INTRANSIGENCIA

La intransigencia es la actitud de la persona que no acepta los comportamientos, opiniones o ideas distintas de las propias, o no transige con ellas. Vivimos en un mundo intransigente y el mejor ejemplo se nos da cada vez que abrimos la prensa o conectamos la radio o el televisor. Todos los días asistimos al atrincheramiento intransigente de las propias ideas. Es recalcitrante ver a alguien que se muestra terco o se mantiene aferrado a una opinión o conducta, con ausencia de empatía o intentar, al menos, escuchar otra opinión que bien pudiera alumbrar una solución a un problema o conflicto. Los partidos políticos tradicionales se empeñan en mantener sus viejas prácticas demagógicas, temen al cambio y el cambio es ineludible; están apegados a las prácticas de clientelismo político y al nepotismo que establecen gobiernos que no cumplen sus promesas, cuentan con los votos de sus incondicionales, pese a que se vota tras un proceso de reflexión para abrir paso a nuevas opciones políticas, orientadas al cambio y al desarrollo. Nos lo están demostrando continuamente. Todos dicen que no quieren nuevas elecciones, pero actúan diferente. Nadie cede. Parece que lo menos importante es lo que el electorado les ha encomendado.

No hay descontento respecto a la democracia (al menos mayoritariamente), hay descontento respecto a la partidocracia. Hemos transformado lo que es una sociedad democrática -- que tiene que ser una sociedad permeable-- a partir de unas empresas de poder, que son unos partidos políticos escleróticos, envejecidos, corruptos en una gran parte, que albergan la convicción de que ellos son la democracia, cuando en realidad son instrumentos para ella, que han caído en una situación a la italiana a una velocidad que yo nunca imaginé. Por ello, pensar que la democracia es Rajoy, o Sánchez, Iglesias o Rivera, equivale a pensar que la democracia son los partidos políticos. No es verdad. Los partidos son un vehículo de democracia, excepto cuando dan lugar a esta pertidocracia que define la situación actual.

Intolerante e intransigente son prácticamente sinónimos. Pero mientras el intolerante es incapaz de aceptar que otros tengan ideas contrarias a las suyas y las combate abiertamente, el intransigente no cede ni a las más mínimas exigencias de los demás. El intolerante defiende fanáticamente sus ideas, el intransigente no cede ante las pretensiones de los demás, por insignificantes que sean. Esas actitudes de terquedad irracional y fanatismo político, deben se superadas. La desmesurada adhesión política puede degenerar en una fe ciega que conduce al empecinamiento irracional, impidiendo aceptar cualquier argumento razonable ajeno al propio. Hoy vemos cómo los partidos se manejan entre argumentos personalistas y simplistas que atentan contra la razón y el bien general a la hora de aproximar posturas. En estos tiempos que corren, nuestro nuestro país alimenta obstinadamente el consabido tópico "España es diferente". En efecto todavía no hemos sido capaces de transigir ante posturas ideológicas distintas para alcanzar consensos prioritarios en beneficio común de los `españolitos de a pie´mostrando una incapacidad negociadora que prioriza el interés de los partidos en detrimento de quienes teóricamente son el sujeto soberano: ¡¡el pueblo!!

Sin entrar en temas de corrupción, hoy privan los intereses de partido, los personalismos, el temor a perder el privilegio político, y el haber provocado que la política sea una forma de vida profesional para muchos. Pero no sólo debemos culpar a la clase política, los votantes también somos culpables de la situación creada; la ignorancia, el apego incondicional a un partido sin considerar lo que es y lo que fue, sin valorar a sus líderes actuales o votar a uno u otro en función del sufragio útil, hemos conseguido un fraccionamiento del Congreso plural y beneficioso, pero con líderes incapacitados para formar Gobierno. Estamos conduciendo al país a un callejón sin salida.

Trabajar a favor de los demás exige sacrificio, perseverancia, ayuda desinteresada y, ante todo, escuchar y respetar las iniciativas de los demás. Estamos en un mundo donde todos debemos ser iguales, todos necesitamos de ayuda para que, cada día, haya más desarrollo e intentar solucionar los problemas materiales de la gente. Aunque la realidad es que la corrupción generalizada en las esferas del poder, y la arrogancia de una clase política que ya es más odiada que cuestionada o rechazada, no favorece para conseguir la meta que todos aspiramos llegar.

Miguel F. Canser

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TONTÓCRATAS SOLEMNES

Cuando escribo este artículo, se acaba de firmar el acuerdo de investidura entre el P.P. y C´s., y aún no se ha reunido el parlamento para saber si el Sr. Rajoy alcanzará los apoyos necesarios para formar gobierno. Los demás partidos no están por la labor y ya han anunciado hasta la saciedad, su no a Rajoy. Cabe la duda o sospecha que, al final, sino el PSOE al completo, sí parte de sus diputados votarán absteniéndose para que el gobierno actual deje de estar en funciones. Mucho he criticado la repetición de las llamadas a las urnas porque a nuestros políticos no les gusta ceder en nada. Quieren ir de sobraos. No desean compartir con otras formaciones el diálogo y la negociación. Y los ciudadanos les hemos dicho que se acabaron las mayorías absolutas, la aplicación del rodillo, la política única. Pero no quieren enterarse porque, si no lo remedian, acabaremos nuevamente acudiendo a votar el día de Navidad. Un día en el que, la mayoría de la gente, se traslada para pasarla junto a sus familias, con gran afluencia de desplazamientos, sin contar a las personas que, ese día, deben acudir a las mesas electorales después de una feliz Nochebuena. ¿Serán capaces de robarnos la Navidad?

          Mientras tanto, y beneficiados por la inseguridad en países africanos, se han batido en España todos los récords históricos en el sector turístico, la primera industria de nuestro país, tanto por la llegada masiva de extranjeros como por la fuerte recuperación de la demanda nacional. Al mismo tiempo, el gasto en consumo también experimenta un saludable crecimiento, como refleja el INE. Son sólo dos indicadores de la mejoría que tiene una incidencia directa en eso que se da en llamar la economía real. Pero, en contraste, los españoles están seriamente preocupados por el deterioro de la situación política en la que queda claro el hastío ciudadano por la incapacidad que está demostrando nuestra clase dirigente para garantizar la gobernabilidad y permitir la formación de un nuevo Ejecutivo (del signo que sea) que encare los retos urgentes. Incluso hay quien se pregunta si, verdaderamente, es necesario un gobierno. En Bélgica estuvieron sin gobierno más de año y medio, y su economía repuntó favorablemente. Pero sí, la transitoriedad nunca es buena. Aunque, en este país, hay que distinguir entre la España real y la España de los políticos.

          Parece que los tontos-políticos dominan el mundo y así nos va. Siempre he creído (ahora ya no) que el poder debería estar en manos de los mejores y más preparados. Los que tienen el poder ahora demuestran cada día que son incapaces de solucionar los problemas del mundo, pero en lugar de reconocer sus enormes limitaciones y su fracaso, se niegan a rendir cuentas de sus errores y de los daños que causan desde el poder. No sólo no reconocen sus fracasos, sino que ni siquiera piden perdón. La respuesta de los tontos-políticos es la arrogancia y el mundo, de la mano de fracasados e ineptos, camina hacia donde camina. 

          Tipos como González, Aznar, Zapatero y Rajoy, mandamases de los españoles en las últimas décadas, son hoy tontócratas solemnes. Los tres primeros han perdido, cada uno por diversos motivos, el respeto y la fama, mientras que Rajoy exhibe un presente lamentable y triste: ni tiene amigos, ni consigue el aprecio de la ciudadanía, ni sabe dialogar, ni es capaz de formar un gobierno (si no es por la iniciativa del Sr. Rivera), a pesar de que le faltan apenas una decena de diputados. La política española demuestra cómo miles de profesionales se quedan estancados y empiezan a declinar justo cuando alcanzan el nivel de su incompetencia.  Nadie duda que Rajoy sea un buen registrador de la propiedad, pero como político es un desastre que reúne carencias y vicios que le inhabilitan para el liderazgo: indolencia, pasividad, incapacidad de transmitir, torpeza para despertar entusiasmo, imposibilidad de agitar, nulidad para trazar metas ilusionantes y objetivos comunes. Sí, ya sé, alguno me dirá que le han votado casi 8 millones de personas. Pues no, aquí se vota un proyecto político, un parlamento. Y es ése parlamento quien designa al Presidente del Gobierno. Que yo sepa, todavía no tenemos listas abiertas para designar a las personas con nuestro voto salvo en el Senado.

La estupidez domina un mundo donde lo que da fama y dinero, como todo el mundo sabe, no es la cordura ni la cultura ni la inteligencia, sino el impacto visual y presentar modelos de vida que permiten ganancias, aunque estén desprovistos de ética y grandeza. 

Miguel F. Canser

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¿QUÉ NOS HAN DEJADO LAS ELECCIONES?

Ya sabemos (ya lo sabíamos antes) que estos nuevos comicios no han servido para esclarecer la formación de un gobierno estable. Nuevamente, los ciudadanos han dicho a las formaciones políticas que nadie tiene el poder absoluto, que dialoguen, que negocien y, sobre todo, que pacten. No queremos nuevas elecciones (tampoco las queríamos antes) porque no queremos que ningún partido tenga la mayoría suficiente para que pueda aplicar el ya famoso “rodillo”. Se impone el consenso, el intercambio de ideas, ceder aquí o allí, que cada uno arrime el hombro y aporte su idea de programa que termine en el ensamblaje de un proyecto de gobierno destinado a mejorar la vida de la gente. ¿Qué harán ahora? No creo se les ocurra ir de nuevo a las urnas.

          Pero, ¿cómo se han conseguido los escaños? En anterior ocasión ya analizamos nuestra famosa ley D´Dont que considera la circunscripción en la provincia en vez de comunidad autónoma como está desarrollado el Estado y cuyos más beneficiados son los partidos grandes y los “regionales”.  En concreto, al PP le ha costado obtener un diputado 57.698 votos, muy por debajo de los 97.601 que se ha visto obligado a lograr C`s para obtener un mismo congresista. Expresado en otros términos, esto significa que el Partido Popular, pese a haber logrado el 33,03% de los votos, ha obtenido el 39,14% de los diputados, lo que supone una tasa de ventaja de 1,18 veces. La desproporción tiene que ver, sobre todo, con el hecho de que su aplicación se combina con tamaños de distritos pequeños. Las circunscripciones mayores son las que registran resultados más proporcionales; las menores, los menos proporcionales. Fíjense en la diferencia entre la circunscripción provincial o autonómica:

                                                              ESCAÑOS                 ESCAÑOS

PARTIDO                    VOTOS                PROVINCIAL            AUTONOMÍA

P.P.                            7.902.147                    137                             124

PSOE                         5.423.171                     85                               83

UNIDOS PODEMOS   5.010.357                     71                               75

C´S                            3.122.192                     32                               44

          Está claro. Con la actual ley, un voto no vale lo mismo en un sitio que en otro. Esta desigualdad es preciso eliminarla. Es necesaria una reforma de la ley electoral.

          Otro dato que nos han dejado estos comicios, es que las encuestas no han funcionado. Nadie esperaba la subida de votos del PP, y que no hubiera “sorpasso” de Unidos Podemos al PSOE. Sí se esperaba, por el contrario, la pérdida de votos de C´S. Dicen que ha funcionado la política del “voto útil”; aunque lo más incomprensible es que el PP ha obtenido más votos y más escaños, allí donde la corrupción ha sido más evidente: Madrid, Valencia, Castilla León, Galicia, etc., y en ciudades como Zaragoza y Sevilla. Por otro lado, los de Unidos Podemos dicen  que ha funcionado la política del miedo. Es posible, pero quizá el miedo lo daban ellos por su ambigüedad, por sus bandazos de posicionamiento, por sus promesas de difícil cumplimiento y por sus apoyos a ciertas políticas cuya historia reciente nos ha dicho que no funcionaban. Otros denuncian que la unión con IU no ha sentado bien a todos sus electores. En fin, ellos sabrán,  con el tiempo se verá.

          De cualquier modo es difícil entender, al menos para mí, los resultados de estas elecciones. Que el PP haya obtenido casi 700.000 votos más, que Unidos Podemos haya perdido 1,1 millones de votos y que C´S haya perdido casi 400.000, indica que existe una parte ingente de votantes que cambian su voto dependiendo de no sé qué motivos en tan poco tiempo: ¿Hastío?, sin olvidar que la participación ha sido 4 puntos por debajo de las anteriores elecciones. 

          Al margen de esto, ahora toca ponerse a trabajar pensando en la gente, dejando de lado los intereses de partido, dialogando, negociando porque ya no existen mayorías absolutas. Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia. Recordando a Churchill: “El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que el predijo”.

Miguel F. Canser

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ME LO PIDE EL CUERPO

En unos días, volveremos a las urnas porque nuestros políticos han sido incapaces de llegar a acuerdos y pactar; nos obligan de nuevo a que nos pronunciemos porque no les ha gustado lo que hemos votado en diciembre pasado. Y que pasaría si, como es presumible, el resultado del 26-J fuera similar al anterior, ¿volverán a decirnos que tampoco les gusta y que volvamos a votar? Estoy seguro que no, que ahora sí tendrán que entenderse. Entonces, ¿por qué antes no? Algunos han llamado esta nueva votación la “segunda vuelta”. Y no es cierto. En este país no existe eso. Es, simplemente, una llamada a las urnas de nuevo en toda regla, con el gasto económico que eso conlleva (130 millones de €), a los que hay que añadir, de nuevo, las subvenciones que se repartirán los distintos partidos por el sufragio de los votos recibidos.

           Una cifra poco desdeñable de dinero público destinada al correcto funcionamiento de las instituciones, pero quizás excesiva cuando se da por partida doble. Todo apunta a que la cifra sería bastante similar: Logística (12,5 millones), Administraciones Públicas (55,1 millones), Correos (48 millones) y telecomunicaciones (12,8 millones), más un millón y medio de euros destinados a imprevistos. Estos 130.244.505,08 euros invertidos en la jornada electoral son equiparables al presupuesto autonómico destinado, por ejemplo, a Castellón o a Jaén para este año 2016, todavía prorrogados ante la incertidumbre política. Tampoco aquí fueron capaces de llegar a un acuerdo para intentar gastar menos. ¡¡Qué generosos son con el dinero de los demás, cuando no es suyo!!. Mientras, las consultas y pruebas médicas se dilatan en un tiempo escandaloso, y se restringen algunos tratamientos necesarios por falta de presupuesto; sin contar los recortes en ayudas a la dependencia. Es, sencillamente, incomprensible. Y si alguien piensa que esto es demagogia, lo siento pero tengo que escribirlo porque me lo pide el cuerpo. Sería fácil para mí, comentar los gastos superfluos en infraestructuras que se han realizado en todo el Estado que no sirven para nada: Aeropuertos, carreteras de peaje en quiebra, instalaciones ya terminadas que aún  no se han inaugurado…, etc. Dirán que también es demagogia, pero me lo sigue pidiendo el cuerpo.

          Siempre he denunciado desde estas páginas la insensibilidad política hacia lo corriente, de lo que se mastica en la calle, de lo alejados que están nuestros políticos del sentimiento común y el deseo de las personas.  Todos hablan de regeneración política, pero ninguno hace nada por conseguirlo. Son incapaces de dialogar, ceder y pactar. Lo más importante son sus siglas y su partido; lo demás es secundario. Sólo saben perder el tiempo y gastar, gastar y gastar en cosas no perentorias.

          La vida cotidiana de miles de personas que se cruzan en un día cualquiera ante cada uno de nosotros, es una extensa trama de realidades sociales y profundamente humanas. Cada persona va ajustando su realidad a los hechos que le toca vivir, sus circunstancias, su trayectoria de vida y los recursos con los que va construyendo las posibilidades de enfrentar los retos que la vida misma  se encarga de poner como parte de la existencia individual y colectiva. Cuando la norma y la acción social del Estado se desdibujan ante la ciudadanía, el desencanto aparece. ¿En qué creer cuando los responsables de hacer cumplir la ley y de ofrecer los servicios que el gobierno está obligado a brindar a sus ciudadanas y ciudadanos, son omisos y caen en prácticas de impunidad y corrupción? Eso sí que le llamo yo demagogia política. Todo indica que se requiere sensibilidad e inteligencia política, ambos aspectos ausentes en nuestros políticos electos.

En fin, la realidad rebasa por mucho la imaginación que pudiéramos tener de lo que es capaz la clase política. Los actos de corrupción que se reflejan en nuestra sociedad son un insulto a los pobres de este país y dice mucho de la ética, la moral y la sensibilidad de nuestros líderes. No han podido ver los signos de perturbación social y la urgencia de los cambios que reclamamos. La mayoría de los legisladores han perdido su razón de ser y su perspectiva nacional para convertirse en meros predicadores de la discordia y la desunión. Por favor, atiendan al mandato recibido en las urnas, trabajen para mejorar la vida de la gente, dejen de mirarse su propio ombligo, y gasten racionalmente, diferenciando entre un gasto necesario de uno imprescindible y no pierdan más el tiempo.

Miguel F. Canser

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1º. DE MAYO

Como cada año, llega la fecha de la celebración del día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo. Siempre se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras. Desde su establecimiento en la mayoría de países, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a todas las personas que lucharon por una sociedad social y laboral más justa. En España los sindicatos organizan grandes manifestaciones que recorren las calles de las principales ciudades del país en las que se reclaman mejoras laborales. Sin embargo, el tono reivindicativo se ha ido perdiendo los últimos años entre el descrédito de las grandes centrales. 

          El drama para estas organizaciones es que a los 1º de mayo ya no acuden ni siquiera la totalidad de sus liberados. ¿Por qué han sufrido ese desprestigio? ¿Por qué la mayoría de los trabajadores ya no confía en las grandes centrales sindicales? Durante la Dictadura de Franco, UGT y CNT libraron una dura batalla política en la clandestinidad: la caída de aquél y la defensa de los derechos de los trabajadores se situaban en el mismo plano. En los años 60, otro sindicato, nacido en Asturias, y ligado al PCE, Comisiones Obreras, se sumó a la lucha. La recuperación de la democracia fue, en gran medida, fruto de ese combate en el que algunos se dejaron la vida y muchos sufrieron la cárcel y la represión. El gran acierto de Nicolás Redondo y Marcelino Camacho (ambos forjados en los años duros del franquismo) fue hacer de UGT y CCOO unos sindicatos capaces no sólo de convocar huelgas, sino de negociar acuerdos con la patronal y con el Gobierno. UGT y CCOO dieron enorme cohesión al movimiento obrero y se convirtieron en un interlocutor efectivo con la CEOE y con gobiernos de distintos colores.

          Pero, en paralelo a su consolidación, los sindicatos se convirtieron en organizaciones poderosas, con unos aparatos burocráticos pesados y costosos de mantener. Los grandes sindicatos reciben dinero de los presupuestos del Estado, de las Comunidades Autónomas e incluso de algunos ayuntamientos. El mecanismo de los liberados les ahorra costes laborales y crea una casta de militantes que no trabaja, pero que cobra como si lo hiciera. La intervención de las centrales en los expedientes de regulación de empleo les ha proporcionado una jugosa fuente de financiación. Si a ello añadimos el dinero que reciben por los cursos de formación, donde el fraude es generalizado, tenemos una clave fundamental para entender el anquilosamiento de estas organizaciones. Al igual que los partidos, UGT y CCOO han estado representados en entidades públicas. Los dos han tenido representantes en los máximos órganos de gestión de las antiguas cajas de ahorro. Algunos de los males que denuncian en sus manifestaciones han sido generados por ejecutivos que han gozado de su respaldo. Muchos dirigentes sindicales han cobrado sueldos de escándalo y no denunciaron, cuando todavía se estaba a tiempo de evitarlo, la deriva especulativa que terminó con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Asímismo, cuando han tenido problemas con sus ingresos (las cuotas de sus afiliados apenas cubren una mínima parte de sus gastos), no han dudado en aplicar una reforma laboral que públicamente detestan, para echar a sus empleados.

          En cuanto a los mensajes que lanzan a la opinión pública, no hay más que demagogia. Proponer más inversión pública, pedir aumentos salariales en sectores en recesión, reclamar subidas de pensiones cuando el sistema de la seguridad social hace aguas por todas partes, demuestra lo alejados que están de la realidad. No sólo eso, lo perezosos que se han vuelto a la hora de innovar su lenguaje y sus propuestas. No es extraño que la mayoría de los ciudadanos les perciba como organizaciones cuyo fin último es la pervivencia de la propia organización. No es de extrañar, por tanto, que el 1º de mayo los trabajadores que pueden hacerlo se marchen a la playa o al campo y no se sientan atraídos por marchas desangeladas y discursos caducos.

          Y, sin embargo, los sindicatos son necesarios. En una sociedad cada vez más desapegada respecto de las instituciones, las centrales han sufrido un proceso similar al de los partidos. Pero cuando el sistema de producción está basado en las empresas, la existencia de organizaciones que representen a los trabajadores es crucial para que exista diálogo social. En el mundo globalizado en el que vivimos, donde la competitividad es crucial para mantener el nivel de vida y la riqueza, la calidad y la innovación, hacer que permita salarios dignos y garantice la “gratuidad” de la sanidad, la educación y pensiones sostenibles,  los sindicatos deben tener un papel más activo en las empresas. No sólo como contrapeso frente al capital, sino como garante de la rentabilidad, única forma de mantener y aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Por ello, en lugar de ser una rémora para el incremento de la productividad, deberían ser un elemento dinamizador de la misma. Trabajadores mejor formados, responsables en sus funciones, son una condición necesaria para que las empresas puedan crecer y exportar; para que los sindicatos no terminen desapareciendo, COO y UGT deben hacer un gigantesco esfuerzo de renovación, autocrítica y transparencia.

Miguel F. Canser/ www.cansermiguel.blogspot.com

CANSANCIO

Han pasado más de 100 días desde que se celebraron las elecciones generales, y aún no hay signos de poder vislumbrar la composición de un gobierno que pueda estabilizar la vida diaria de todos los españoles; es decir,  la atención de los asuntos más urgentes que ya no se pueden dilatar más en el tiempo: la reforma laboral, el paro, la sanidad, la educación, los temas pendientes  con la Unión Europea, sin olvidar una reforma profunda de nuestro sistema electoral. No pueden esperar. Su transitoriedad y la incertidumbre que supone a los agentes sociales y empresariales, está perjudicando notablemente la convivencia diaria; postergando asuntos que ya muchos claman y demandan a nuestros políticos se dediquen, de una vez por todas, al mandato que los ciudadanos han plasmado en las urnas: diálogo y consenso para establecer un gobierno multicolor, sin mayorías,  para que, cada formación política aporte una pizca (no un todo) de su programa electoral. En definitiva, se trata de negociar, no de imponer ni exigir.

Parece que nuestros políticos esto no lo han comprendido, quizá porque no están acostumbrados al resultado de las últimas elecciones. Siempre se han movido en mayorías absolutas o rozando éstas, y el consenso se limitó con un partido minoritario, a nivel nacional y de tinte nacionalista. Pero ahora ha cambiado todo, y tienen que adaptarse.  No están entrenados en la negociación, y mucho menos, en ceder de su parte para llegar al acuerdo. Los ciudadanos han hablado y han dicho lo que quieren. No pueden obligarnos a volver a votar. No pueden decirnos que no les ha gustado lo que hemos decidido, que no están de acuerdo, y que volvamos a hablar. Dedíquense a lo que se le ha encomendado, trabajen en ello.

La sociedad está cansada y descorazonada, y contempla con hastío creciente a unos representantes incapaces de mirar más allá de sus propias siglas; parecen condenados a vivir, jornada tras jornada, el día de la marmota, arrastrando consigo el fruto de los muchos esfuerzos que durante los últimos largos años han hecho los ciudadanos. O despiertan, decididos a cambiar el rumbo, o todos, ellos mismos también, acabarán por pagarlo. El diálogo y el consenso son dos firmes pilares sobre los que se levanta y sostiene el edificio de la democracia.. El diálogo, en democracia, es su seña de identidad. Cuando las partes no están dispuestas o predispuestas a dialogar, mediante el intercambio de sus opiniones y argumentos, se produce lo que gráficamente se conoce como “diálogo de sordos”.
Hablan, pero no se escuchan. Están parapetados en sus trincheras ideológicas y de partido y de ahí no se mueven.
Para que exista diálogo, tiene que haber ánimo dialogante. Se olvidan de una cosa esencial en toda democracia: respetar el pluralismo político.

Hasta ahora hemos asistido a una lucha por los sillones y por abarcar zonas de poder, vetando al político contrario a su ideología, cuando no a luchas intestinas para decidir quién manda en el partido y que estrategia seguir. La política se ha convertido en el paraíso de los charlatanes. Se aprenden de memoria el discurso políticamente correcto de cara a los medios de comunicación, pero actúan muy diferente. Su preocupación máxima corresponde a la obtención de votos y no escatiman esfuerzos para “vender su producto”, el que ellos quieren que nosotros “compremos”, obviando si ese producto es bueno para nosotros o no. El enemigo más temible de la democracia es la demagogia. Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública.

Si la actividad política no se dirige hacia la búsqueda de la justicia y el bien común, termina por convertirse en un corrupto juego de intereses. Como decía Guy Mollet, “la coalición política es el arte de llevar el zapato derecho en el pie izquierdo sin que salgan callos”.

Miguel F. Canser

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AFORAMIENTOS

Un aforado es aquel que tiene el derecho de ser juzgado por un tribunal distinto al del resto de ciudadanos si se le imputa por un delito, gracias a su cargo público o profesión. Nuestra Constitución reconoce el aforo del Rey, la Familia Real (la Reina Letizia, los reyes Juan Carlos y Sofía y la Princesa de Asturias), y a los miembros del Gobierno así como a los diputados y senadores; mientras que la Ley Orgánica del Poder Judicial, recoge este derecho para los miembros del ámbito judicial como el presidente del Tribunal Supremo y los distintos Estatutos de Autonomía son  para los cargos de las comunidades autónomas. El Rey tiene el mayor grado de protección, no está sujeto a ningún tipo de responsabilidad. El artículo 56 de la Constitución lo protege de cualquier investigación, incluso en su vida civil y privada (nunca he entendido este privilegio). Así pues, en España tenemos, nada más ni nada menos,  17.621 aforados, sin contar los cuerpos y fuerzas de seguridad, que tienen un aforamiento parcial. Con ellos, el número se eleva a 280.159.

Son varias las voces que han cargado en las últimas semanas contra el excesivo número de personas que cuentan con privilegios judiciales en nuestro país. Una cifra récord en Europa. En países como Alemania, Reino Unido o EE.UU. los políticos y cargos públicos son juzgados por los mismos tribunales que al resto de ciudadanos de a pie; estamos en una situación muy alejada del panorama de Portugal e Italia donde sólo tiene esta protección judicial el presidente de la República; o de Francia, donde gozan de ésta el presidente, el primer ministro y su Gobierno. Pero especialmente representativo es el caso alemán, con cero personas aforadas.  El aforamiento es, en esencia, un fuero que tienen los miembros de las cámaras que implica que las causas que se puedan seguir contra ellos sólo las pueda conocer o el Tribunal Supremo (TS), en el caso de los estatales, o el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de su comunidad autónoma, para los autonómicos. Gozan también de este fuero los miembros de los órganos judiciales superiores.

Pero, ¿por qué el aforamiento?  En su origen, el objetivo era que un cargo público de este nivel (no existe por ejemplo para los alcaldes) pudiera ser sometido a una decisión colegiada (como es el caso de tribunales superiores), en principio más experta que una individual, y que contara con las garantías de que ese alto tribunal es menos vulnerable a presiones políticas que pudieran distorsionar su decisión, que un juez de primera instancia e instrucción. En cualquier caso, el aforamiento sólo debería establecerse exclusivamente en aquellos asuntos implicados en el uso de su desarrollo político. Si un congresista o  senador, tuviera que ser juzgado por un delito que no tiene nada que ver con su trabajo, el aforamiento no debería de existir para no quebrar el principio de igualdad ante la ley; además, no está garantizada la independencia de los tribunales superiores a los de primera instancia; es más, estos tribunales no están tan politizados como el Tribunal Supremo, cuyos miembros los nombra  el Consejo del Poder Judicial, y a éste, los políticos.

Creo que esta práctica debería suprimirse sin lugar a dudas. En la actualidad, carece de sentido sencillamente porque las circunstancias en las que se justifica la existencia del aforamiento, han desaparecido completamente: los jueces son independientes y sólo están vinculados a la ley en el ejercicio de sus funciones. Si se predica de todos los jueces y se aplican en todas las instancias, sin excepción alguna, no tiene por qué haber mayor grado de independencia en el TS que en una Audiencia provincial. Si la ley es igual para todo ciudadano, los aforamientos sobran. Si tenemos más de 10.000 aforados, es que la ley, en principio, no es igual para todos los españoles.

Miguel F. Canser

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¡¡¡ PÓNGANSE A TRABAJAR !!!

Después de más de un mes que se han celebrado las elecciones, nuestros representantes elegidos aún no han hecho nada inteligente por el bien del País, y siguen dedicándose a pelear por los sillones que cada uno aspira; intentando que el rival ideológico y político tenga las menos posibilidades posibles de incidir en las decisiones. Para eso se inventaron los pactos. La lucha es tan encarnizada, tan extremista, que necesitan demonizar al adversario negándole, casi, hasta la respiración si hiciera falta.

          Estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso. Se pasan la pelota de la responsabilidad unos a otros y algunos, con menor representación, se ofrecen para formar un gobierno con la condición de apropiarse la vicepresidencia y algún que otro ministerio; por no mencionar la cesión de senadores a otro grupo político para que puedan formar grupo propio. No deja de ser una pillería que degrada la voluntad del voto depositado en las urnas. ¿Para qué nos consultan? Si hacen y deshacen mirando el bienestar político de su partido. No me extraña que la gente esté harta y muchos digan que “la política no les interesa” ya que “todos son iguales”. Intentan captar mezquinas migajas de un efímero presente.

          Han quedado relegados temas tan importantes como un pacto serio y consensuado de la educación, establecer controles y protocolos necesarios para que los casos de corrupción se detecten antes de producirse, un pacto amplio de todos los partidos sin excepción, por encima de cada pensamiento ideológico, de modificar una ley electoral rancia y trasnochada para que sea más justa y equitativa; sin olvidar que es urgente una regeneración democrática e institucional; una lucha eficaz contra el paro, modificando una ley laboral donde el trabajador no tiene ningún derecho y está a merced del empresario de turno, sin olvidar crear situaciones interesantes para éste que, en definitiva, es quien tiene que crear empleo ayudando más si cabe al pequeño empresario y al autónomo , porque no puede tratarse de igual forma a éstos que a las grandes multinacionales; modificando un Impuesto de Sociedades para que éstas, paguen lo que verdaderamente les corresponde, luchando contra el fraude que produce alguna que otra ingeniería financiera; sin olvidar impulsar las políticas sociales.

          Son algunos ejemplos –hay más—de lo que sus señorías podrían dedicarse desde que se han celebrado las elecciones. La duodécima legislatura tuvo su presentación el día 13 de enero. Ese día asistimos a un exceso de ligerezas y postureos que más bien se parecían a una jornada de puertas abiertas que a la constitución del nuevo Parlamento. El pueblo asistía perplejo ver correr a sus señorías por los pasillos para sentarse en los mejores sitios. Lamentable, por otra parte, que a los novatos que acceden a ese club tan exclusivo no se les informara con antelación de la relación de servicios que la Cámara les ofrece (ubicación de lavabos, guardarropa, guardería, etcétera); sin olvidar el sainete de los juramentos con el puño en alto, que más parecía estar asistiendo a un mitin, que al compromiso de acatar la Constitución. Parecía la taberna de la esquina donde proferimos frases felices y ocurrentes para impresionar a los amigos.

El show del día 13 de enero es pasajero y anecdótico, pero los problemas reales como la gobernabilidad y unidad de España, así como la reactivación económica con la consiguiente creación de empleo de calidad deberían ser los dolores de cabeza de sus nuevas señorías. Y no parece que esto se encuentre en la agenda de sus prioridades a corto plazo al menos. Por desgracia para todos….. ¡¡Póngase a trabajar de una vez!!.

Miguel F. Canser

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Y AHORA: ¿QUÉ?

Ya se han celebrado las elecciones, y el cacao que se ha formado ha sido tremendo. Ninguna formación ha obtenido la mayoría necesaria para poder formar gobierno y, además, las perspectivas de posibles alianzas y apoyos son complicadas. La irrupción de Podemos y Ciudadanos ha resquebrajado el bipartidismo que ostentaban el PP y el PSOE. Un tercio de los votos en estas elecciones ha ido a parar a las formaciones lideradas por Pablo Iglesias (20,7 %, si se incluyen las mareas) y por Albert Rivera (13.9 %). A nivel provincial, la media de votos al partido más votado en 2011 era del 50%. En estas elecciones, ha bajado al 35%. A pesar de la ruptura del bipartidismo, gracias a la ley electoral, el PP y el PSOE mantienen ciertas diferencias en el hemiciclo del Congreso. Ambos partidos se han desplomado con respecto al histórico de resultados y la diferencia en escaños entre los partidos clásicos y las nuevas formaciones es superior a la que se desprende del porcentaje de votos. Pero, ¿qué hubiese ocurrido sin el sistema D'Hondt?.

          Si sólo hubiera una circunscripción electoral en España, todos los votos valdrían lo mismo, con independencia del lugar desde donde salieran. En este caso, habría un arco parlamentario aún más numeroso, porque partidos como PACMA, UpyD, BNG o UNIÓ, entrarían en el Parlamento. Así, el Congreso estaría representado de esta manera: PP hubiera obtenido 100 escaños (-23), PSOE: 77 (-13), PODEMOS: 72 (+3), C´S: 47 (+7), IU: 13 (+11), y hubieran entrado partidos como BILDU, PACMA, UPyD, VOX, UNIÓ, C.C. y BNG entre otros. El sistema D´Hont prima a los partidos mayoritarios en cada circunscripción electoral, que en el caso de España es la provincia. Esta fórmula fue adoptada en tiempos de la Transición para conjurar el temor existente entonces sobre la inestabilidad que podría causar en el país un Congreso demasiado dividido. Ya se ha comprobado que, aún así, el Parlamento está tan fraccionado como voluntades distintas del electorado existen.

          Y ahora, ¿qué? No hay duda que los dos partidos más emergentes (Podemos y Ciudadanos) han dado un vuelco al electorado. Y ambos se pronuncian por una reforma de la ley electoral para  que se deje de primar a los grandes partidos y que, sin duda, hoy es ya una reforma tan necesaria como justa. Aunque, a la vista de los resultados de estas elecciones, tampoco se puede decir tajántemente que el bipartidimo no existe ya, porque si se apoyaran mutuamente P.P. y PSOE, habría mayoría suficiente para gobernar dejando a Podemos y Ciudadanos en una mera oposición. Pero no, ese acuerdo es antagónico entre ambos. La historia de nuestra democracia así lo refleja: la incapacidad de ambos partidos para ponerse de acuerdo en la gobernabilidad del País ha sido manifiesta de siempre. Ha primado más el interés del partido de turno, que la conveniencia de efectuar políticas adecuadas para el bienestar común de todos. Sólo se han preocupado de acusarse mútuamente de los males que nos invaden, sin arrimar el hombro al unísono para solucionar los mismos. En fín, así nos va.

          En la noche de las votaciones, cuando oyes hablar a los distintos responsables políticos resulta que ninguno ha perdido. Todos han ganado y se sienten satisfechos por el resultado. Se lamen las heridas de puertas para adentro, que nadie vea su rabia contenida, sus miserias. ¿Alguna autocrítica por la debacle electoral de los grandes? Ni el Sr. Rajoy ni el Sr. Sánchez la han utilizado. Rajoy presumió de ser la fuerza más votada, criticó lo mal que le va al PSOE;  y el Sr. Sánchez, que dijo en campaña que si no ganaba sería un fracaso, ahora resulta que está buscando apoyos para intentar ser Presidente del Gobierno si no prospera la candidatura de Rajoy.

          El panorama político que han dejado las elecciones es desconcertante y dicen que ingobernable; y no se dan cuenta que los ciudadanos ya se han manifestado y, el resultado, es que nadie tiene el poder para hacer y deshacer, sino que este resultado es para que hablen, dialoguen y se pongan de acuerdo. Me temo que, seguramente,  tendremos que acudir a las urnas de nuevo precisamente por esa falta de consenso que siempre ha existido.

Miguel F. Canser

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PROMESAS ELECTORALES

Una promesa electoral es una promesa hecha al público por un político que está tratando de ganar unas elecciones. Las promesas electorales son parte de un programa electoral y suelen contener ideales no definidos y generalizaciones como también promesas específicas.  Son un elemento esencial para lograr que la gente vote por un candidato  u otro. Por ejemplo, una promesa como reducir los impuestos o  introducir nuevos programas sociales puede definir la intención del votante. El próximo día 20 de diciembre se celebran las elecciones generales de este País y los aspirantes nos van a bombardear con las bondades de sus programas; incluso, más de uno, realizará promesas que saben no van a ser capaces de cumplir, ni siquiera intención de realizarlas; sobre todo aquellos candidatos que saben a ciencia cierta que no van a salir elegidos.  No les importará prometer y prometer proyectos irrealizables porque no se van a ver comprometidos en su realización. La experiencia, después de casi 40 años de democracia, es que los elegidos no llevarán a cabo, mayoritariamente, todo lo que prometieron; máxime cuando dependemos de los jefes de la Unión Europea que están como una espada de Damocles para que no te desvíes de “su proyecto”. Esta es la excusa que tienen nuestros políticos.

            Pero, ¿el ciudadano de a pie se impregna de los distintos programas electorales para decidir su voto? Sinceramente creo que no. Se vota por afinidad, por ideología (lo hayan hecho bien  o no), por costumbre, por cambiar, por continuidad, por temor, por castigo... o por la combinación de varias razones a la vez. Cada uno tiene las suyas. “Yo nunca votaré a la derecha o a la izquierda”, porque “es paisano mío”, etc. Aunque existe un gran número de votantes indecisos que votarán a un partido o a otro, dependiendo de lo que hayan hecho la legislatura anterior; y este voto sí que resulta decisivo para ganar unas elecciones.  Estamos acostumbrados a no creerles cuando hacen promesas. Nos hemos acostumbrado a ser escépticos cuando leemos, oímos o vemos a los políticos explicando sus propuestas electorales y en nuestra mente ya tenemos instaurado el mantra de la vaciedad de la palabra del político. Sin embargo, convocatoria electoral tras convocatoria votamos porque es nuestra obligación hacerlo. Y por lo que reflejan las encuestas para los próximos comicios de este año lo haremos incluso por encima de elecciones pasadas. Eso significa que no decimos toda la verdad cuando manifestamos ese escepticismo y desapego político o que nuestros criterios a la hora de valorar nuestro voto han ido evolucionando y son distintos a los de hace años. Es decir, ese abanico abierto de la razón del voto se adapta a la circunstancia electoral de cada momento. Cada coyuntura electoral, por supuesto, es diferente. Y la de las elecciones generales de finales de año, también.

 Pero para la inmensa mayoría hay una variable prácticamente común, y no es otra que la exigencia de sinceridad al político o a la formación a la cual dirigimos el voto. Es decir, le creamos o no, le hayamos votado por esa o por cualquier razón, al político se le exige sinceridad primero y coherencia después. En este sentido, a pesar de la frecuencia con que los políticos ceden ante la comodidad de propuestas fáciles de enunciar y vender pero imposibles de cumplir, deben saber que más tarde o más temprano el ciudadano les pasará factura. Eso, si antes no los castiga por tratarlos como idiotas. Lo digo porque muchos candidatos, en la actual precampaña, ya han empezado a caer en la tentación. Y si aún falta menos de un mes para la convocatoria próxima, no les digo lo que serán los últimos días. Que lo tengan en cuenta.

Quizá sería aconsejable obligar de alguna manera, por ley, a cumplir el programa electoral por el que ha sido elegido. Para mí, y así está sustentado en el espíritu de la ley, un programa electoral es como un contrato (no mercantil) entre representante y representado; y cuando un partido político no sólo no lo cumple,  sino que hace todo lo contrario a lo que prometió y por lo que se le votó, resulta una alarma social que, de alguna manera, ese partido o candidato, debe ser castigado por engañar al electorado. Debería estar deslegitimado para seguir gobernando. Escandaloso ha sido el caso del programa con el que el Sr. Rajoy y el P.P. ganaron las elecciones generales del 2011. Subió los impuestos cuando prometió bajarlos, recortes sanitarios y sociales cuando prometió lo contrario, rescate millonario a las antiguas Cajas de Ahorro a costa del bolsillo del contribuyente (aquí dijeron que no: también mintieron); todavía hoy, según las encuestas,  sigue siendo la primera intención de voto de los ciudadanos……. Respeto  quien lo haga, aunque me cueste entenderlo.

Los programas de los partidos se parecen mucho a los presentados la legislatura anterior, parecen un calco de ella y ésta de la anterior. Se repiten constantemente porque no se han cumplido en su inmensa mayoría. En fin, la cuestión tiene una doble cara: la responsabilidad política de cumplir los compromisos, expresados en promesas y programas, y la responsabilidad de elegir con responsabilidad y sensatez que corresponde a los electores (razón que convierte en políticos a todos los ciudadanos de la democracia aunque no tengan cargo alguno, guste o no). El derecho a elegir es la columna vertebral de la democracia, y conlleva la obligación de elegir lo mejor posible.

Miguel F. Canser

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PUERTAS GIRATORIAS

Se conoce como puerta giratoria al movimiento de altos cargos entre el sector público, el sector privado y viceversa. El término "puerta giratoria" toma un sentido especialmente peyorativo en la medida que se aplica a funcionarios que pasan de una administración que ejerce el control sobre una industria en particular a una empresa de dicha industria. En determinados países, esta práctica está sujeta a regulación o es considerada un delito. En España existe una ley de incompatibilidades vigente del año 2006 que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Según esta ley, los altos cargos que abandonen su puesto tienen un periodo de dos años (no siempre se ha cumplido),  en los que existen una serie de limitaciones a la asunción de responsabilidades en empresas privadas, así como la obligación de presentar ante la "oficina de conflicto de intereses" un informe acerca de las actividades a realizar; además, deben abstenerse de realizar cualquier actividad que guarde relación con las responsabilidades ejercidas en el cargo público anteriormente ejercido.

             El fenómeno de las puertas giratorias surgió en España desde los primeros días de la democracia,  pero se ha extendido y acentuado en los últimos años hasta alcanzar niveles alarmantes para el sistema. Consiste en la recolocación de los altos cargos de la Administración pública en empresas privadas en las que perciben sueldos astronómicos a cambio de sus conocimientos de los asuntos públicos y sus relaciones políticas. En definitiva, no es más que un “premio” por los “servicios prestados” cuando estaban ejerciendo su cargo público; bien porque no se desarrolló durante su mandato normativa lesiva para esas empresas,  o no se promulgaron leyes que las perjudicaran; o bien se le hubiese adjudicado en algún momento un contrato o una determinada concesión por un organismo del Estado. En definitiva, es otro modo más de corrupción política.

             Hoy día, la mayoría de las empresas que conforman el llamado Ibex 35 tienen en sus nóminas a alguno de los personajes que han ocupado un puesto relevante en el aparato del Estado. A ninguno de ellos, los he visto ni escuchado que dijeran algo en contra de las medidas restrictivas de derechos que hemos sufrido los que en este país pertenecemos a la llamada clase trabajadora. Ni el más mínimo guiño de complicidad con aquellos que más han sufrido y siguen sufriendo los recortes establecidos en las distintas reformas llevadas a cabo por los dos partidos que han gobernado este País: PSOE y PP; más bien diría todo lo contrario, es decir, justificaban una y otra vez que esas medidas tan antisociales e injustas eran necesarias para salir de la crisis, cuando la misma la han producido los mismos políticos que dirigieron los últimos gobiernos de España, y en consecuencia, eran los que sustentaban a las direcciones de las multinacionales que hoy ocupan esos puestos en las empresas privadas, con unos sueldos que con toda seguridad no les impiden sufrir las consecuencias de la crisis. Absolutamente inmoral, en el mejor de los casos, este privilegio de la casta dirigente se ha convertido, tristemente, en una habitualidad dentro de nuestra vida pública.

            La lista de los políticos que, una vez han dejado de ejercer,  han pasado a empresas privadas, es tan dilatada como sospechosa pues se trata de empresas que, en su mayoría, han sido beneficiarias de adjudicaciones y gestión del sector público cuando esos mismos políticos gestionaban bajo su responsabilidad ese sector. Enagás, Abengoa, Endesa, Iberdrola y Red Eléctrica concentran el 71%. Un total de 36 consejeros se reparten en 16 empresas del colectivo. El sector que más abunda es el de la Energía. ¿Alguna vez se han preguntado, por qué ha subido la luz más del 70% en los últimos 5 años? La última personalidad en subirse al carro recientemente, ha sido Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra hasta este año que ha “fichado” por Telefónica como Consejera. Esta mujer es doctora en Farmacia y no creo sea ninguna eminencia en telecomunicaciones como para asesorar en este campo. Felipe González Márquez, que fue presidente del Gobierno hasta 1.996, cuya profesión es abogado laboralista, figura como consejero de Gas Natural; habiendo confesado él mismo que su labor allí era muy aburrida. Eso nos da una idea del nulo trabajo que desarrolla esta gente en esas empresas.

            Personajes como Carlos Solchaga, Pedro Solbes, Javier Solana, Elena Salgado, Jordi Sevilla, Josep Borrell (PSOE), y Josep Piqué, Ana Palacios, Ángel Acebes, Isabel Tocino, Marcelino Oreja, Eduardo Zaplana (P.P.),  son algunos de los que se han beneficiado en algún momento de las puertas giratorias pero hay muchos más. Parece que la política, (que sólo dura a lo máximo 8 años), es un trampolín para otro destino sin responsabilidades y con buen sueldo. Mientras tanto, obreros al paro, agricultores que cobran por debajo de los costes de producción, ganaderos asfixiados por las distribuidoras, consumidores sin capacidad de compra, el paro escandaloso, los bancos con ganancias millonarias, salarios ridículos, explotación laboral, incumplimientos de la normativa laboral por doquier,....PERO ESO NO LO ARREGLA NADIE. Favorecer a los señoritos de la política española es la prioridad. Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad.

Miguel F. Canser

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REFORMAS Y SENTIDO COMÚN

Se dice de la política que es el arte de gobernar, y su objetivo es usar el poder para beneficiar a todos los integrantes de la sociedad; es una vocación de servicio a los demás.  A través de la historia, nos hemos dado cuenta cómo la política está muy lejos de conseguir este fin, aunque su verdadero objetivo es buscar el bien común, lamentablemente y con frecuencia, el Estado deja de servir al pueblo para ponerse al servicio de unos pocos, pasando por encima de todas las promesas hechas y  su único interés es mantenerse en el poder. La desesperación y desilusión del ciudadano es tal que ha dejado de confiar en los políticos; su falta de credibilidad es ya nuestro pan de cada día.

               Se acaban de celebrar las elecciones autonómicas en Cataluña que no han sido unas elecciones más. No sólo estaba en juego un número de escaños para el Parlamento catalán,  sino que se han tratado como unas plebiscitarias con el objetivo de considerar su independencia del Estado español. El resultado ya todos lo conocemos: amplia mayoría de escaños para los independentistas pero mayor número de votos para los constitucionalistas. Esta es la incongruencia de nuestra ley electoral donde no tiene la misma validez  un voto dependiendo del lugar donde se emita; por lo que el resultado se nos antoja contradictorio y nada entendible: Es el sistema proporcional de la llamada Ley D´Hondt donde se excluyen las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos obtenidos. Este sistema fue el elegido en su momento para garantizar gobiernos fuertes en la aún joven democracia española, pero ahora no es el adecuado pues beneficia a los partidos grandes y a los núcleos de población más pequeños. No es lo mismo superar el 3%, por ejemplo,  en Madrid que en Segovia. De ahí, la incongruencia.

               Estas elecciones han dado otro dato importante de interés: el 47,8% ha votado a formaciones que auspiciaban el independentismo, mientras que el 51,7% ha votado lo contrario. Parece que, con este dato, no es suficiente para proclamar unilateralmente la soberanía catalana al margen de la española.  Pero, ¿qué es lo que ha sucedido para que, año tras año, se haya incrementado el deseo popular de estar fuera de España? Sólo la ausencia de dos cosas: Reformas legislativas y sentido común. En política, a veces, no es necesario efectuar complicados análisis. Basta con ejercer eso, el sentido común que es antagónico con los deseos de poder y avaricia económica.  Porque si se hubieran dedicado a solucionar los problemas que nos separan, y ampliar lo que nos unen, no estaríamos en esta situación. Unos con su cerrazón y falta de diálogo,  y los otros con su insolidaridad  y deseos de poder.

               Todo vuelve a repetirse. El mundo, desde que es mundo, está lleno de insolidaridad, de la sin razón, de la falta de entendimiento por no ceder por ambas partes, de la ambición desmedida, en definitiva, de la falta de vocación para el servicio a los demás, olvidando que el fin primordial de la política es lo que decíamos al principio: Buscar el bien común.  El dinero  y el poder son buenos aliados para el egoísmo personal y el beneficio propio.  

               Ya escribí sobre este tema ahora hace un año, en un artículo (“Derecho a decidir”) los inconvenientes que sufriríamos tanto españoles como catalanes en el supuesto de una ruptura de esta índole, pues todos perderíamos. Por eso, se hace necesario un diálogo profundo y permanente; quizá después de las elecciones generales, pues no veo ni al Sr. Rajoy ni al Sr. Más, con la capacidad suficiente para solventar, ante todo, su recíproca antipatía política. España está inmersa en una crisis general y global que abarca todos sus poros (económico y moral). La cuestión catalana, como la vasca, son elementos cruciales de una encrucijada histórica en la gestión pública. Los tiempos cambian y los valores que en la Transición eran encomiables, quizá ahora no sirven. Es necesaria la negociación y el diálogo donde unos y otros tengan que ceder en sus pretensiones para buscar el bien para todos.

               Necesitamos polític@s valientes que se decidan verdaderamente a solucionar los problemas de este País y por eso merece que nos detengamos a mirarlos de cerca: para ver o confirmar la manera lamentable en que nacen y se forman las políticas públicas de este país. O simplemente para preocuparnos, y preocuparnos mucho, por la gente a quienes hemos dado el poder de moldear con leyes nuestras libertades civiles y nuestros derechos individuales. O para constatar quiénes son esas personas: gente, en general, sin información ni conocimientos, mediocridades en altos cargos, que consideran que su ignorancia no es obstáculo para legislar sobre el tema que sea. Gente, en otras palabras, que hace política desde la poltrona. Es increíble, cómo existen personas que exigen de los demás actitudes y comportamientos deseables, cuando ellos nunca han dado ejemplo para motivar o generar actitudes de esta índole. Pregonan a viva voz, el ejercicio de ciertos valores como son la solidaridad, el respeto, el compromiso y la colaboración, cuando ellos son ajenos e inmunes a estos afectos.

               Lo dicho: reformas, preparación y sentido común.

Miguel F. Canser

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ASÍ NO HAY JUSTICIA

En el ánimo del ciudadano de a pie está instalada la creencia de que la justicia, no es igual para todos, ni es tan diligente con depende qué asuntos. Ya de por sí, nuestra justicia es lenta y parsimoniosa, quizá porque interesa a algunos. Se cambian jueces por conveniencia y algunas de las sentencias dictadas, cuando se recurren, se dictamina una resolución totalmente contraria. Existe disparidad de criterios a la hora de impartir eso….: Justicia. Resulta incomprensible que la vecina de Fuerteventura, Josefa Hernández, de 62 años haya ingresado en prisión (ya excarcelada) para cumplir una pena de seis meses por no derribar su casa, que cuidaba a tres nietos menores a su cargo, y que toda una familia vivía a su costa con su exigua pensión, y por contra, a estas alturas del partido, todavía siga pendiente de sentencia el juicio contra el Sr. Urdangarín,  el caso Bárcenas, o el caso Gúrtel entre otros.

            Ya sabíamos que la justicia en España es lenta y muy garantista; pero se enquista demasiado en los casos de corrupción. De hecho, desde el poder judicial se reconoce y se reclaman más recursos para acabar con esta laxitud. No se deparan ni se escatiman gastos en la adquisición de radares, en el mantenimiento y mejora de últimas tecnologías en Hacienda, pero sí en la necesaria modernización de la justicia. El resultado es que las sentencias se demoran tanto que, cuando se pronuncian, muchos delitos han prescrito. Las causas de corrupción se llevan años y años en los Tribunales; por ejemplo, del Caso Malaya se tienen las primeras noticias en 2005 y no es hasta noviembre del 2014, cuando algunas imputadas y condenadas entran en prisión. Son 5 años de instrucción, 3 de juicio y un año más para saber la sentencia. En el caso de los ERES de Andalucía, además de apartar a la juez Alaya, la Fiscalía ha solicitado que se separe en 200 piezas pues se considera inabarcable y se teme, que los delitos prescriban por la demora de la investigación. Y del caso Gürtel llevamos más de 7 años y cuando ha comenzado el juicio, se suspende hasta después de las elecciones municipales que se celebraron hace ya más de 2 meses y aún no se ha reanudado.

            La prensa nacional afirma que existen más de 1.900 causas abiertas por corrupción, más de 641 imputados, de los cuales 270 pertenecen exclusivamente a los ERES de Andalucía, y tan sólo una veintena de personas cumpliendo condena en la cárcel; un total de 170 condenados aunque casi ninguno está en prisión, bien porque pagaron multas o porque las penas eran insuficientes para entrar, o tenían más causas pendientes de juicio.  Hemos conocido el caso de las Tarjetas Black, con los consejeros de Bankia que se gastaron 15 millones de euros de manera irregular en plena crisis financiera que, de rebote, resucitó el caso Bárcenas. Toda la familia Pujol donde algunos están acusados de blanqueo de capitales y fraude fiscal....... Bueno pues ni el Sr. Blesa, ni el Sr. Rato, ni la familia Pujol, han sido merecedores de medidas preventivas; en el caso Blesa, se ha defenestrado al juez mientras que el ex presidente de Caja Madrid está de vacaciones. Eso sí, la ciudadana de Fuerteventura, condenada a seis meses, merecía ir a la cárcel ya, de inmediato.

            La Gürtel, apellido del supuesto cabecilla en alemán, Francisco Correa, se inicia en Noviembre de 2007 y no ha sido hasta  marzo de 2015 cuando se ha celebrado la primera sesión del juicio, que se ha decidido aplazar hasta junio de este año, justo cuando estaba prevista la constitución de las nuevas Cortes Valencianas. Así, entre otras cuestiones se evita que declaren dos ex-conselleras en medio de la campaña electoral, ya que estaban previstas para el 15 de mayo. De momento, han pasado ya casi 7 años y seguimos esperando. Lo peor es que existen otras cinco piezas separadas de este caso. Quizá, la más llamativa es la Contabilidad B o Papeles de Bárcenas. El caso de los ERES no se queda atrás. Su origen está en una investigación de corrupción de una empresa, Mercasevilla, donde se detectaron prejubilaciones fraudulentas en 2003. La instrucción comienza en  2011 y dura hasta la actualidad. Ya se han cubierto 300.000 folios y aún quedan varios años más de instrucción por la complejidad del caso. Y además, se teme que los delitos prescriban. El presidente del Tribunal Supremo ha dicho que las leyes que regulan los procesos penales en España están previstas para los “robagallinas”, pero no para los grandes defraudadores. Con esta frase, se estaba refiriendo, sin duda, a todos los casos anteriormente expuestos, y también a Núñez, ex presidente del Barça, o a Fabra, el del aeropuerto sin aviones, que ya han sido juzgados y condenados. Pero han pasado más de diez años desde que cometieron los hechos delictivos hasta que la condena ha sido firme.

            Una justicia lenta no es justicia. Frente a la gran delincuencia económica y de la corrupción no existen suficientes medios en los servicios de la Hacienda Pública para un implacable y total control preventivo de sus defraudaciones, ni para investigar el turbio origen de sus fortunas, y sus correspondientes delitos. Por esta razón a los juzgados no llega toda la información necesaria para la adecuada instrucción y enjuiciamiento de esa compleja delincuencia financiera. Y si llegara, los juzgados no disponen de suficientes medios para asumir ese ingente trabajo. De todo ello deriva la lentitud insoportable de la justicia. Es necesaria una reforma de las leyes que regulan el proceso penal, venciendo las insuficiencias de su organización más que centenaria. Es necesaria una voluntad política de tolerancia cero frente a la gran delincuencia económica y de corrupción, dotando a los servicios de investigación de medios suficientes, dependientes efectivamente de los jueces, libres de toda sospecha de dependencia o mediatización del Gobierno de turno.

Miguel F. Canser

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