España está sentada
encima de una bomba de relojería a la que casi nadie presta atención pero que,
tarde o temprano, estallará. Me refiero a la deuda pública, que está desbocada
por encima del 125% del PIB. Nuestra deuda 1,43 billones, es decir: 1,43
millones de millones implica que cada habitante de nuestro país, debe unos 30
millones de euros. Una auténtica bestialidad que hipoteca nuestro futuro, y
sigue creciendo pues gastamos más que el crecimiento de los ingresos; por lo
que hay que endeudarse aún más para financiarlo. Bruselas considera que el
mayor gasto público es la alternativa menos mala, pues en una situación tan
excepcional sufrida en 2020 por la pandemia, evitaría una recesión e
incentivaría una rápida recuperación.
En cualquier economía, incluso la
doméstica, cuando los ingresos no son suficientes a pesar de haberlos aumentado
(subida de impuestos), lo que procede es aminorar los gastos, distinguiendo
entre un gasto imprescindible y un gasto necesario, pues algunos de éstos, seguramente
sean prescindibles si la deuda es mucha y aumenta cada día. Quizá haya una
explicación de por qué España necesita veintidós ministerios cuando Francia
tiene dieciséis, y Alemania, con casi el doble de población, le bastan catorce.
Pero nuestro gobierno no ofrece explicación alguna y los ciudadanos tienen
buenas razones para creer que, esa mastodóntica administración, con su ejército
de asesores, es parte de lo que los españoles conocemos como el chiringuito
nacional. Esto es: el paraíso burocrático e institucional creado por una clase
política empeñada en que los contribuyentes paguemos la factura de sus excesos.
Es un mal de siempre, no de ahora. Ha
sucedido con los distintos gobiernos de ideología distinta. Pedro Sánchez
remodeló su gobierno cambiando unos ministros por otros, pero dejó intacta una
estructura que no ha dejado de engordar desde que llegó al poder. Mientras los
españoles perdían sus empleos, y miles de negocios cerraban, el líder
socialista aumentaba el número de asesores nombrados a dedo. Pedro Sánchez
tiene más de 300 asesores contratados, la mayor cifra de la democracia con un
aumento del gasto del 52% en apenas dos años.
Esta corte de asesores, incluidos los de sus ministras/os, son sólo una pequeña
parte del despropósito administrativo español. Súmenle tinglados parecidos en
los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas; enchufados en
universidades o empresas de titularidad estatal; o el reparto de puestos en
organismos internacionales y embajadas. ¿Tienen la preparación suficiente? ¿Hay
otros candidatos mejor posicionados? No es problema: de los elegidos se espera,
sobre todo, lealtad al partido.
Nuestros
políticos, que no se ponen de acuerdo en nada, sí coinciden en su oposición a
cualquier reforma de calado que acabe con la gigantesca agencia de colocación
en la que han convertido la función pública. Es lo que un conocido me describió
en una ocasión como la política de la tortilla: unos y otros aceptan el statu
quo, conscientes de que los votantes le darán la vuelta a la tortilla en algún
momento y llegará su turno de ser los beneficiados. La
gestión de los recursos públicos requiere de continuidad, seguridad frente a la
arbitrariedad política, mérito en sus responsables y profesionalización. Los
gobiernos tienen todo el derecho a escoger directamente a ministros y cargos de
confianza, pero la gestión de las instituciones públicas, pagadas por todos,
debe estar en manos de gestores de demostrada valía. Los cargos de quienes
hacen bien su trabajo deben estar protegidos, extendiéndolos más allá de los
mandatos de partidos o procesos electorales.
En
tiempos de crisis, la austeridad y mesura son obligadas; el derroche,
inaceptable. España necesita una profunda reforma de la administración, largo
tiempo demorada, que tendrá una nueva oportunidad con la llegada de los fondos
europeos para paliar los efectos de la pandemia. Pero su impacto será
mínimo si no va acompañada de reformas legislativas que impidan la parasitación
de los organismos estatales, una mejora de la ley de transparencia que nos permita
saber a qué se dedican los recursos públicos y el destierro del concepto
patrimonialista de las instituciones. Mientras los españoles solo denunciemos
las estructuras oportunistas de nuestros adversarios políticos, aceptando las
creadas por el partido que apoyamos, los políticos seguirán cómodamente
instalados en medio de la refriega. Y enviándonos a todos, cada mes, la factura
del chiringuito nacional.
Miguel
F. Canser
