuficiente, que anula el consenso; en definitiva, “aquí mando yo, y se hace lo que yo diga”. Esto, en democracia, está caduco, rancio y trasnochado.

           La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, trae una batería de medidas que merman los derechos y libertades impuesta por el gobierno de Rajoy pese al rechazo del resto de partidos, de buena parte de la sociedad y de numerosas organizaciones sociales. Ni las movilizaciones, ni los recursos ante el Tribunal Constitucional, ni las críticas de organismos europeos han logrado frenarla. La oposición acusa al Ejecutivo de crear un "Estado policial" porque las fuerzas de seguridad y el mismo gobierno tendrán ahora capacidad para imponer sanciones administrativas que antes quedaban en manos de un juez.  El recorte, sobre todo de la libertad de expresión, probablemente la más genuina y sagrada en democracia, lo ha usado el Partido Popular asustado ante la fuerza crítica de la opinión pública española, que ha decidido silenciar las protestas con represión, aprobando una ley que le acerca, de manera incomprensible, a otras épocas ya olvidadas de represión y autoritarismo.

          En el pasado mes de enero ya escribí un artículo ( “Año nuevo, ley nueva”)  refiriéndome a esta ley donde describía las cuantías y sanciones que impone multas y castigos de alto calado (hasta 600.000 euros) a actuaciones que antes no se castigaban porque eran consideradas derechos cívicos fundamentales. A partir de ahora no se podrá fotografiar a los policías, ni las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación. Una limitación que ha denunciado Amnistía Internacional: “Captar imágenes de la policía, ya lo hicieran periodistas u otras personas con cámaras o teléfonos móviles, y ha ayudado en ocasiones, a difundir información sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía”. También considera una infracción cualquier "perturbación grave de la seguridad ciudadana" que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese momento. "Pero qué es y qué no es perturbar la seguridad ciudadana", se pregunta Greenpeace, que denuncia cómo esa decisión quedará al "arbitrio" de la policía. La nueva normativa viene a sancionar, prohibir y criminalizar prácticas tan normalizadas como parar un desahucio y dificultará la acción de las protestas, ya que permite a la policía sancionar a aquellos que “obstruyan a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”.  También sanciona las protestas en las alturas y la resistencia pacífica y las sentadas.

          El efecto más notable es la supresión de las faltas que pasan a ser mayoritariamente infracciones administrativas sin intervención judicial previa y que una parte mínima serán delitos leves. Desde el miércoles 1 de julio los jueces han dejado de tener potestad sobre tres millones de infracciones y los juzgados deberán revisar y, en muchos casos, archivar centenares de procedimientos sobre faltas. Ese día entraron en vigor el nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, entre errores legislativos, riesgo de colapso y denuncias de improvisación por parte de jueces y fiscales. La ley no tiene sentido alguno, porque da más instrumentos legales a las Fuerzas de Seguridad, por ejemplo, para cachear, para imponer sanciones a quien les grabe en manifestaciones y para imponer multas sin intervención judicial previa. Venimos de una dictadura (y en algunas facetas de la sociedad seguimos en ella) y se supone que la libertad debería ser mayor que entonces. Pero no lo es, queda a criterio del político de turno decidir si puedes protestar. ¿Alguien se cree que un político será favorable a manifestaciones contra él? Pues los que están a favor de esas leyes sí. Además tenemos que avisar y tener el visto bueno de la autoridad gubernamental para manifestarnos. Ni en los peores tiempos que recuerde existía tales condiciones; tenía que ser un juez el que decidiese. Es otro paso a ninguna parte… democrática.

          Luego se quejan que pierden votos.

Miguel F. Canser

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LOS ERRORES SE PAGAN

Ya se han terminado las elecciones. Ya pasaron, por fin, los mítines de las distintas formaciones políticas que nos han bombardeado con sus interminables proclamas; algunas de ellas irrealizables por su condición ideológica, donde ha imperado la estrategia del miedo a la izquierda, la descalificación de las plataformas ciudadanas y, sobre todo, el intento de desprestigiar al contrario político recordándole sus errores y desméritos en vez de resaltar los valores del programa que defiende.  Ya hemos votado y la ciudadanía ha dicho lo que quiere;  mostrando un pluralismo acorde con los tiempos actuales. En muchas circunscripciones, no gobernará la lista más votada sino que se necesitarán coaliciones y acuerdos para poder hacerlo.

Es lo que han dictado los votantes. Y han pasado factura a los dos grandes partidos; sobre todo al PP, que ha perdido más de 2,4 millones de votos y el PSOE tampoco está para tirar cohetes. Es el resultado de la corrupción sistemática, de los privilegios que la clase política disfruta al margen de la sociedad, de la ausencia de autocrítica y del corporativismo existente entre ellos; del despilfarro económico al tiempo de exigir a la ciudadanía una austeridad inusitada. Esta es la factura y sólo es el principio, pues es probable que sigan como hasta ahora, sin reaccionar, dejando de lado al pueblo en la participación democrática de las instituciones, en la ausencia de una verdadera regeneración democrática. En noviembre, cuando toque votar para las generales, el batacazo será mayor. La gente no es tonta.

La derecha gobernante ha recibido un castigo tan terrible que está provocando un terremoto en las filas del PP, donde el liderazgo del estático y anodino Rajoy está siendo cuestionado y donde muchos políticos, con los derrotados en vanguardia, exigen cambios y renovación. Hay políticos de renombre que han caído y perdido el puesto en las recientes elecciones, aunque no se atreven a decirlo claramente, porque su partido es vertical, autoritario y no perdona las críticas; achacan la derrota a la incapacidad de Mariano Rajoy como dirigente y a su ceguera para percibir que los españoles quieren cambios y avances hacia la Justicia, la limpieza y la verdadera democracia. 

Sin embargo, el hundimiento de los grandes partidos, en el que también participa el PSOE, se debe a otros factores, entre los que destacan su desprecio a la democracia y al ciudadano, que ha sido relegado y expulsado del sistema por unos partidos políticos que se han atiborrado de poder y que han pervertido la democracia hasta límites inaceptables.
Aunque los actuales políticos españoles no lo admitan, es correcto afirmar que las largas permanencias en el poder, tan habituales en la política española, pervierten la esencia de la democracia y predisponen el sistema para que la corrupción, como ha ocurrido, lo infecte todo. Una presidencia del gobierno de tres periodos, como la ejercida por Felipe González, o una presidencia de la Junta de Andalucía como la ejercida por Manuel Chaves durante dos largas décadas pervierten el sistema hasta el tuétano y convierte la política, inevitablemente,  en un ejercicio de poder corrupto. No sólo el PP y el PSOE, duramente derrotados en los recientes comicios, necesitan regenerarse. Es la política española la que necesita redefinirse y ser reseteada. Los criterios políticos aplicados son erróneos, las normas básicas de la democracia no tienen vigencia y la esencia del sistema se viola y  se pisotea.

Se nombran jueces a dedo, se ha eliminado el verdadero debate en los partidos y en los parlamentos, se ha expulsado al ciudadano de la política, se ha estrangulado la sociedad civil, se incumplen las promesas electorales, los partidos tienen más poder del que les corresponde; los políticos son arrogantes y casi impunes, la vida pública está pervertida y el Estado se ha engordado y encarecido sólo para otorgar puestos de trabajo a inútiles y enchufados con carnet del partido.

 El sistema español es tan perverso y está tan dañado que permite que verdaderos ineptos ocupen las más altas magistraturas del Estado y que los ciudadanos estén indefensos frente a un poder que ha aprendido a violar la decencia, saquear y humillar, como ha ocurrido con los grandes escándalos de la corrupción o con abusos tan sucios como el saqueo de las cajas de ahorro y la gran estafa de las participaciones preferentes, entre otros.
Todas esas aberraciones corruptas se pagan tarde o temprano y los ciudadanos, cansados de soportar a gobernantes engreídos que jamás piden perdón o dimiten, acaban vengándose de una clase política que ha demostrado hasta la saciedad su falta de altura, su abuso de poder y su concepción de una política que ha dejado de ser servicio al pueblo.

          Por el actual camino no va a conseguirse nada. Lo importante en España no es cambiar a quien gobierna sino cambiar el sistema, que está pervertido hasta la médula, fortalecer los controles democráticos al poder, instaurar de una vez la verdadera democracia y erradicar la actual dictadura camuflada de partidos y de políticos profesionales que está llevando a España, ética y políticamente, a la ruina.

Miguel F. Canser

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PARTIDOCRACIA = CORRUPCIÓN

Se llama partidocracia, o partitocracia, para definir la burocracia de los partidos políticos. Y es un término que se utiliza para designar el sistema de gobierno en el cual, aunque teóricamente se vive en democracia, los actores principales y únicos del panorama político son los grandes partidos. Éstos, a base de un sistema democrático de turno, se van pasando el gobierno de forma consecutiva, coartando las posibilidades de que los ciudadanos, expresen su voluntad real más allá de los partidos ya existentes. La partitocracia, como su propio nombre indica, es una dictadura de partido que, en ningún caso, representa a la mayoría de la sociedad, sino a una mayoría relativa respecto a otras formaciones. Con frecuencia tiene que pactar a posteriori sus propios objetivos con grupos políticos minoritarios, con metas diferentes, cuando no contrarias, con tal de permanecer en el poder. Y que, una vez ocupado,  no se limita a la función de cauce de participación de la sociedad en las tareas del Estado, si no que se constituye en superpoder que ocupa y controla. Se trata pues de una deformación sistemática de la democracia.

            La partitocracia, o la apropiación por parte de los partidos políticos de las principales instituciones del Estado, es la base sobre la que se asienta la deriva corrupta que ha caracterizado a nuestro sistema desde décadas, y que ha explotado en múltiples ocasiones. En particular, cuando la economía va mal. Nunca como ahora se había dado una percepción tan altamente extendida de desafección política, a consecuencia de la gestión de la crisis y del desánimo que provoca la reiteración de episodios de corrupción. Es por ello que PP y PSOE están experimentando significativas y quizás irreversibles pérdidas electorales. No hay duda que la ética pública pasa por el peor momento en democracia. Los escándalos de corrupción no sólo están adquiriendo una gran relevancia mediática, sino que están contribuyendo a erosionar la credibilidad del sistema político. La mayoría de episodios conocidos constituyen fenómenos insidiosos que suponen expolio del patrimonio público.

            Al margen de la clásica corrupción de tipo económico e institucional, está otro tipo de corrupción: La mentira. De eso también en España conocemos mucho. La mentira de los partidos políticos que se presentan a las elecciones con un programa y hacen exactamente lo contrario. Por poner un ejemplo, el PP se presentó con la propuesta de despolitizar el órgano de gobierno del CGPJ y en cuanto llegó lo politizó aún más; y ahí no hay excusas financieras que valgan, porque eso no dependía para nada de la situación económica o de la herencia recibida. Es mentira pura y dura. En España hay una tolerancia a la mentira y, mientras eso no cambie también, difícilmente atajaremos el fenómeno de la corrupción. Asistimos pues, a una insólita crisis de legitimidad de las instituciones políticas y representativas. Somos un país incivilizado políticamente donde el enriquecimiento personal adquiere una notoriedad por encima de los intereses de la colectividad que se atrinchera en un corporativismo de partido sin que tenga consecuencias de responsabilidad política.

            Son abrumadores los datos que sugieren que España se encamina hacia un fin de ciclo político. Pero nos equivocaríamos si pensásemos que la desazón que ha provocado la crisis tiene su origen exclusivamente en la falta de pericia de nuestros gobernantes o en las reformas estructurales y dolorosas medidas antisociales propias del recetario político. Porque, más allá de eso, están los déficits democráticos y el obscurantismo de nuestro modelo de gobernanza económica ejecutado, por un lado, por una troika de rostro desconocido, una élite de tecnócratas que ostenta una hegemonía tal que le permite hacer y deshacer a su antojo, forzando cambios de Gobierno en Grecia e Italia;  impidiendo referendos en Grecia o imponiendo reformas constitucionales en España. Y, por otro, por un Ejecutivo español que gobierna a golpe de decreto ley y anula a diario el poder legislativo. Ser mayoría absoluta es lo que tiene.

En España hay un problema y es que las instituciones no funcionan. Hace falta despolitizar la justicia, el CGPJ. Hace falta despolitizar los órganos supervisores y de control, el Banco de España, la CNMV, el Tribunal de Cuentas… Sin eso, no van a funcionar las instituciones por muchas reformas legislativas y por muchos medios que dotemos. La raíz del problema está en la colonización de los partidos políticos de todas las instituciones de control y, por tanto, la neutralización de sus funciones. Y luego, obviamente, hace falta acabar con los privilegios que suponen los aforamientos. Creo que sería un mensaje suficientemente contundente para la ciudadanía que los políticos se quitaran el escudo que les protege frente a la extracción de responsabilidades. Habría que reformar los indultos. Y luego, obviamente, hay una parte que es de dotación de medios. Habría que aprobar una dotación extraordinaria para la Fiscalía Anticorrupción, para el Tribunal de Cuentas, etc., y acabar con el limbo penal de la financiación irregular de partidos. Es escandalosa la decisión de la Fiscalía anticorrupción sobre este tema…… Se pueden delegar las tareas, pero nunca la responsabilidad.

Por tanto, no queda más remedio que reaccionar. Necesitamos pasar de la partidocracia a la democracia representativa, donde el electo responda a los votantes y sea leal a ellos.  ¿Cómo hacerlo? En la práctica es dificilísimo. Sólo basta cambiar la ley electoral. Pasar de un sistema de listas cerradas y bloqueadas a otro de circunscripciones unipersonales, con una segunda vuelta para elegir el diputado entre los dos que hayan sacado mayor votación en la primera. El problema práctico es que la ley electoral la tienen que cambiar los mismos que son beneficiarios de la actual ¿Serán capaces?, ¿serán generosos?, ¿la respuesta, de momento, es descorazonadora.

Miguel F. Canser

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"ANALFABETO ES QUIEN QUIERE"

Han pasado cuatro años desde que decidí escribir sobre la telebasura televisiva que cada día nos invade más. Cuando me refiero a la telebasura, no sólo me estoy fijando en programas del mal llamado contenido “rosa”, pues hay tertulias y debates sobre actualidad política, que dan el mismo espectáculo bochornoso que esos; aunque, efectivamente, la palma se la llevan contenidos que todos tenemos en mente: “Sálvame”, “GHVIP”, etc.  En ese artículo, decía que la “telebasura” se caracteriza por los personajes que exhibe, los asuntos que aborda, el poco o ningún respeto a la vida privada o a la intimidad de las personas; por el desprecio de la dignidad que toda persona merece, recurriendo a la utilización de un lenguaje chillón, grosero e impúdico; queriendo convertir en espectáculo la mala educación y utilizando la vida de determinados personajes que, generalmente, se prestan a ser vilipendiadas y manipuladas, a cambio de celebridad y prestación económica. Prima el mal gusto, el enfrentamiento personal, el insulto y la denigración de los participantes.

          Hace días leí una interpelación que hizo el presentador Jorge Javier Vázquez en los medios, respondiendo a una crítica a su programa de Arturo Pérez Reverte. Por cierto, el señor Vázquez debe vivir en Telecinco, porque no sale de ahí.  Reverte dijo que el analfabetismo de la sociedad española hoy en día es una mera elección, y para ejemplificar estas palabras dijo: "Quien es analfabeto hoy es porque quiere, quien ve 'Sálvame' en vez de 'Salvados' es porque quiere, nadie le obliga, ahora es voluntario". El presentador de “Sálvame” respondió, después de haber escuchado las palabras de Reverte: “¡¡Qué bien habla!!”. “Es tan antiguo, lo escucho y me parece estar escuchando a una persona en sepia y no a color"; calificando la teoría del catedrático como una "idiotez" ya que, según afirma: "esa historia se va a tomar por saco cuando una sola persona que vea 'Salvados' vea 'Sálvame';  defendiendo que se trata de un programa exclusivamente de entretenimiento y que, a veces, “roza lo mágico”.

          No soy amigo de erigirme en portavoz de lo que se debe ver y lo que no se debe ver, de lo que hay que leer y lo que no; de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y respeto profundamente a las personas que ven ese tipo de programas. Y en el caso que nos ocupa, basta un gesto tan sencillo como apretar un botón para ver otra cosa o apagar el televisor. Ahora bien, una cosa es eso, y otra atribuirse cualidades y virtudes que brillan por su ausencia. A veces estamos tan inmersos en nuestro día a día, tan elogiados por nuestro quehacer diario, tan elevados en el pedestal de la fama, que somos incapaces de reconocer nuestros defectos y limitaciones. Estoy convencido que, profesionalmente, el Sr. Vázquez hubiera preferido –-al menos eso creo-- conducir un programa como “Salvados” antes que “Sálvame”; porque, ante todo, le considero un profesional del medio. Por ello, sugiero al señor Vázquez que resetée un poco su ego, que respete a gente de demostrada cultura, que no todo lo que se hace en televisión mantiene un mismo nivel cualitativo, y que el programa que presenta se mueve en una fina línea entre la dignidad y la ética.

El programa de Telecinco está en el punto de mira de Competencia, pues ya tiene a sus espaldas varias sanciones por sus contenidos y, a mediados de diciembre, emitió una resolución en la que exigía a la cadena que adecuara los contenidos de 'Sálvame diario' a la calificación por edades de su horario. Mediaset contraatacó con la campaña 'Yo veo Sálvame' y el 17 de diciembre Jorge Javier Vázquez irrumpió en directo en el programa para asegurar que seguirán “luchando con todas las fuerzas para seguir aquí con vosotros”. “Quieren destruirnos y echarnos de la tele”, dijo.  Pretender defender un programa donde bastan cinco minutos para apreciar cómo todos se insultan y desprecian de manera obscena y vil, además de que resulta aburridísimo preocuparse por la vida de personajes que no aportan nada más allá de su supuesta fama, es suficiente para saber que eso no es ni entretenimiento ni es nada. Esa es mi opinión, sin intentar influenciar en nadie y respetando a quien le gusta.

Si en este país hubiera habido muchos intelectuales que hubieran cantado las cuarenta, como Pérez Reverte, otro gallo nos cantaría. Sólo tienes que hacer una lectura diagonal de los artículos de Reverte para darte cuenta del excelente análisis crítico que hace de España y de lo que hubiéramos ganado si hubiésemos reflexionado un porcentaje alto de personas en este país. Por supuesto, J. Javier, mantendrá su programa mientras tenga audiencia y sus jefes se lo permitan, pero de ahí a creerse guardián de los valores del mundo televisivo, va un mundo.

Es necesario promocionar programas donde imperen tres pilares básicos: información, formación y entretenimiento que conduzcan al respeto de valores constitucionales como el derecho a la veracidad, a la intimidad y a la dignidad de las personas.

Miguel F. Canser

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CADA UNO VA A LO SUYO

Hace ya unos días que se celebró el debate del Estado de la Nación donde el Presidente del Gobierno hizo inventario de los más de tres años que lleva gobernando. Al día siguiente, en todos los medios de información el debate se centra en quién había ganado. A mí, personalmente, lo de menos es saber quién era el ganador, pero sí estoy convencido quién había perdido: el ciudadano.  En este país sucede que, suponiendo que el partido que esté gobernando lo haga relativamente bien (que no es el caso), los demás partidos de la oposición nunca lo reconocerán, y siempre pondrán trabas y críticas a su gestión; de igual forma, si la oposición presentara una propuesta coherente y justa, el partido en el poder lo rechazará abusando de su mayoría parlamentaria por el simple hecho de que se le ha ocurrido a otros y no a ellos; sin importar que posteriormente, coincidiendo con la llegada de nuevas elecciones, presenten esas mismas propuestas denostadas antes,  como si se les hubiera ocurrido a ellos. Es el acoso y derribo del contrario. Lo de menos es si es importante para el país, sólo predominan las críticas, reproches y acusaciones de unos a otros; sin olvidar el tono áspero y faltón donde frases como “no tener vergüenza y patético”, han tenido más relevancia que el debate en sí.

          La autocomplacencia, el triunfalismo y sobre todo el corporativismo anidan en nuestros partidos políticos. Al Sr. Rajoy sólo le ha faltado erigirse en el adalid del progreso, de la recuperación del estado de bienestar, de la creación de empleo y de la bajada de impuestos. Es decepcionante a la vez que mentira. Es indudable que algo está cambiando, y se nota en el consumo y algo en la industria (venta de automóviles), pero también es de recibo decir que no se debe al trabajo del gobierno de Rajoy. Si la crisis es global, la recuperación también lo es. El Sr. Rajoy ha sido el instrumento, la mano que ha puesto en práctica las políticas de la Troika, y la recuperación ha venido cuando se han dejado de lado las políticas de austeridad -–tantas veces denunciadas desde estas páginas--,  que no conducían a favorecer el relanzamiento de la economía. Luego están las mentirijillas de turno: “En 2015 vamos a bajar los impuestos”. ¿Se olvidan que los subieron hace 3 años, y ahora los dejarán (ya veremos) como estaban antes? Algunos no lo olvidamos. Eso no es bajar los impuestos. Y, ¿qué me dicen del IVA?,  hay colectivos -–artistas, actores y otros--,  que se rasgan las vestiduras porque el cine, teatro, etc.,  están gravadas con el 21%; y, sin embargo, no denuncian que, ése mismo tipo, se aplica injustamente a productos tan básicos como son la luz, el gas, o el teléfono que nos afecta a todos…... Aquí,  cada uno va a lo suyo.  

          Los representantes políticos actúan obedeciendo las consignas de sus líderes, en vez de representar a los ciudadanos. Algunos sólo van al Congreso a poner el dedo en el sí o en el no anteponiendo los intereses del partido, sin atreverse a actuar en conciencia porque de lo contrario, no saldrían en la foto.  Políticos así no interesan. Incluso son una piña cuando alguno de los suyos, pillado jugando con el Iphone en pleno debate, (vicepresidenta del Congreso, pagado con el dinero de todos),  se la exculpa descaradamente con una defensa indefendible. Y el ciudadano alucina. La responsabilidad política brilla por su ausencia. Por eso, la gente cada día recela más y se fía menos de las promesas que hacen los políticos porque se fabrican un mundo exclusivo para ellos. Se fijan sus sueldos con independencia de la situación económica del país. Sus obligaciones son la mitad exigente que para cualquier trabajador y viven en su mundo, con sus estadísticas sobre el pulso social, muy alejados de la realidad de la calle. Además, es notoria la creencia generalizada de que nos mienten casi siempre, que dicen lo políticamente correcto, pero que su verdadera intención es otra.

          Alguien dijo alguna vez que “ni el fin justifica los medios, ni los medios justifican el fin”. Ahora el país está de nuevo necesitado de líderes con visión de estado y de futuro, que sean capaces de colocar el interés de España por encima de sus formaciones políticas. La estrategia del “todo vale” para permanecer en el poder, es completamente repudiable.

Miguel F. Canser

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ÉTICA, Y MORAL EN ECONOMÍA

¿Por qué se mueve el mundo?, ¿cuál es el verdadero motor que lo hace girar?, ¿será el amor? Parece que no. Los más contemporáneos dicen que lo que verdaderamente hace que este mundo evolucione es el dinero. Pocas cosas --aseguran-- tienen sentido si no está el dinero presente. Dicen que el dinero no da la felicidad, pero sin él pocos pueden ser felices. Con dinero se consiguen muchas cosas: mejorar en tu salud, adquirir bienes, que tu alimentación sea más apropiada, conseguir influencias, mejorar tu nivel de vida que haga más asequible el camino para conseguir tu felicidad, etc. Y cuando el dinero no existe, todo eso se difumina.

          Ya sabemos que el dinero es imprescindible para conseguir lo más básico para nuestra subsistencia; ahora bien, existen unas reglas, unas normas. En toda sociedad encontramos acciones permitidas y acciones que son prohibidas, y son las que definen la moral y la ética de cada pueblo. La moral, que significa costumbre, repetición de actos,  viene a ser la norma de comportamiento que, adquirida por cada persona, regula su conducta; aclarando que no toda sociedad tiene los mismos juicios de valor sobre tales conductas. Así pues, para poder vivir una libertad social, se deben observar las normas morales que, desde que existe la humanidad, hemos diseñado con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, y con los usos y costumbres que se han convertido en leyes; estableciendo una “ética”,  una ortodoxia universal que regula el camino y la vía para conseguir nuestros propósitos.  

La ética es prescriptiva, nos indica lo que debe y no debe hacerse, siendo la economía, en cambio, una ciencia de naturaleza descriptiva, pues indica los efectos probables de determinadas políticas y analiza, utilizando el método científico, la realidad. Entendemos por economía la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas; y si concretamos refiriéndonos a la cosa pública, se necesita tener muy claro el fin, la meta por la que cobra sentido la administración pública. Es curioso, pero el déficit ético que enfrentan los organismos públicos en general está muy relacionado con una cierta desconexión con los objetivos centrales de estas instituciones.

La administración pública existe para servir al interés general; es decir, para promover y proteger el ejercicio de los deberes y derechos de la ciudadanía, que es la cosa de todos, que se gestiona, en algunas ocasiones, como una "cosa nostra"; en otras palabras, como si se tratase de un organismo diseñado para servir al interés de unos pocos. Existe un patrimonio que es de todos, conseguido con el esfuerzo común, con el pago de los impuestos que todos hacemos y la gestión de este patrimonio debe hacerse bajo los principios básicos de toda ética. La diferencia entre el fin de una economía pública y una privada (cuya existencia es necesaria), es que mientras aquélla sólo debe conseguir el bienestar de todos, en la privada su fin primordial es conseguir un beneficio. Las organizaciones, como las personas, tienen una ética y un clima moral y, en el caso de la administración pública, los principios que deben servir de referencia para la toma de decisiones surgen del conjunto de valores mínimos de ciudadanía a partir de los cuales cobra sentido la democracia. Una administración pública inmoral genera desconfianza y hace que se dupliquen los gastos ya que se ofertan servicios privados para realizar acciones y labores que deberían ejecutarse desde la instancia pública.

La lapidación de los bienes de todos (privatizar lo público) podría enmarcarse en una conducta de falta de ética en la gestión de los recursos. Parece que para los representantes elegidos por el pueblo, la gestión del patrimonio de todos fuera un lastre que hay que quitarse de encima. No quieren responsabilidades, sólo dinero, con el consiguiente resultado: el precio de la luz, el gas, el agua, el teléfono, entre otros, se incrementa (hay que obtener beneficio) con el perjuicio del bolsillo de los contribuyentes.

La batalla más importante que se libra a diario en el mundo no es contra el terrorismo, ni contra el delito, sino la que libran los poderosos por controlar la mente de los ciudadanos e impedirles por todos los medios que piensen libremente, que puedan discernir entre el bien y el mal y consigan autogobernarse. El empeño de la ética es servir como brújula, como referencia en la construcción de una sociedad mejor, que apuesta por superarse a sí misma.

Miguel F. Canser

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AÑO NUEVO, LEY NUEVA

Recientemente el Gobierno del Sr. Rajoy ha aprobado la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que entrará en vigor en el recién estrenado año 2015 únicamente con los votos del PP, y que ha cosechado críticas no sólo de los partidos de la oposición, sino también de las distintas organizaciones y plataformas de defensa de los derechos humanos. Estas son algunas de las acciones tipificadas como delito en la 'ley mordaza', con multas que van desde los 100€ hasta los 600.000€ y que implica directamente en la convivencia de todos los ciudadanos:

Acciones consideradas leves penalizadas con multas de entre 100€ y 600€:

Negarse a identificarse. Ocupar un inmueble sin el consentimiento del propietario. Insultar a la policía durante una manifestación. Ocupar entidades bancarias. Ocupar la vía pública por la venta ambulante (top manta). Consumir bebidas alcohólicas en la calle. Escalar edificios.

Acciones consideradas graves penalizadas con multas de 601€ a 30.000€:

Grabar a la policía y hacer uso de las imágenes sin autorización. Manifestarse frente a la sede del Congreso, del Senado o de parlamentos autonómicos si se perturba la seguridad. Impedir un desahucio. Negativa de disolución de concentración o manifestación. Consumir drogas en lugares públicos. Solicitar servicios sexuales en la vía pública o en sitios donde haya menores.

Acciones consideradas como muy graves y penalizadas con multas de 30.001€ a 600.000€:

Reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos.

Celebrar espectáculos o actividades recreativas en contra de la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente.

            Ya existen muchos detractores de esta nueva ley que se considera no  necesaria, porque si bien hay acciones que son de sentido común, en otras viola la jurisprudencia europea y el convenio europeo de derechos humanos y recorta derechos fundamentales como el de manifestación y el de reunión, pues se da mayor valor probatorio a las denuncias de las Fuerzas de Seguridad. ¿Una ley que quita poder sancionador a los jueces para ponerlo en manos del gobierno? Muy mal vamos. Y lo de las sanciones por manifestarse ante el Congreso cuando está vacío tiene su gracia, porque parece que la representación de la soberanía resida en los ladrillos y  no en los diputados;  reflejo de lo que piensan sus creadores. Otro clásico de la tradición que nos dejó aquel santo que llevó con mano firme el timón de la madre patria: Todo lo que no está prohibido, será obligatorio.  Es una ley que le viene muy bien al poder, y que deja al ciudadano totalmente indefenso frente a los abusos que pudiera sufrir por parte de las fuerzas del orden. En este país, cada día somos un poco más súbditos, y un poco menos ciudadanos. Luego se quejarán  que se vote a partidos populistas, pero a nadie le apetece ser humillado, ni tratado como un borrego por parte del poder, y lo están haciendo constantemente.

            Entre las medidas que más críticas han despertado se encuentran la exclusión de las lesbianas y mujeres solas de la ley de Reproducción Asistida, y las duras sanciones que prevé la Ley de Seguridad Ciudadana por intentar impedir un desahucio. Pero hay otras medidas: La Policía podrá intervenir teléfonos particulares en caso de "urgencia" sin autorización judicial. Pagaremos más por el gas y la luz, aunque el Gobierno diga lo contrario (esto merece comentario aparte). Si sufres un accidente o eres secuestrado en un país extranjero pagarás los gastos originados por el rescate. Si visitas los Parques Nacionales ten cuidado con los cazadores pues la Ley de Parques Nacionales que, aunque seguirán siendo públicos, se entregan a los grandes propietarios con gusto por la caza. Pagaremos entre todos otro rescate, el de las autovías en quiebra. Y entra en vigor la LOMCE, que promueve la segregación por sexos y hace evaluable la religión.

Los más viejos del lugar recordamos la patada en la puerta de Corcuera. Aquello acabó en nada; confiemos en que esta ley vuelva acabar en la cloaca. La inclinación por hacerse con el poder ejecutivo de la calle es una debilidad de los malos ministros del interior, una glorificación del orden público para proteger a la “gente de bien”. Pero sobre todo,  una palmaria declaración de incompetencia por no escuchar los intereses y las demandas de los demás participando  y siendo servidores de las personas, y no indiferentes al clamor de la calle.

Nuestros gobernantes son el reflejo de la mediocridad, la ineptitud y la locura que han anidado en nuestra clase política y que han hecho posible que un país que antes fue grande, honrado y valeroso,  esté hoy hundido, sin valores y plagado de cobardes que permiten que un poder corrupto, injusto y arrogante, les gobierne y destroce el país.

Miguel F. Canser

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