Hace unos días surgió la noticia que un matrimonio mayor, jubilados, beneficiarios de una pensión baja y después de disfrutar de un viaje del Imserso, se encontraron a su vuelta que su vivienda, alquilada, de renta antigua, había sido ocupada por otras personas. Reconozco que, cuando ví la noticia, me invadió una profunda tristeza y una sensación de impunidad surgió en mi interior. Quizá fuera porque no se trataba de ningún piso vacío propiedad de una entidad financiera, ni porque los que la ocuparon no fuera una familia con niños y sin recursos, ni de deudores de los bancos que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca. Nada de eso. Se trataba de personas que hemos acogido, que se dedican al trapicheo de droga, insolidarios con otros vecinos y muy violentos. Hace años, el movimiento okupa que se define como un movimiento social, se limitaba a edificios públicos abandonados con el fin de utilizarlos como un gesto de protesta política y social contra la especulación, y lo utilizaban como centros sociales y culturales para defender el derecho a la vivienda frente a las dificultades económicas o sociales.
Pero, desde hace unos años, el problema ha evolucionado y se ha vuelto tan grave y ha crecido tanto la delincuencia alrededor de los pisos, que ya no solamente se ocupan edificios públicos y casas abandonadas; ni siquiera viviendas vacías, el descaro llega a invadir casas habitadas que sus dueños han dejado por pocos días o incluso horas. El problema okupa necesita una atención inmediata desde el marco legal, porque la invasión de la propiedad privada es un delito y se está convirtiendo en un grave problema que obliga a revisar todo el marco legal que proteja a los propietarios de un fenómeno tan abusivo y de creciente magnitud que afecta seriamente a nuestra sociedad. No es de recibo que los juzgados tarden, si todo va bien, entre 8 y 12 meses en practicar un desahucio por vivienda ocupada y que el desamparo del propietario sea total. La policía, ante una denuncia, no puede desalojar la vivienda. Tiene que ser el juzgado.
Lo que vemos detrás de los okupas es un vacío legal que permite a las mafias actuar. No se trata siempre de inquilinos empobrecidos que no pueden pagar su alquiler; es mucho más grave que eso. Las mafias son organizaciones que se encargan de localizar pisos vacíos, tienen personal experto en abrir cerraduras, inquilinos dispuestos a pagarles por vivir de manera invasiva en el piso y leyes que protegen a los que se han instalado en una vivienda y la declaran su "propiedad privada"; porque las personas que ocupan, empiezan a contar con asistencia jurídica que les permite conocer sus derechos y, sobre todo, les ayuda a conseguir su bien más preciado hasta que se produzca el desalojo: el tiempo.
La morada, según su definición jurídica, se constituye cuando un domicilio es el sitio donde una persona vive y desarrolla su espacio de intimidad. A partir de ese momento la persona "tiene la posesión del inmueble". Y el allanamiento de morada protege precisamente la posesión del espacio, no la propiedad. Hay personas que viven en su coche, no tienen otro lugar y es donde duermen y tienen su intimidad, igual que en una tienda de campaña. Otro ejemplo sería el alquiler de una vivienda. En el momento en que hay un arrendatario viviendo en ese lugar el propietario de la casa no pueden entrar sin su permiso expreso. Sucede igual en el caso de una ocupación aunque el dueño del inmueble sea el que pretenda acceder a él. Sería invadir el espacio personal de alguien. El propietario lo que tiene que hacer es acudir a los tribunales y allí se decretará o no el desalojo; pero entrar sería tomar la justicia por su mano y, en efecto, podría ser constitutivo de un delito de allanamiento de morada. El problema va en aumento. Sólo en Madrid, según la Delegación del Gobierno, se han detectado 1.205 viviendas ocupadas desde que en abril se habilitó la Oficina de Seguimiento de viviendas de este tipo, que en cuatro meses ha recibido cerca de 3.500 denuncias.
Así están nuestras leyes. ¿Para ésto pagamos un sueldo a 350 diputados? Deben hacer leyes justas y equitativas. Según informes policiales, nadie va a la cárcel por un delito de "usurpación de vivienda". Así, el infractor "se va de rositas", acumulando notificaciones y multas que generalmente no paga. Es una encrucijada legal que la política no afronta con seriedad. Es un problema más social que económico y de orden público. Más vivienda protegida y más vivienda social es la solución; una política ambiciosa de alquiler social que dé respuesta a lo que la sociedad necesita, es atajar el problema y, desde el marco legal, debe haber una ley para la defensa y recuperación inmediata de sus propiedades por los ciudadanos. El Gobierno tiene la obligación legal de protegerlos. Porque nunca entenderás el daño que le hiciste a otra persona, hasta que a tí te hagan los mismo.
Miguel F. Canser
www.cansermiguel.blogspot.com
