NUESTRAS PENSIONES

Llevamos unos días hablando sobre el futuro de nuestras pensiones. Son llamadas de alerta de que, si no se pone remedio, la hucha de las pensiones se acaba, y no habrá dinero para pagarlas. España tiene un grave reto demográfico que amenaza directamente al sistema público de pensiones, dado el efecto de la generación que está a punto de jubilarse y del rápido incremento de la esperanza de vida. Sin embargo, los expertos coinciden en que a la hora de hablar del futuro de las pensiones, no se puede valorar sólo el problema demográfico. Existen otros factores, como los niveles de revalorización, el empleo, o la productividad que contribuirán, en último término, a solucionar o agravar la situación.

         El problema del sector público de pensiones se debe principalmente al bajo crecimiento de la actividad laboral de calidad, a las bajas cotizaciones a la Seguridad Social, y al paro que padecemos. Un individuo es, o puede ser, propietario de su casa, pero no tiene derecho alguno de propiedad sobre su pensión porque la obtención de ésta se sustenta en un sistema de reparto. Esto es así porque las contribuciones realizadas por una persona en toda su vida laboral para devengar una prestación económica proporcional a ellas cuando se jubile, no se acumulan en ningún fondo. Se emplean en sufragar a quienes ya están jubilados; con la expectativa de que las generaciones venideras se comporten de igual modo con quienes hoy contribuyen a pagar las jubilaciones. Desde hace un par de años, los superávits de la Seguridad Social se han volatilizado y el Fondo de Reserva está exhausto; por lo que ya es posible avanzar una conclusión a priori: su insostenibilidad. El coste de las pensiones a sufragar es superior al de las cotizaciones sociales con las que en teoría deberían financiarse. El último informe de afiliación a la Seguridad Social no deja lugar a dudas: en España hay solamente dos trabajadores por cada pensionista, que es la relación que resulta de dividir los 16.826.434 afiliados ocupados entre los 8.428.726 pensionistas que el Ministerio de Empleo contabiliza en marzo.

         Ante la futura e imparable avalancha de pensionistas, las fórmulas planteadas para salvar el sistema de reparto, léase retrasar la edad de jubilación, aumentar el número de años cotizados para cobrar la pensión, poder seguir trabajando (y cotizando) al tiempo que se cobra la pensión, con incidencia grave en el ya excesivo paro juvenil o, como también se ha dicho, rebajar el importe de las pensiones, etc., son parches que no resuelven el problema. Además del creciente número y del mayor coste de la nómina de las pensiones, otro factor juega en contra del presupuesto: en España la pirámide de población asusta, y la caída de las cotizaciones agrava el problema, que se come la hucha a pasos agigantados. La situación empeora por el aumento de autónomos, que optan por cotizaciones lo más bajas posibles, y porque la entrada en el mercado laboral se realiza a edades cada vez más elevadas.

          Ante este panorama es preciso acometer una reforma estructural del modelo español de pensiones. Ello implica su transformación progresiva basada en la capitalización. El sistema parte de un principio: la conexión entre el ahorro acumulado por una persona y los beneficios que obtiene de él. En el caso de la cobertura del retiro, se traduce en que los individuos capitalicen a lo largo de su vida laboral, las contribuciones que obligatoriamente deben depositar en una cuenta personal expresamente creada con este fin. Su operatoria podría parecerse a un plan de pensiones privado, con la diferencia de su obligatoriedad y garantizada por el Estado. Cada trabajador contribuye con una parte de su salario a una cuenta a su nombre y de su propiedad, depositada en una “Cuenta de Ahorro individual”, que invirtiera en una cartera diversificada de activos que permita realizar una combinación razonable riesgo-rentabilidad. Los rendimientos proporcionados por esa cartera se acumulan durante el tiempo de cotización y el trabajador comience a recibirlos cuando se retire. De este modo, las pensiones quedarían blindadas de la discrecionalidad política y de la evolución demográfica; convirtiéndose en un poderoso instrumento de ahorro individual a largo plazo. Ese esquema se complementaría con una pensión mínima garantizada por el Estado para aquellas personas que, por razones ajenas a su voluntad, no hayan podido ahorrar a lo largo de su vida laboral el dinero suficiente para tener una cobertura del retiro digna.

         En el horizonte, el modelo de pensiones de reparto es un lastre para el crecimiento económico de España, un foco de conflictividad intergeneracional, y una espada de Damocles sobre los propios pensionistas. En este escenario, la creación de un esquema de cobertura de las pensiones de capitalización es la mejor salida. Pero aquí nadie hace nada. Sólo quejarnos. Vemos venir el problema pero como si nada. Sólo cuando nos demos de narices con él, quizá hagamos algo. Cómo decía alguien, “el arte de gobernar consiste en quitar la mayor cantidad posible de dinero a una parte de los ciudadanos para dárselo a otros”.

Miguel F. Canser

www.cansermiguel.blogspot.com