¿Qué es este organismo de la Comunidad de Madrid? Según reza su página de Internet, el "Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid es el superior órgano consultivo del Gobierno y de la Administración autonómica, así como de las corporaciones locales y de las universidades y demás entidades de derecho público de la región. Goza de autonomía orgánica y funcional con el fin de garantizar su objetividad e independencia. Los asuntos que conoce el Consejo no pueden ser sometidos al informe posterior de ningún otro órgano o institución. Dichos asuntos tratan, entre otros, sobre responsabilidad patrimonial de la Administración, contratación administrativa, revisión de oficio de actos administrativos o proyectos de reglamentos.
Sus competencias ya han generado críticas y se nos antojan demasiado genéricas, difusas, sin concreción aparente, de dudosa efectividad y necesidad; más parece creado para "colocar" a los políticos que han sufrido el desgaste derivado de su trayectoria política. El Consejo lo componen: Un presidente, dos consejeros permanentes, seis consejeros electivos y un secretario general. En total 10 personas. Su presidente es Ignacio Astarloa, famoso miembro del PP que ha desempeñado diferentes cargos públicos al amparo de su partido; diputado por Vizcaya y por Madrid en el Congreso desde 2004 a 2014. Y, ¿saben quiénes son los dos consejeros permanentes? Joaquín Leguina y Alberto Ruíz-Gallardón, expresidentes ambos de la Comunidad de Madrid. También tendría derecho a figurar Esperanza Aguirre, pero ha renunciado. En definitiva, lo dicho: seguir viviendo de la cosa pública a costa de los impuestos de los madrileños.
Los consejeros, elegidos a dedo, cobran exactamente lo mismo que un consejero regional, es decir, unos 8.500 € brutos mensuales, unos 5.500 € netos. El puesto lo mantienen durante seis años, renovables otros seis. El salario es todavía más llamativo si se tiene en cuenta que estos miembros premium de un órgano dependiente 100% del presupuesto regional, se reúnen una vez a la semana (normalmente los miércoles, si no es festivo) para aprobar los dictámenes que no son de obligado cumplimiento. Los consejeros se limitan a revisar y votar el trabajo de quien en realidad lleva el día a día de los dictámenes: los letrados, funcionarios de carrera que trabajan en este Consejo. Los componentes sólo se limitan a eso y a firmar; en el caso de Madrid, tocan a seis letrados por consejero, además del personal de secretaría. El Ejecutivo regional destina 4,3 millones de euros de su presupuesto anual a mantener este organismo.
Esto es una prueba más del despilfarro de recursos públicos que hacen gala los políticos para que no se deteriore su "chiringuito". Sólo Izquierda Unida y UPyD, solicitaron su supresión por innecesaria. De los 118 diputados presentes (faltaron 11), 20 votaron a favor de su eliminación y 98 votaron en contra. UPyD ya planteó su cierre en noviembre de 2013 con el mismo resultado. Los dos únicos partidos con representantes en el consejo impiden su supresión (PP - PSOE). Aquí sí hubo consenso entre ellos. Se trata pues de un órgano perfectamente prescindible pues su labor podría recaer el el Consejo de Estado y evitar duplicidades. Sus integrantes pueden, además, compatibilizar esta actividad con cualquier otra privada y no existe ningún tipo de registro de actividades; por lo que el Consejo debería ser suprimido por razones obvias; su utilidad es irrelevante y sus funciones pueden ser perfectamente asumidas y ejercidas por los servicios de la Comunidad.
Cuanto más corrupto es el Estado, más organismos y leyes tiene. El silencio es el mayor cómplice de la corrupción; quien lo oculta, al final, se termina convirtiendo en cómplice. Ya lo decía Groucho Marx: "la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". La política nunca debe ser una actividad privada, ni un negocio propio. La corrupción comienza cuando se justifica la ventaja, el egocentrismo y la ambición desmedida.
Miguel F. Canser
