El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior y
representación del Ministerio Fiscal de España. Es
nombrado y cesado por el Rey,
a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder
Judicial y previa valoración de su idoneidad por la comisión
correspondiente del Congreso de los Diputados. Intervienen,
pues, en su nombramiento los tres poderes del Estado. El mandato del fiscal
general tiene una duración de cuatro años y sólo puede ser cesado por causas
tasadas en la Ley, que serán apreciadas, en su caso, por el Consejo de
Ministros. En todo caso, cesa con el Gobierno que le haya propuesto. El fiscal
general debería actuar con imparcialidad e independencia, sin que pueda recibir
instrucciones ni órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o
judicial. En todo caso, el Gobierno podrá interesar del Fiscal General del
Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a
la defensa del interés público. Es decir, que el nombramiento lo determina el
gobierno de turno coincidiendo con cada período electoral, y la valoración de
la comisión del Congreso y del Consejo General del Poder Judicial, es un mero
formulismo sin ninguna decisión vinculante.
Por tanto y,
hablando lisa y llanamente, nos encontramos con la politización de los
órganos de la justicia en todos sus
términos. En los últimos días nos hemos encontrado con noticias preocupantes
que determinan la intromisión de la política en la actuación de los jueces, y
nos hacen pensar que la justicia, está
dirigida y orientada a los intereses políticos de cada momento. Un ejemplo es
el interés que ha tomado la Fiscalía por el encarcelamiento del Sr. Blesa,
expresidente de Caja Madrid, sobre la actuación del juez Elpidio José Silva,
instructor de la causa, y que le envió a prisión por la compra del City
National Bank of Florida. El fiscal general del Estado ha asegurado que “es
obvio no ha sido imparcial”, y que no cumplió con las “garantías procesales ni
constitucionales” en la instrucción de la causa, y en esta línea ha declarado:
“no defendemos al caso Blesa, defendemos a un ciudadano inscrito en un proceso
penal que tiene todo el derecho a que se respeten sus garantías procesales. Independientemente de que esto fuera cierto,
la Fiscalía se ha tomado mucho interés y el resultado ha sido la excarcelación
de Miguel Blesa y la posible imputación del juez José Silva que deberá afrontar
su suspensión, el traslado forzoso o la expulsión de la carrera. Que yo sepa,
el Juez Elpidio no ha dejado un agujero de millones de euros, el Sr. Blesa sí ¿Esto
era de interés público?, ¿no crea alarma social?, ¿no existen otros
procedimientos judiciales que deberían merecer la intervención de la fiscalía?
Por ejemplo, los más de 300.000 perjudicados por las acciones preferentes,
en su mayoría de las antiguas Cajas de Ahorro, dirigidas por políticos (incluyo
a sindicatos) puestos a dedo, sin ninguna experiencia profesional del tema
financiero, que hacían lo que les daba la
gana unos, y otros hacían la vista gorda; eso sí se preocuparon de que, a su
salida, tuvieran una cobertura de indemnizaciones millonarias. Pues no, todo lo contrario, la Fiscalía ha
mostrado desde entonces su rechazo a toda posible investigación penal del fenómeno de las preferentes. Parece ser
que este tema no es de interés público.
En
su recurso de apelación contra la admisión a trámite de la querella por las
Preferentes, el Fiscal advierte que, “en relación con la comercialización
individualizada de las participaciones preferentes por los distintos empleados
de las sucursales bancarias que han vendido este producto al inversor
minorista, considera improcedente iniciar una investigación penal masiva
dirigida contra todos los empleados que vendieron dichos productos, ni hubo intención
de "engañar ni un plan diseñado y preconcebido" ¿Contra los
empleados?, ¿es que los empleados, todos a la vez, se han puesto de acuerdo en
comercializar sí o sí estos productos al margen de la dirección de las
entidades?, ¿ o más bien se debe a haber recibido instrucciones precisas de
comercialización indiscriminada, con una exigencia presupuestaria fuerte
e individual, que incluyera la transformación de productos a plazo en
Preferentes? Personas mayores, pensionistas, con nula cultura financiera, han
sido engañados, y han abusado de la confianza depositada en su Caja de toda la
vida con el resultado que todos sabemos.
Pero esta situación no merece la atención del Fiscal General del Estado;
todo lo contrario, pone cortapisas e incide
para que las querellas no se lleven a cabo. La Fiscalía no ve delito en la venta de
preferentes y se opone a la imputación de Blesa y Ordóñez, exgobernador del
Banco de España, que también tendría alguna responsabilidad, ¿o no? ¿A quién
sirve la Fiscalía?
Otro
ejemplo: El fiscal general del Estado, Eduardo
Torres-Dulce, ha dicho que se congratula de la decisión de suspender la imputación de la infanta Cristina en el caso
que investiga la trama de captación y desvío de fondos públicos a través del
Instituto Nóos porque, a su entender, "no existe en el proceso ningún
indicio que permita la imputación de la infanta". Que la Fiscalía recurra
una imputación es ya una decisión insólita, y el argumento de que la Infanta no
estaba enterada de nada no parece muy convincente; es la misma Fiscalía que
argumenta que no cabe desconocimiento al adquirir el producto los afectados por
las Preferentes. ¿A quien sirve la
Fiscalía?
La salud
democrática de una nación depende, en buena medida, de la calidad ética de sus
representantes públicos. El fortalecimiento de las instituciones públicas y su
credibilidad, depende de muchos factores pero, substancialmente, de la
confianza que sean capaces de generar a la ciudadanía.
Esta confianza se gana con buenas prácticas, a través del ejercicio de virtudes cívicas. La honestidad, la ejemplaridad, la igualdad y la capacidad de servicio son actitudes básicas que todos los ciudadanos reconocen como valiosas, independientemente de las opciones políticas que legítimamente defiendan. Sólo si estos valores son respetados en el ejercicio democrático, la ciudadanía será capaz de reconocer este noble oficio y este noble servicio y valorarlo como le corresponde. La honradez y la igualdad, es una cualidad que hay que demostrar cada día con nuestros actos.
Esta confianza se gana con buenas prácticas, a través del ejercicio de virtudes cívicas. La honestidad, la ejemplaridad, la igualdad y la capacidad de servicio son actitudes básicas que todos los ciudadanos reconocen como valiosas, independientemente de las opciones políticas que legítimamente defiendan. Sólo si estos valores son respetados en el ejercicio democrático, la ciudadanía será capaz de reconocer este noble oficio y este noble servicio y valorarlo como le corresponde. La honradez y la igualdad, es una cualidad que hay que demostrar cada día con nuestros actos.
Miguel F. Canser
www.cansermiguel.blogspot.co
