Se conoce como puerta giratoria al movimiento de
altos cargos entre el sector público, el sector privado y viceversa. El término
"puerta giratoria" toma un sentido especialmente peyorativo en la
medida que se aplica a funcionarios que pasan de una administración que ejerce
el control sobre una industria en particular a una empresa de dicha industria.
En determinados países, esta práctica está sujeta a regulación o es considerada
un delito. En España existe una ley de incompatibilidades vigente del año
2006 que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de
los altos cargos de la Administración General del Estado. Según esta ley, los
altos cargos que abandonen su puesto tienen un periodo de dos años (no siempre
se ha cumplido), en los que existen una
serie de limitaciones a la asunción de responsabilidades en empresas privadas,
así como la obligación de presentar ante la "oficina de conflicto de
intereses" un informe acerca de las actividades a realizar; además, deben
abstenerse de realizar cualquier actividad que guarde relación con las
responsabilidades ejercidas en el cargo público anteriormente ejercido.
El fenómeno de las puertas giratorias surgió
en España desde los primeros días de la democracia, pero se ha extendido y acentuado en los
últimos años hasta alcanzar niveles alarmantes para el sistema. Consiste en la
recolocación de los altos cargos de la Administración pública en empresas
privadas en las que perciben sueldos astronómicos a cambio de sus conocimientos
de los asuntos públicos y sus relaciones políticas. En definitiva, no es más
que un “premio” por los “servicios prestados” cuando estaban ejerciendo su
cargo público; bien porque no se desarrolló durante su mandato normativa lesiva
para esas empresas, o no se promulgaron
leyes que las perjudicaran; o bien se le hubiese adjudicado en algún momento un
contrato o una determinada concesión por un organismo del Estado. En
definitiva, es otro modo más de corrupción política.
Hoy
día, la mayoría de las empresas que conforman el llamado Ibex 35 tienen en sus
nóminas a alguno de los personajes que han ocupado un puesto relevante en el
aparato del Estado. A ninguno de ellos, los he visto ni escuchado que dijeran
algo en contra de las medidas restrictivas de derechos que hemos sufrido los
que en este país pertenecemos a la llamada clase trabajadora. Ni el más mínimo
guiño de complicidad con aquellos que más han sufrido y siguen sufriendo los
recortes establecidos en las distintas reformas llevadas a cabo por los dos
partidos que han gobernado este País: PSOE y PP; más bien diría todo lo
contrario, es decir, justificaban una y otra vez que esas medidas tan
antisociales e injustas eran necesarias para salir de la crisis, cuando la
misma la han producido los mismos políticos que dirigieron los últimos
gobiernos de España, y en consecuencia, eran los que sustentaban a las
direcciones de las multinacionales que hoy ocupan esos puestos en las empresas
privadas, con unos sueldos que con toda seguridad no les impiden sufrir las
consecuencias de la crisis. Absolutamente inmoral, en el mejor de los casos, este
privilegio de la casta dirigente se ha convertido, tristemente, en una habitualidad
dentro de nuestra vida pública.
La
lista de los políticos que, una vez han dejado de ejercer, han pasado a empresas privadas, es tan
dilatada como sospechosa pues se trata de empresas que, en su mayoría, han sido
beneficiarias de adjudicaciones y gestión del sector público cuando esos mismos
políticos gestionaban bajo su responsabilidad ese sector. Enagás, Abengoa,
Endesa, Iberdrola y Red Eléctrica concentran el 71%. Un total de 36 consejeros
se reparten en 16 empresas del colectivo. El sector que más abunda es el de la
Energía. ¿Alguna vez se han preguntado, por qué ha subido la luz más del 70% en
los últimos 5 años? La última personalidad en subirse al carro recientemente,
ha sido Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra hasta este año que
ha “fichado” por Telefónica como Consejera. Esta mujer es doctora en Farmacia y
no creo sea ninguna eminencia en telecomunicaciones como para asesorar en este
campo. Felipe González Márquez, que fue presidente del Gobierno hasta 1.996,
cuya profesión es abogado laboralista, figura como consejero de Gas Natural; habiendo
confesado él mismo que su labor allí era muy aburrida. Eso nos da una idea del
nulo trabajo que desarrolla esta gente en esas empresas.
Personajes
como Carlos Solchaga, Pedro Solbes, Javier Solana, Elena Salgado, Jordi
Sevilla, Josep Borrell (PSOE), y Josep Piqué, Ana Palacios, Ángel Acebes,
Isabel Tocino, Marcelino Oreja, Eduardo Zaplana (P.P.), son algunos de los que se han beneficiado en
algún momento de las puertas giratorias pero hay muchos más. Parece que la
política, (que sólo dura a lo máximo 8 años), es un trampolín para otro destino
sin responsabilidades y con buen sueldo. Mientras tanto, obreros al paro,
agricultores que cobran por debajo de los costes de producción, ganaderos
asfixiados por las distribuidoras, consumidores sin capacidad de compra, el
paro escandaloso, los bancos con ganancias millonarias, salarios ridículos,
explotación laboral, incumplimientos de la normativa laboral por
doquier,....PERO ESO NO LO ARREGLA NADIE. Favorecer a los señoritos de la política
española es la prioridad. Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la
honestidad.
Miguel F. Canser
www.cansermiguel.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario