Hace exactamente 3 años escribí un artículo, “Modernización inaplazable” donde denunciaba la escasez de medios que disponía nuestra justicia, y que derivaban en errores judiciales de bulto que dieron paso a una alarma social y, sobre todo, a una gran desconfianza en la justicia. El caso de la niña Mariluz que fue asesinada por un hombre que debería estar en la cárcel y no lo estaba por un error judicial, el caso de los Albertos que considera probados los hechos de estafa y falsedad documental que fueron absueltos por prescripción del delito, etc. Pues a pesar del tiempo transcurrido, poco o casi nada ha cambiado. Los juzgados siguen atestados de papeles, los procedimientos son larguísimos, los medios tanto humanos como materiales son escasísimos, y los juicios languidecen en el tiempo y para cuando se celebran, las pruebas y los testimonios dejan de ser concluyentes.
Y esto lo digo porque me ha llamado la atención que estos días, ante la amenaza de huelga en el futbol, la justicia se ha tenido que pronunciar en muy poco tiempo. Unos futboleros han hecho trabajar la justicia en tiempo récord. Estoy alelado al saber que la justicia, en pocas horas, resuelve y sentencia un caso tan importantísimo como el de 'Liga sí' o 'Liga no' un fin de semana. Eso quiere decir que se ha informatizado la justicia española, que los juicios de asesinatos, violaciones, desahucios, delitos fiscales y demás se van a resolver en pocos días. Pues son tan importantes como la Liga de fútbol, ¿o no?
Parece ser que no. El informe bienal de la Comisión Europea para la “Eficacia de la Justicia”, que evalúan los sistemas judiciales de los países miembros, desvela que el plazo medio para resolver una demanda ante la justicia española de primera instancia fue de casi 300 días. Actualmente este plazo ha sido ampliamente superado. España tiene además, el índice más bajo de casos resueltos, en relación con los recibidos. Los datos reflejan una “tendencia alcista” del número de procesos acumulados y de los plazos de resolución en los tribunales españoles.
Es cierto que los ciudadanos sitúan el problema de la Administración de Justicia entre los que menor preocupación les suscita, que conceden al paro, a la economía, y a la clase política su mayor grado. Pero es sumamente preocupante que los españoles se sientan «pocos» o «nada» iguales ante la ley en un 68,8%, que el 82,6% considere que las leyes «favorecen más a unos que a otros La encuesta del CIS permite destacar la profunda desconfianza que mantiene la sociedad española respecto al ejercicio efectivo de la Justicia. Desconfianza que se refleja también en el hecho de que solo el 21,7% de los entrevistados optaría por pleitear judicialmente si se viese envuelto en algún conflicto. El drama de la Justicia salpica directamente al poder político, el verdadero culpable de la situación por haberse empeñado, desde hace años, en controlarla, todo un desastre para una democracia moderna.
El Estado español, uno de los más costosos de Occidente pero también uno de los más ineficaces, es incapaz de garantizar lo que, por ley, está obligado a garantizar: la seguridad de sus ciudadanos. La constancia de que España está mal gobernada y que la clase política no cumple la parte del trato que le corresponde es hoy una creencia generalizada. Incluso los principales líderes políticos no les duelen prendas (Sr. Rajoy) en confiar en la lentitud de la justicia para evitar el procesamiento del Sr. Camps en medio de la inminente campaña electoral.
La sociedad española demanda con urgencia una Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados. Este proyecto sólo puede ser afrontado mediante un amplio acuerdo de todas las fuerzas políticas que asegure la unidad y continuidad de los esfuerzos y garantice el consenso sobre las bases del funcionamiento de este Poder del Estado. Menos dinero para otras cosas, y más para ésta.
Miguel F. Canser
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