miércoles, 1 de julio de 2015

LEY MORDAZA

Ya está aquí, desde el pasado 1 de julio ha entrado en vigor la nueva ley de Seguridad Ciudadana. Una ley criticada por todos y aprobada exclusivamente en solitario  por el partido en el poder (P.P.). Es una nueva demostración de la mayoría absoluta adquirida hace cerca de cuatro años, y que, seguramente, le volverá a pasar factura en los próximos comicios; porque todos no pueden estar equivocados menos uno. La soledad del P.P. en este tema, demuestra la prepotencia de una forma de gobernar que hace oídos sordos a los demás, que no escucha, que se cree autosuficiente, que anula el consenso; en definitiva, “aquí mando yo, y se hace lo que yo diga”. Esto, en democracia, está caduco, rancio y trasnochado.

           La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, trae una batería de medidas que merman los derechos y libertades impuesta por el gobierno de Rajoy pese al rechazo del resto de partidos, de buena parte de la sociedad y de numerosas organizaciones sociales. Ni las movilizaciones, ni los recursos ante el Tribunal Constitucional, ni las críticas de organismos europeos han logrado frenarla. La oposición acusa al Ejecutivo de crear un "Estado policial" porque las fuerzas de seguridad y el mismo gobierno tendrán ahora capacidad para imponer sanciones administrativas que antes quedaban en manos de un juez.  El recorte, sobre todo de la libertad de expresión, probablemente la más genuina y sagrada en democracia, lo ha usado el Partido Popular asustado ante la fuerza crítica de la opinión pública española, que ha decidido silenciar las protestas con represión, aprobando una ley que le acerca, de manera incomprensible, a otras épocas ya olvidadas de represión y autoritarismo.

          En el pasado mes de enero ya escribí un artículo ( “Año nuevo, ley nueva”)  refiriéndome a esta ley donde describía las cuantías y sanciones que impone multas y castigos de alto calado (hasta 600.000 euros) a actuaciones que antes no se castigaban porque eran consideradas derechos cívicos fundamentales. A partir de ahora no se podrá fotografiar a los policías, ni las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación. Una limitación que ha denunciado Amnistía Internacional: “Captar imágenes de la policía, ya lo hicieran periodistas u otras personas con cámaras o teléfonos móviles, y ha ayudado en ocasiones, a difundir información sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía”. También considera una infracción cualquier "perturbación grave de la seguridad ciudadana" que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese momento. "Pero qué es y qué no es perturbar la seguridad ciudadana", se pregunta Greenpeace, que denuncia cómo esa decisión quedará al "arbitrio" de la policía. La nueva normativa viene a sancionar, prohibir y criminalizar prácticas tan normalizadas como parar un desahucio y dificultará la acción de las protestas, ya que permite a la policía sancionar a aquellos que “obstruyan a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”.  También sanciona las protestas en las alturas y la resistencia pacífica y las sentadas.

          El efecto más notable es la supresión de las faltas que pasan a ser mayoritariamente infracciones administrativas sin intervención judicial previa y que una parte mínima serán delitos leves. Desde el miércoles 1 de julio los jueces han dejado de tener potestad sobre tres millones de infracciones y los juzgados deberán revisar y, en muchos casos, archivar centenares de procedimientos sobre faltas. Ese día entraron en vigor el nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, entre errores legislativos, riesgo de colapso y denuncias de improvisación por parte de jueces y fiscales. La ley no tiene sentido alguno, porque da más instrumentos legales a las Fuerzas de Seguridad, por ejemplo, para cachear, para imponer sanciones a quien les grabe en manifestaciones y para imponer multas sin intervención judicial previa. Venimos de una dictadura (y en algunas facetas de la sociedad seguimos en ella) y se supone que la libertad debería ser mayor que entonces. Pero no lo es, queda a criterio del político de turno decidir si puedes protestar. ¿Alguien se cree que un político será favorable a manifestaciones contra él? Pues los que están a favor de esas leyes sí. Además tenemos que avisar y tener el visto bueno de la autoridad gubernamental para manifestarnos. Ni en los peores tiempos que recuerde existía tales condiciones; tenía que ser un juez el que decidiese. Es otro paso a ninguna parte… democrática.

          Luego se quejan que pierden votos.

Miguel F. Canser
www.cansermiguel.blogspot.com