EL CHIRINGUITO

¿Qué es este organismo de la Comunidad de Madrid? Según reza su página de Internet, el "Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid es el superior órgano consultivo del Gobierno y de la Administración autonómica, así como de las corporaciones locales y de las universidades y demás entidades de derecho público de la región. Goza de autonomía orgánica y funcional con el fin de garantizar su objetividad e independencia. Los asuntos que conoce el Consejo no pueden ser sometidos al informe posterior de ningún otro órgano o institución. Dichos asuntos tratan, entre otros, sobre responsabilidad patrimonial de la Administración, contratación administrativa, revisión de oficio de actos administrativos o proyectos de reglamentos.

Sus competencias ya han generado críticas y se nos antojan demasiado genéricas, difusas, sin concreción aparente, de dudosa efectividad y necesidad; más parece creado para "colocar" a los políticos que han sufrido el desgaste derivado de su trayectoria política. El Consejo lo componen: Un presidente, dos consejeros permanentes, seis consejeros electivos y un secretario general. En total 10 personas. Su presidente es Ignacio Astarloa, famoso miembro del PP que ha desempeñado diferentes cargos públicos al amparo de su partido; diputado por Vizcaya y por Madrid en el Congreso desde 2004 a 2014. Y, ¿saben quiénes son los dos consejeros permanentes? Joaquín Leguina y Alberto Ruíz-Gallardón, expresidentes ambos de la Comunidad de Madrid. También tendría derecho a figurar Esperanza Aguirre,  pero ha renunciado. En definitiva, lo dicho: seguir viviendo de la cosa pública a costa de los impuestos de los madrileños.

Los consejeros, elegidos a dedo, cobran exactamente lo mismo que un consejero regional, es decir, unos 8.500 € brutos mensuales, unos 5.500 € netos. El puesto lo mantienen durante seis años, renovables otros seis. El salario es todavía más llamativo si se tiene en cuenta que estos miembros premium de un órgano dependiente 100% del presupuesto regional, se reúnen una vez a la semana (normalmente los miércoles, si no es festivo) para aprobar los dictámenes que no son  de obligado cumplimiento. Los consejeros se limitan a revisar y votar el trabajo de quien en realidad lleva el día a día de los dictámenes: los letrados, funcionarios de carrera que trabajan en este Consejo. Los componentes sólo se limitan a eso y a firmar; en el caso de Madrid, tocan a seis letrados por consejero, además del personal de secretaría. El Ejecutivo regional destina 4,3 millones de euros de su presupuesto anual a mantener este organismo.

Esto es una prueba más del despilfarro de recursos públicos que hacen gala los políticos para que no se deteriore su "chiringuito". Sólo Izquierda Unida y UPyD, solicitaron su supresión por innecesaria. De los 118 diputados presentes (faltaron 11), 20 votaron a favor de su eliminación y 98 votaron en contra. UPyD ya planteó su cierre en noviembre de 2013 con el mismo resultado. Los dos únicos partidos con representantes en el consejo impiden su supresión (PP - PSOE). Aquí sí hubo consenso entre ellos. Se trata pues de un órgano perfectamente prescindible pues su labor podría recaer el el Consejo de Estado y evitar duplicidades. Sus integrantes pueden, además, compatibilizar esta actividad con cualquier otra privada y no existe ningún tipo de registro de actividades; por lo que el Consejo debería ser suprimido por razones obvias; su utilidad es irrelevante y sus funciones pueden ser perfectamente asumidas y ejercidas por los servicios de la Comunidad.

Cuanto más corrupto es el Estado, más organismos y leyes tiene. El silencio es el mayor cómplice de la corrupción; quien lo oculta, al final, se termina convirtiendo en cómplice. Ya lo decía Groucho Marx: "la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". La política nunca debe ser una actividad privada, ni un negocio propio. La corrupción comienza cuando se justifica la ventaja, el egocentrismo y la ambición desmedida.

Miguel F. Canser