En esta ocasión me proponía no escribir sobre política, ni sobre los políticos, porque llego a estar hastiado ya de estos personajes; además que creo no se merecen tanto mi atención, quizá sería una solución no hacerles ni caso, pero las aguas de la actualidad nos salpican y nos empapan sin darnos tiempo a resguardarnos y el asombro y la indignación me pueden. Todos sabemos que la corrupción política está a la orden del día, que ha existido siempre en mayor o menor medida, pero la noticia que ahora se destapa en todos los medios de comunicación sobrepasa todas las expectativas.
Naturalmente me refiero a los presuntos papeles secretos del Sr. Bárcenas que salpican a toda la cúpula del P.P. La contabilidad interna que manejaron Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, tesoreros del PP entre 1990 y 2009, refleja pagos periódicos, trimestrales o semestrales, a los primeros espadas del partido que, por supuesto, niegan haber recibido estos pagos. La verdad es que, no sé por qué, pero sí me creo que hayan recibido este dinero. Pero lo que más me inquieta es cómo el señor Pío García Escudero, Presidente del Senado, que ha admitido que sí recibió el dinero que figura en los papeles en forma de crédito, las demás personas digan que dichas anotaciones no sean verdad. No puede ser que unos sean ciertos y otros no. La corrupción política es un abuso de poder mediante la función pública para beneficio personal, para conseguir una ventaja ilegítima generalmente secreta y privada, cuando no enmascaran una financiación ilegal de un partido político.
Nuestra democracia, que ya va a cumplir 35 años, sólo ha visto en el poder a los dos grandes partidos; alternándose en períodos más o menos cortos en la gobernabilidad del país. Ninguno de los dos en este tiempo ha considerado la necesidad de desarrollar en toda su amplitud la ley de financiación de los partidos políticos, porque, quizá, temen que si no les salpica a unos, les salpica a otros. Del “y tú más” no se libra nadie. La historia de nuestra democracia nos dice que los índices de corrupción han sido igualmente censurables en los dos. Y el ciudadano de a pie, el que acude a trabajar en condiciones cada día más precarias (quien tenga trabajo), el parado que no encuentra el final del túnel, las familias cada vez más agobiadas económicamente, los autónomos y pequeñas empresas cada día más desesperados, no entienden cómo las personas que han elegido para dirigir el país, para hacer unas leyes más justas, administrar los fondos públicos de forma idónea, se dediquen a medrar y utilizar su influencia y poder en beneficio propio.
Para que haya un corrupto tiene que haber alguien dispuesto a corromper. En los famosos papeles del Sr. Bárcenas figuran numerosas donaciones de constructores, entre ellos tres imputados en el “caso Gürtel”. En su mayoría se trata de constructoras que han recibido la atención de algunas obras. Ese dinero no cotiza ni va a parar a los contribuyentes en forma de impuestos. Personalmente pienso que, aunque no puede tildarse a todos los políticos de corrupción, si creo que el sistema en su conjunto está totalmente corrompido. ¿Para qué queremos un Tribunal de Cuentas? En España, el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, de acuerdo con la Constitución. Su misión es ejercer el control externo de la actividad económico-financiera del sector público estatal, autonómico y local, así como de la contabilidad de los partidos políticos. ¿Creen ustedes que cumple con su obligación? Creo que no y, ¿saben por qué?, porque todos los miembros del Tribunal de Cuentas son nombrados por el poder político: seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado.
Está fuera de duda la legitimidad que le ofrecen a Rajoy los votos de 2011 y la mayoría parlamentaria. Pero un gobernante que trabaja subido a andamios tan peligrosos precisa de algo más que del voto de los diputados: necesita la legitimidad moral de tener las espaldas cubiertas por un partido unido y de conducta intachable. Mariano Rajoy preside el PP desde 2004 y ha estado 24 años vinculado a su dirección. Por eso le corresponde explicar los indicios de financiación ilegal que salpican a su cúpula y que influyen también en la gestión de la crisis política y económica que viven los españoles. Tiempo le falta al Fiscal del Estado para dar instrucciones y empezar a investigar y proponer, si existen indicios, que pasen a disposición de la justicia. ¡Ah! ¡Claro! El pobrecito no puede porque le han elegido los mismos a los que tiene que investigar. Insisto el sistema está corrompido.
Los políticos deberían dejar de poner manos en el fuego: se ha tardado tres años y medio en acreditar datos sobre la fortuna acumulada por Bárcenas lejos del alcance del fisco español, de modo que se ha perdido mucho tiempo. Ahora, Rajoy ni afirma ni niega: se limita a aguardar la evolución judicial del asunto y la auditoría interna que ha encargado. Pasa el tiempo y, en vez de decidirse a abordar el problema de la corrupción, el poder le da vueltas y vueltas. Nuestros políticos tienen que actuar rápida y eficazmente, tanto de un partido u en otro, a medida que surgen asuntos de corrupción o de mal uso del dinero público. A la justicia le corresponde establecer las responsabilidades penales, pero las políticas necesitan un ritmo más rápido. Y lo peor es que no pasará nada. Todos quedarán libres y sin cargos por cualquier aspecto técnico-jurídico, por prescripciones o por pactos entre todos... COMO SIEMPRE.
Miguel F. Canser
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