Ya está aquí, desde el pasado 1 de julio ha
entrado en vigor la nueva ley de Seguridad Ciudadana. Una ley criticada por
todos y aprobada exclusivamente en solitario
por el partido en el poder (P.P.). Es una nueva demostración de la
mayoría absoluta adquirida hace cerca de cuatro años, y que, seguramente, le
volverá a pasar factura en los próximos comicios; porque todos no pueden estar
equivocados menos uno. La soledad del P.P. en este tema, demuestra la
prepotencia de una forma de gobernar que hace oídos sordos a los demás, que no
escucha, que se cree autosuficiente, que anula el consenso; en definitiva,
“aquí mando yo, y se hace lo que yo diga”. Esto, en democracia, está caduco,
rancio y trasnochado.
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, trae una
batería de medidas que merman los derechos y libertades impuesta por el
gobierno de Rajoy pese al rechazo del resto de partidos, de buena parte de la
sociedad y de numerosas organizaciones sociales. Ni las movilizaciones, ni los
recursos ante el Tribunal Constitucional, ni las críticas de organismos
europeos han logrado frenarla. La oposición acusa al Ejecutivo de crear un
"Estado policial" porque las fuerzas de seguridad y el mismo gobierno
tendrán ahora capacidad para imponer sanciones administrativas que antes
quedaban en manos de un juez. El recorte, sobre todo de la libertad de
expresión, probablemente la más genuina y sagrada en democracia, lo ha usado el
Partido Popular asustado ante la fuerza crítica de la opinión pública española,
que ha decidido silenciar las protestas con represión, aprobando una ley que le
acerca, de manera incomprensible, a otras épocas ya olvidadas de represión y
autoritarismo.
En
el pasado mes de enero ya escribí un artículo ( “Año nuevo, ley nueva”) refiriéndome a esta ley donde describía las
cuantías y sanciones que impone multas y castigos de alto calado (hasta 600.000
euros) a actuaciones que antes no se castigaban porque eran consideradas
derechos cívicos fundamentales. A partir de ahora no se podrá fotografiar a los
policías, ni las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una
operación. Una limitación que ha denunciado Amnistía Internacional: “Captar
imágenes de la policía, ya lo hicieran periodistas u otras personas con cámaras
o teléfonos móviles, y ha ayudado en ocasiones, a difundir información sobre el
uso excesivo de la fuerza por parte de la policía”. También considera una
infracción cualquier "perturbación grave de la seguridad ciudadana"
que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos
autonómicos, aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese
momento. "Pero qué es y qué no es perturbar la seguridad ciudadana",
se pregunta Greenpeace, que denuncia cómo esa decisión quedará al
"arbitrio" de la policía. La nueva normativa viene a sancionar,
prohibir y criminalizar prácticas tan normalizadas como parar un desahucio y dificultará
la acción de las protestas, ya que permite a la policía sancionar a aquellos
que “obstruyan a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en
el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o
judiciales”. También sanciona las
protestas en las alturas y la resistencia pacífica y las sentadas.
El efecto más notable es la supresión de las faltas que pasan a ser
mayoritariamente infracciones administrativas sin intervención judicial previa
y que una parte mínima serán delitos leves. Desde el miércoles 1 de julio los
jueces han dejado de tener potestad sobre tres millones de infracciones y los
juzgados deberán revisar y, en muchos casos, archivar centenares de
procedimientos sobre faltas. Ese día entraron en vigor el nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, entre errores legislativos, riesgo de colapso y denuncias de improvisación por parte de jueces y fiscales. La ley no tiene sentido
alguno, porque da más instrumentos legales a las Fuerzas de Seguridad, por
ejemplo, para cachear, para imponer sanciones a quien les grabe en
manifestaciones y para imponer multas sin intervención judicial previa. Venimos
de una dictadura (y en algunas facetas de la sociedad seguimos en ella) y se
supone que la libertad debería ser mayor que entonces. Pero no lo es, queda a
criterio del político de turno decidir si puedes protestar. ¿Alguien se cree
que un político será favorable a manifestaciones contra él? Pues los que están
a favor de esas leyes sí. Además tenemos que avisar y tener el visto bueno de
la autoridad gubernamental para manifestarnos. Ni en los peores tiempos que
recuerde existía tales condiciones; tenía que ser un juez el que decidiese. Es
otro paso a ninguna parte… democrática.
Luego
se quejan que pierden votos.
Miguel F. Canser
www.cansermiguel.blogspot.com