LEY MORDAZA

Ya está aquí, desde el pasado 1 de julio ha entrado en vigor la nueva ley de Seguridad Ciudadana. Una ley criticada por todos y aprobada exclusivamente en solitario  por el partido en el poder (P.P.). Es una nueva demostración de la mayoría absoluta adquirida hace cerca de cuatro años, y que, seguramente, le volverá a pasar factura en los próximos comicios; porque todos no pueden estar equivocados menos uno. La soledad del P.P. en este tema, demuestra la prepotencia de una forma de gobernar que hace oídos sordos a los demás, que no escucha, que se cree autosuficiente, que anula el consenso; en definitiva, “aquí mando yo, y se hace lo que yo diga”. Esto, en democracia, está caduco, rancio y trasnochado.

           La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, trae una batería de medidas que merman los derechos y libertades impuesta por el gobierno de Rajoy pese al rechazo del resto de partidos, de buena parte de la sociedad y de numerosas organizaciones sociales. Ni las movilizaciones, ni los recursos ante el Tribunal Constitucional, ni las críticas de organismos europeos han logrado frenarla. La oposición acusa al Ejecutivo de crear un "Estado policial" porque las fuerzas de seguridad y el mismo gobierno tendrán ahora capacidad para imponer sanciones administrativas que antes quedaban en manos de un juez.  El recorte, sobre todo de la libertad de expresión, probablemente la más genuina y sagrada en democracia, lo ha usado el Partido Popular asustado ante la fuerza crítica de la opinión pública española, que ha decidido silenciar las protestas con represión, aprobando una ley que le acerca, de manera incomprensible, a otras épocas ya olvidadas de represión y autoritarismo.

          En el pasado mes de enero ya escribí un artículo ( “Año nuevo, ley nueva”)  refiriéndome a esta ley donde describía las cuantías y sanciones que impone multas y castigos de alto calado (hasta 600.000 euros) a actuaciones que antes no se castigaban porque eran consideradas derechos cívicos fundamentales. A partir de ahora no se podrá fotografiar a los policías, ni las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación. Una limitación que ha denunciado Amnistía Internacional: “Captar imágenes de la policía, ya lo hicieran periodistas u otras personas con cámaras o teléfonos móviles, y ha ayudado en ocasiones, a difundir información sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía”. También considera una infracción cualquier "perturbación grave de la seguridad ciudadana" que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese momento. "Pero qué es y qué no es perturbar la seguridad ciudadana", se pregunta Greenpeace, que denuncia cómo esa decisión quedará al "arbitrio" de la policía. La nueva normativa viene a sancionar, prohibir y criminalizar prácticas tan normalizadas como parar un desahucio y dificultará la acción de las protestas, ya que permite a la policía sancionar a aquellos que “obstruyan a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”.  También sanciona las protestas en las alturas y la resistencia pacífica y las sentadas.

          El efecto más notable es la supresión de las faltas que pasan a ser mayoritariamente infracciones administrativas sin intervención judicial previa y que una parte mínima serán delitos leves. Desde el miércoles 1 de julio los jueces han dejado de tener potestad sobre tres millones de infracciones y los juzgados deberán revisar y, en muchos casos, archivar centenares de procedimientos sobre faltas. Ese día entraron en vigor el nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, entre errores legislativos, riesgo de colapso y denuncias de improvisación por parte de jueces y fiscales. La ley no tiene sentido alguno, porque da más instrumentos legales a las Fuerzas de Seguridad, por ejemplo, para cachear, para imponer sanciones a quien les grabe en manifestaciones y para imponer multas sin intervención judicial previa. Venimos de una dictadura (y en algunas facetas de la sociedad seguimos en ella) y se supone que la libertad debería ser mayor que entonces. Pero no lo es, queda a criterio del político de turno decidir si puedes protestar. ¿Alguien se cree que un político será favorable a manifestaciones contra él? Pues los que están a favor de esas leyes sí. Además tenemos que avisar y tener el visto bueno de la autoridad gubernamental para manifestarnos. Ni en los peores tiempos que recuerde existía tales condiciones; tenía que ser un juez el que decidiese. Es otro paso a ninguna parte… democrática.

          Luego se quejan que pierden votos.

Miguel F. Canser

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LOS ERRORES SE PAGAN

Ya se han terminado las elecciones. Ya pasaron, por fin, los mítines de las distintas formaciones políticas que nos han bombardeado con sus interminables proclamas; algunas de ellas irrealizables por su condición ideológica, donde ha imperado la estrategia del miedo a la izquierda, la descalificación de las plataformas ciudadanas y, sobre todo, el intento de desprestigiar al contrario político recordándole sus errores y desméritos en vez de resaltar los valores del programa que defiende.  Ya hemos votado y la ciudadanía ha dicho lo que quiere;  mostrando un pluralismo acorde con los tiempos actuales. En muchas circunscripciones, no gobernará la lista más votada sino que se necesitarán coaliciones y acuerdos para poder hacerlo.

Es lo que han dictado los votantes. Y han pasado factura a los dos grandes partidos; sobre todo al PP, que ha perdido más de 2,4 millones de votos y el PSOE tampoco está para tirar cohetes. Es el resultado de la corrupción sistemática, de los privilegios que la clase política disfruta al margen de la sociedad, de la ausencia de autocrítica y del corporativismo existente entre ellos; del despilfarro económico al tiempo de exigir a la ciudadanía una austeridad inusitada. Esta es la factura y sólo es el principio, pues es probable que sigan como hasta ahora, sin reaccionar, dejando de lado al pueblo en la participación democrática de las instituciones, en la ausencia de una verdadera regeneración democrática. En noviembre, cuando toque votar para las generales, el batacazo será mayor. La gente no es tonta.

La derecha gobernante ha recibido un castigo tan terrible que está provocando un terremoto en las filas del PP, donde el liderazgo del estático y anodino Rajoy está siendo cuestionado y donde muchos políticos, con los derrotados en vanguardia, exigen cambios y renovación. Hay políticos de renombre que han caído y perdido el puesto en las recientes elecciones, aunque no se atreven a decirlo claramente, porque su partido es vertical, autoritario y no perdona las críticas; achacan la derrota a la incapacidad de Mariano Rajoy como dirigente y a su ceguera para percibir que los españoles quieren cambios y avances hacia la Justicia, la limpieza y la verdadera democracia. 

Sin embargo, el hundimiento de los grandes partidos, en el que también participa el PSOE, se debe a otros factores, entre los que destacan su desprecio a la democracia y al ciudadano, que ha sido relegado y expulsado del sistema por unos partidos políticos que se han atiborrado de poder y que han pervertido la democracia hasta límites inaceptables.
Aunque los actuales políticos españoles no lo admitan, es correcto afirmar que las largas permanencias en el poder, tan habituales en la política española, pervierten la esencia de la democracia y predisponen el sistema para que la corrupción, como ha ocurrido, lo infecte todo. Una presidencia del gobierno de tres periodos, como la ejercida por Felipe González, o una presidencia de la Junta de Andalucía como la ejercida por Manuel Chaves durante dos largas décadas pervierten el sistema hasta el tuétano y convierte la política, inevitablemente,  en un ejercicio de poder corrupto. No sólo el PP y el PSOE, duramente derrotados en los recientes comicios, necesitan regenerarse. Es la política española la que necesita redefinirse y ser reseteada. Los criterios políticos aplicados son erróneos, las normas básicas de la democracia no tienen vigencia y la esencia del sistema se viola y  se pisotea.

Se nombran jueces a dedo, se ha eliminado el verdadero debate en los partidos y en los parlamentos, se ha expulsado al ciudadano de la política, se ha estrangulado la sociedad civil, se incumplen las promesas electorales, los partidos tienen más poder del que les corresponde; los políticos son arrogantes y casi impunes, la vida pública está pervertida y el Estado se ha engordado y encarecido sólo para otorgar puestos de trabajo a inútiles y enchufados con carnet del partido.

 El sistema español es tan perverso y está tan dañado que permite que verdaderos ineptos ocupen las más altas magistraturas del Estado y que los ciudadanos estén indefensos frente a un poder que ha aprendido a violar la decencia, saquear y humillar, como ha ocurrido con los grandes escándalos de la corrupción o con abusos tan sucios como el saqueo de las cajas de ahorro y la gran estafa de las participaciones preferentes, entre otros.
Todas esas aberraciones corruptas se pagan tarde o temprano y los ciudadanos, cansados de soportar a gobernantes engreídos que jamás piden perdón o dimiten, acaban vengándose de una clase política que ha demostrado hasta la saciedad su falta de altura, su abuso de poder y su concepción de una política que ha dejado de ser servicio al pueblo.

          Por el actual camino no va a conseguirse nada. Lo importante en España no es cambiar a quien gobierna sino cambiar el sistema, que está pervertido hasta la médula, fortalecer los controles democráticos al poder, instaurar de una vez la verdadera democracia y erradicar la actual dictadura camuflada de partidos y de políticos profesionales que está llevando a España, ética y políticamente, a la ruina.

Miguel F. Canser

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PARTIDOCRACIA = CORRUPCIÓN

Se llama partidocracia, o partitocracia, para definir la burocracia de los partidos políticos. Y es un término que se utiliza para designar el sistema de gobierno en el cual, aunque teóricamente se vive en democracia, los actores principales y únicos del panorama político son los grandes partidos. Éstos, a base de un sistema democrático de turno, se van pasando el gobierno de forma consecutiva, coartando las posibilidades de que los ciudadanos, expresen su voluntad real más allá de los partidos ya existentes. La partitocracia, como su propio nombre indica, es una dictadura de partido que, en ningún caso, representa a la mayoría de la sociedad, sino a una mayoría relativa respecto a otras formaciones. Con frecuencia tiene que pactar a posteriori sus propios objetivos con grupos políticos minoritarios, con metas diferentes, cuando no contrarias, con tal de permanecer en el poder. Y que, una vez ocupado,  no se limita a la función de cauce de participación de la sociedad en las tareas del Estado, si no que se constituye en superpoder que ocupa y controla. Se trata pues de una deformación sistemática de la democracia.

            La partitocracia, o la apropiación por parte de los partidos políticos de las principales instituciones del Estado, es la base sobre la que se asienta la deriva corrupta que ha caracterizado a nuestro sistema desde décadas, y que ha explotado en múltiples ocasiones. En particular, cuando la economía va mal. Nunca como ahora se había dado una percepción tan altamente extendida de desafección política, a consecuencia de la gestión de la crisis y del desánimo que provoca la reiteración de episodios de corrupción. Es por ello que PP y PSOE están experimentando significativas y quizás irreversibles pérdidas electorales. No hay duda que la ética pública pasa por el peor momento en democracia. Los escándalos de corrupción no sólo están adquiriendo una gran relevancia mediática, sino que están contribuyendo a erosionar la credibilidad del sistema político. La mayoría de episodios conocidos constituyen fenómenos insidiosos que suponen expolio del patrimonio público.

            Al margen de la clásica corrupción de tipo económico e institucional, está otro tipo de corrupción: La mentira. De eso también en España conocemos mucho. La mentira de los partidos políticos que se presentan a las elecciones con un programa y hacen exactamente lo contrario. Por poner un ejemplo, el PP se presentó con la propuesta de despolitizar el órgano de gobierno del CGPJ y en cuanto llegó lo politizó aún más; y ahí no hay excusas financieras que valgan, porque eso no dependía para nada de la situación económica o de la herencia recibida. Es mentira pura y dura. En España hay una tolerancia a la mentira y, mientras eso no cambie también, difícilmente atajaremos el fenómeno de la corrupción. Asistimos pues, a una insólita crisis de legitimidad de las instituciones políticas y representativas. Somos un país incivilizado políticamente donde el enriquecimiento personal adquiere una notoriedad por encima de los intereses de la colectividad que se atrinchera en un corporativismo de partido sin que tenga consecuencias de responsabilidad política.

            Son abrumadores los datos que sugieren que España se encamina hacia un fin de ciclo político. Pero nos equivocaríamos si pensásemos que la desazón que ha provocado la crisis tiene su origen exclusivamente en la falta de pericia de nuestros gobernantes o en las reformas estructurales y dolorosas medidas antisociales propias del recetario político. Porque, más allá de eso, están los déficits democráticos y el obscurantismo de nuestro modelo de gobernanza económica ejecutado, por un lado, por una troika de rostro desconocido, una élite de tecnócratas que ostenta una hegemonía tal que le permite hacer y deshacer a su antojo, forzando cambios de Gobierno en Grecia e Italia;  impidiendo referendos en Grecia o imponiendo reformas constitucionales en España. Y, por otro, por un Ejecutivo español que gobierna a golpe de decreto ley y anula a diario el poder legislativo. Ser mayoría absoluta es lo que tiene.

En España hay un problema y es que las instituciones no funcionan. Hace falta despolitizar la justicia, el CGPJ. Hace falta despolitizar los órganos supervisores y de control, el Banco de España, la CNMV, el Tribunal de Cuentas… Sin eso, no van a funcionar las instituciones por muchas reformas legislativas y por muchos medios que dotemos. La raíz del problema está en la colonización de los partidos políticos de todas las instituciones de control y, por tanto, la neutralización de sus funciones. Y luego, obviamente, hace falta acabar con los privilegios que suponen los aforamientos. Creo que sería un mensaje suficientemente contundente para la ciudadanía que los políticos se quitaran el escudo que les protege frente a la extracción de responsabilidades. Habría que reformar los indultos. Y luego, obviamente, hay una parte que es de dotación de medios. Habría que aprobar una dotación extraordinaria para la Fiscalía Anticorrupción, para el Tribunal de Cuentas, etc., y acabar con el limbo penal de la financiación irregular de partidos. Es escandalosa la decisión de la Fiscalía anticorrupción sobre este tema…… Se pueden delegar las tareas, pero nunca la responsabilidad.

Por tanto, no queda más remedio que reaccionar. Necesitamos pasar de la partidocracia a la democracia representativa, donde el electo responda a los votantes y sea leal a ellos.  ¿Cómo hacerlo? En la práctica es dificilísimo. Sólo basta cambiar la ley electoral. Pasar de un sistema de listas cerradas y bloqueadas a otro de circunscripciones unipersonales, con una segunda vuelta para elegir el diputado entre los dos que hayan sacado mayor votación en la primera. El problema práctico es que la ley electoral la tienen que cambiar los mismos que son beneficiarios de la actual ¿Serán capaces?, ¿serán generosos?, ¿la respuesta, de momento, es descorazonadora.

Miguel F. Canser

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"ANALFABETO ES QUIEN QUIERE"

Han pasado cuatro años desde que decidí escribir sobre la telebasura televisiva que cada día nos invade más. Cuando me refiero a la telebasura, no sólo me estoy fijando en programas del mal llamado contenido “rosa”, pues hay tertulias y debates sobre actualidad política, que dan el mismo espectáculo bochornoso que esos; aunque, efectivamente, la palma se la llevan contenidos que todos tenemos en mente: “Sálvame”, “GHVIP”, etc.  En ese artículo, decía que la “telebasura” se caracteriza por los personajes que exhibe, los asuntos que aborda, el poco o ningún respeto a la vida privada o a la intimidad de las personas; por el desprecio de la dignidad que toda persona merece, recurriendo a la utilización de un lenguaje chillón, grosero e impúdico; queriendo convertir en espectáculo la mala educación y utilizando la vida de determinados personajes que, generalmente, se prestan a ser vilipendiadas y manipuladas, a cambio de celebridad y prestación económica. Prima el mal gusto, el enfrentamiento personal, el insulto y la denigración de los participantes.

          Hace días leí una interpelación que hizo el presentador Jorge Javier Vázquez en los medios, respondiendo a una crítica a su programa de Arturo Pérez Reverte. Por cierto, el señor Vázquez debe vivir en Telecinco, porque no sale de ahí.  Reverte dijo que el analfabetismo de la sociedad española hoy en día es una mera elección, y para ejemplificar estas palabras dijo: "Quien es analfabeto hoy es porque quiere, quien ve 'Sálvame' en vez de 'Salvados' es porque quiere, nadie le obliga, ahora es voluntario". El presentador de “Sálvame” respondió, después de haber escuchado las palabras de Reverte: “¡¡Qué bien habla!!”. “Es tan antiguo, lo escucho y me parece estar escuchando a una persona en sepia y no a color"; calificando la teoría del catedrático como una "idiotez" ya que, según afirma: "esa historia se va a tomar por saco cuando una sola persona que vea 'Salvados' vea 'Sálvame';  defendiendo que se trata de un programa exclusivamente de entretenimiento y que, a veces, “roza lo mágico”.

          No soy amigo de erigirme en portavoz de lo que se debe ver y lo que no se debe ver, de lo que hay que leer y lo que no; de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y respeto profundamente a las personas que ven ese tipo de programas. Y en el caso que nos ocupa, basta un gesto tan sencillo como apretar un botón para ver otra cosa o apagar el televisor. Ahora bien, una cosa es eso, y otra atribuirse cualidades y virtudes que brillan por su ausencia. A veces estamos tan inmersos en nuestro día a día, tan elogiados por nuestro quehacer diario, tan elevados en el pedestal de la fama, que somos incapaces de reconocer nuestros defectos y limitaciones. Estoy convencido que, profesionalmente, el Sr. Vázquez hubiera preferido –-al menos eso creo-- conducir un programa como “Salvados” antes que “Sálvame”; porque, ante todo, le considero un profesional del medio. Por ello, sugiero al señor Vázquez que resetée un poco su ego, que respete a gente de demostrada cultura, que no todo lo que se hace en televisión mantiene un mismo nivel cualitativo, y que el programa que presenta se mueve en una fina línea entre la dignidad y la ética.

El programa de Telecinco está en el punto de mira de Competencia, pues ya tiene a sus espaldas varias sanciones por sus contenidos y, a mediados de diciembre, emitió una resolución en la que exigía a la cadena que adecuara los contenidos de 'Sálvame diario' a la calificación por edades de su horario. Mediaset contraatacó con la campaña 'Yo veo Sálvame' y el 17 de diciembre Jorge Javier Vázquez irrumpió en directo en el programa para asegurar que seguirán “luchando con todas las fuerzas para seguir aquí con vosotros”. “Quieren destruirnos y echarnos de la tele”, dijo.  Pretender defender un programa donde bastan cinco minutos para apreciar cómo todos se insultan y desprecian de manera obscena y vil, además de que resulta aburridísimo preocuparse por la vida de personajes que no aportan nada más allá de su supuesta fama, es suficiente para saber que eso no es ni entretenimiento ni es nada. Esa es mi opinión, sin intentar influenciar en nadie y respetando a quien le gusta.

Si en este país hubiera habido muchos intelectuales que hubieran cantado las cuarenta, como Pérez Reverte, otro gallo nos cantaría. Sólo tienes que hacer una lectura diagonal de los artículos de Reverte para darte cuenta del excelente análisis crítico que hace de España y de lo que hubiéramos ganado si hubiésemos reflexionado un porcentaje alto de personas en este país. Por supuesto, J. Javier, mantendrá su programa mientras tenga audiencia y sus jefes se lo permitan, pero de ahí a creerse guardián de los valores del mundo televisivo, va un mundo.

Es necesario promocionar programas donde imperen tres pilares básicos: información, formación y entretenimiento que conduzcan al respeto de valores constitucionales como el derecho a la veracidad, a la intimidad y a la dignidad de las personas.

Miguel F. Canser

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CADA UNO VA A LO SUYO

Hace ya unos días que se celebró el debate del Estado de la Nación donde el Presidente del Gobierno hizo inventario de los más de tres años que lleva gobernando. Al día siguiente, en todos los medios de información el debate se centra en quién había ganado. A mí, personalmente, lo de menos es saber quién era el ganador, pero sí estoy convencido quién había perdido: el ciudadano.  En este país sucede que, suponiendo que el partido que esté gobernando lo haga relativamente bien (que no es el caso), los demás partidos de la oposición nunca lo reconocerán, y siempre pondrán trabas y críticas a su gestión; de igual forma, si la oposición presentara una propuesta coherente y justa, el partido en el poder lo rechazará abusando de su mayoría parlamentaria por el simple hecho de que se le ha ocurrido a otros y no a ellos; sin importar que posteriormente, coincidiendo con la llegada de nuevas elecciones, presenten esas mismas propuestas denostadas antes,  como si se les hubiera ocurrido a ellos. Es el acoso y derribo del contrario. Lo de menos es si es importante para el país, sólo predominan las críticas, reproches y acusaciones de unos a otros; sin olvidar el tono áspero y faltón donde frases como “no tener vergüenza y patético”, han tenido más relevancia que el debate en sí.

          La autocomplacencia, el triunfalismo y sobre todo el corporativismo anidan en nuestros partidos políticos. Al Sr. Rajoy sólo le ha faltado erigirse en el adalid del progreso, de la recuperación del estado de bienestar, de la creación de empleo y de la bajada de impuestos. Es decepcionante a la vez que mentira. Es indudable que algo está cambiando, y se nota en el consumo y algo en la industria (venta de automóviles), pero también es de recibo decir que no se debe al trabajo del gobierno de Rajoy. Si la crisis es global, la recuperación también lo es. El Sr. Rajoy ha sido el instrumento, la mano que ha puesto en práctica las políticas de la Troika, y la recuperación ha venido cuando se han dejado de lado las políticas de austeridad -–tantas veces denunciadas desde estas páginas--,  que no conducían a favorecer el relanzamiento de la economía. Luego están las mentirijillas de turno: “En 2015 vamos a bajar los impuestos”. ¿Se olvidan que los subieron hace 3 años, y ahora los dejarán (ya veremos) como estaban antes? Algunos no lo olvidamos. Eso no es bajar los impuestos. Y, ¿qué me dicen del IVA?,  hay colectivos -–artistas, actores y otros--,  que se rasgan las vestiduras porque el cine, teatro, etc.,  están gravadas con el 21%; y, sin embargo, no denuncian que, ése mismo tipo, se aplica injustamente a productos tan básicos como son la luz, el gas, o el teléfono que nos afecta a todos…... Aquí,  cada uno va a lo suyo.  

          Los representantes políticos actúan obedeciendo las consignas de sus líderes, en vez de representar a los ciudadanos. Algunos sólo van al Congreso a poner el dedo en el sí o en el no anteponiendo los intereses del partido, sin atreverse a actuar en conciencia porque de lo contrario, no saldrían en la foto.  Políticos así no interesan. Incluso son una piña cuando alguno de los suyos, pillado jugando con el Iphone en pleno debate, (vicepresidenta del Congreso, pagado con el dinero de todos),  se la exculpa descaradamente con una defensa indefendible. Y el ciudadano alucina. La responsabilidad política brilla por su ausencia. Por eso, la gente cada día recela más y se fía menos de las promesas que hacen los políticos porque se fabrican un mundo exclusivo para ellos. Se fijan sus sueldos con independencia de la situación económica del país. Sus obligaciones son la mitad exigente que para cualquier trabajador y viven en su mundo, con sus estadísticas sobre el pulso social, muy alejados de la realidad de la calle. Además, es notoria la creencia generalizada de que nos mienten casi siempre, que dicen lo políticamente correcto, pero que su verdadera intención es otra.

          Alguien dijo alguna vez que “ni el fin justifica los medios, ni los medios justifican el fin”. Ahora el país está de nuevo necesitado de líderes con visión de estado y de futuro, que sean capaces de colocar el interés de España por encima de sus formaciones políticas. La estrategia del “todo vale” para permanecer en el poder, es completamente repudiable.

Miguel F. Canser

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ÉTICA, Y MORAL EN ECONOMÍA

¿Por qué se mueve el mundo?, ¿cuál es el verdadero motor que lo hace girar?, ¿será el amor? Parece que no. Los más contemporáneos dicen que lo que verdaderamente hace que este mundo evolucione es el dinero. Pocas cosas --aseguran-- tienen sentido si no está el dinero presente. Dicen que el dinero no da la felicidad, pero sin él pocos pueden ser felices. Con dinero se consiguen muchas cosas: mejorar en tu salud, adquirir bienes, que tu alimentación sea más apropiada, conseguir influencias, mejorar tu nivel de vida que haga más asequible el camino para conseguir tu felicidad, etc. Y cuando el dinero no existe, todo eso se difumina.

          Ya sabemos que el dinero es imprescindible para conseguir lo más básico para nuestra subsistencia; ahora bien, existen unas reglas, unas normas. En toda sociedad encontramos acciones permitidas y acciones que son prohibidas, y son las que definen la moral y la ética de cada pueblo. La moral, que significa costumbre, repetición de actos,  viene a ser la norma de comportamiento que, adquirida por cada persona, regula su conducta; aclarando que no toda sociedad tiene los mismos juicios de valor sobre tales conductas. Así pues, para poder vivir una libertad social, se deben observar las normas morales que, desde que existe la humanidad, hemos diseñado con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, y con los usos y costumbres que se han convertido en leyes; estableciendo una “ética”,  una ortodoxia universal que regula el camino y la vía para conseguir nuestros propósitos.  

La ética es prescriptiva, nos indica lo que debe y no debe hacerse, siendo la economía, en cambio, una ciencia de naturaleza descriptiva, pues indica los efectos probables de determinadas políticas y analiza, utilizando el método científico, la realidad. Entendemos por economía la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas; y si concretamos refiriéndonos a la cosa pública, se necesita tener muy claro el fin, la meta por la que cobra sentido la administración pública. Es curioso, pero el déficit ético que enfrentan los organismos públicos en general está muy relacionado con una cierta desconexión con los objetivos centrales de estas instituciones.

La administración pública existe para servir al interés general; es decir, para promover y proteger el ejercicio de los deberes y derechos de la ciudadanía, que es la cosa de todos, que se gestiona, en algunas ocasiones, como una "cosa nostra"; en otras palabras, como si se tratase de un organismo diseñado para servir al interés de unos pocos. Existe un patrimonio que es de todos, conseguido con el esfuerzo común, con el pago de los impuestos que todos hacemos y la gestión de este patrimonio debe hacerse bajo los principios básicos de toda ética. La diferencia entre el fin de una economía pública y una privada (cuya existencia es necesaria), es que mientras aquélla sólo debe conseguir el bienestar de todos, en la privada su fin primordial es conseguir un beneficio. Las organizaciones, como las personas, tienen una ética y un clima moral y, en el caso de la administración pública, los principios que deben servir de referencia para la toma de decisiones surgen del conjunto de valores mínimos de ciudadanía a partir de los cuales cobra sentido la democracia. Una administración pública inmoral genera desconfianza y hace que se dupliquen los gastos ya que se ofertan servicios privados para realizar acciones y labores que deberían ejecutarse desde la instancia pública.

La lapidación de los bienes de todos (privatizar lo público) podría enmarcarse en una conducta de falta de ética en la gestión de los recursos. Parece que para los representantes elegidos por el pueblo, la gestión del patrimonio de todos fuera un lastre que hay que quitarse de encima. No quieren responsabilidades, sólo dinero, con el consiguiente resultado: el precio de la luz, el gas, el agua, el teléfono, entre otros, se incrementa (hay que obtener beneficio) con el perjuicio del bolsillo de los contribuyentes.

La batalla más importante que se libra a diario en el mundo no es contra el terrorismo, ni contra el delito, sino la que libran los poderosos por controlar la mente de los ciudadanos e impedirles por todos los medios que piensen libremente, que puedan discernir entre el bien y el mal y consigan autogobernarse. El empeño de la ética es servir como brújula, como referencia en la construcción de una sociedad mejor, que apuesta por superarse a sí misma.

Miguel F. Canser

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AÑO NUEVO, LEY NUEVA

Recientemente el Gobierno del Sr. Rajoy ha aprobado la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que entrará en vigor en el recién estrenado año 2015 únicamente con los votos del PP, y que ha cosechado críticas no sólo de los partidos de la oposición, sino también de las distintas organizaciones y plataformas de defensa de los derechos humanos. Estas son algunas de las acciones tipificadas como delito en la 'ley mordaza', con multas que van desde los 100€ hasta los 600.000€ y que implica directamente en la convivencia de todos los ciudadanos:

Acciones consideradas leves penalizadas con multas de entre 100€ y 600€:

Negarse a identificarse. Ocupar un inmueble sin el consentimiento del propietario. Insultar a la policía durante una manifestación. Ocupar entidades bancarias. Ocupar la vía pública por la venta ambulante (top manta). Consumir bebidas alcohólicas en la calle. Escalar edificios.

Acciones consideradas graves penalizadas con multas de 601€ a 30.000€:

Grabar a la policía y hacer uso de las imágenes sin autorización. Manifestarse frente a la sede del Congreso, del Senado o de parlamentos autonómicos si se perturba la seguridad. Impedir un desahucio. Negativa de disolución de concentración o manifestación. Consumir drogas en lugares públicos. Solicitar servicios sexuales en la vía pública o en sitios donde haya menores.

Acciones consideradas como muy graves y penalizadas con multas de 30.001€ a 600.000€:

Reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos.

Celebrar espectáculos o actividades recreativas en contra de la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente.

            Ya existen muchos detractores de esta nueva ley que se considera no  necesaria, porque si bien hay acciones que son de sentido común, en otras viola la jurisprudencia europea y el convenio europeo de derechos humanos y recorta derechos fundamentales como el de manifestación y el de reunión, pues se da mayor valor probatorio a las denuncias de las Fuerzas de Seguridad. ¿Una ley que quita poder sancionador a los jueces para ponerlo en manos del gobierno? Muy mal vamos. Y lo de las sanciones por manifestarse ante el Congreso cuando está vacío tiene su gracia, porque parece que la representación de la soberanía resida en los ladrillos y  no en los diputados;  reflejo de lo que piensan sus creadores. Otro clásico de la tradición que nos dejó aquel santo que llevó con mano firme el timón de la madre patria: Todo lo que no está prohibido, será obligatorio.  Es una ley que le viene muy bien al poder, y que deja al ciudadano totalmente indefenso frente a los abusos que pudiera sufrir por parte de las fuerzas del orden. En este país, cada día somos un poco más súbditos, y un poco menos ciudadanos. Luego se quejarán  que se vote a partidos populistas, pero a nadie le apetece ser humillado, ni tratado como un borrego por parte del poder, y lo están haciendo constantemente.

            Entre las medidas que más críticas han despertado se encuentran la exclusión de las lesbianas y mujeres solas de la ley de Reproducción Asistida, y las duras sanciones que prevé la Ley de Seguridad Ciudadana por intentar impedir un desahucio. Pero hay otras medidas: La Policía podrá intervenir teléfonos particulares en caso de "urgencia" sin autorización judicial. Pagaremos más por el gas y la luz, aunque el Gobierno diga lo contrario (esto merece comentario aparte). Si sufres un accidente o eres secuestrado en un país extranjero pagarás los gastos originados por el rescate. Si visitas los Parques Nacionales ten cuidado con los cazadores pues la Ley de Parques Nacionales que, aunque seguirán siendo públicos, se entregan a los grandes propietarios con gusto por la caza. Pagaremos entre todos otro rescate, el de las autovías en quiebra. Y entra en vigor la LOMCE, que promueve la segregación por sexos y hace evaluable la religión.

Los más viejos del lugar recordamos la patada en la puerta de Corcuera. Aquello acabó en nada; confiemos en que esta ley vuelva acabar en la cloaca. La inclinación por hacerse con el poder ejecutivo de la calle es una debilidad de los malos ministros del interior, una glorificación del orden público para proteger a la “gente de bien”. Pero sobre todo,  una palmaria declaración de incompetencia por no escuchar los intereses y las demandas de los demás participando  y siendo servidores de las personas, y no indiferentes al clamor de la calle.

Nuestros gobernantes son el reflejo de la mediocridad, la ineptitud y la locura que han anidado en nuestra clase política y que han hecho posible que un país que antes fue grande, honrado y valeroso,  esté hoy hundido, sin valores y plagado de cobardes que permiten que un poder corrupto, injusto y arrogante, les gobierne y destroce el país.

Miguel F. Canser

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EL CHIRINGUITO

¿Qué es este organismo de la Comunidad de Madrid? Según reza su página de Internet, el "Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid es el superior órgano consultivo del Gobierno y de la Administración autonómica, así como de las corporaciones locales y de las universidades y demás entidades de derecho público de la región. Goza de autonomía orgánica y funcional con el fin de garantizar su objetividad e independencia. Los asuntos que conoce el Consejo no pueden ser sometidos al informe posterior de ningún otro órgano o institución. Dichos asuntos tratan, entre otros, sobre responsabilidad patrimonial de la Administración, contratación administrativa, revisión de oficio de actos administrativos o proyectos de reglamentos.

Sus competencias ya han generado críticas y se nos antojan demasiado genéricas, difusas, sin concreción aparente, de dudosa efectividad y necesidad; más parece creado para "colocar" a los políticos que han sufrido el desgaste derivado de su trayectoria política. El Consejo lo componen: Un presidente, dos consejeros permanentes, seis consejeros electivos y un secretario general. En total 10 personas. Su presidente es Ignacio Astarloa, famoso miembro del PP que ha desempeñado diferentes cargos públicos al amparo de su partido; diputado por Vizcaya y por Madrid en el Congreso desde 2004 a 2014. Y, ¿saben quiénes son los dos consejeros permanentes? Joaquín Leguina y Alberto Ruíz-Gallardón, expresidentes ambos de la Comunidad de Madrid. También tendría derecho a figurar Esperanza Aguirre,  pero ha renunciado. En definitiva, lo dicho: seguir viviendo de la cosa pública a costa de los impuestos de los madrileños.

Los consejeros, elegidos a dedo, cobran exactamente lo mismo que un consejero regional, es decir, unos 8.500 € brutos mensuales, unos 5.500 € netos. El puesto lo mantienen durante seis años, renovables otros seis. El salario es todavía más llamativo si se tiene en cuenta que estos miembros premium de un órgano dependiente 100% del presupuesto regional, se reúnen una vez a la semana (normalmente los miércoles, si no es festivo) para aprobar los dictámenes que no son  de obligado cumplimiento. Los consejeros se limitan a revisar y votar el trabajo de quien en realidad lleva el día a día de los dictámenes: los letrados, funcionarios de carrera que trabajan en este Consejo. Los componentes sólo se limitan a eso y a firmar; en el caso de Madrid, tocan a seis letrados por consejero, además del personal de secretaría. El Ejecutivo regional destina 4,3 millones de euros de su presupuesto anual a mantener este organismo.

Esto es una prueba más del despilfarro de recursos públicos que hacen gala los políticos para que no se deteriore su "chiringuito". Sólo Izquierda Unida y UPyD, solicitaron su supresión por innecesaria. De los 118 diputados presentes (faltaron 11), 20 votaron a favor de su eliminación y 98 votaron en contra. UPyD ya planteó su cierre en noviembre de 2013 con el mismo resultado. Los dos únicos partidos con representantes en el consejo impiden su supresión (PP - PSOE). Aquí sí hubo consenso entre ellos. Se trata pues de un órgano perfectamente prescindible pues su labor podría recaer el el Consejo de Estado y evitar duplicidades. Sus integrantes pueden, además, compatibilizar esta actividad con cualquier otra privada y no existe ningún tipo de registro de actividades; por lo que el Consejo debería ser suprimido por razones obvias; su utilidad es irrelevante y sus funciones pueden ser perfectamente asumidas y ejercidas por los servicios de la Comunidad.

Cuanto más corrupto es el Estado, más organismos y leyes tiene. El silencio es el mayor cómplice de la corrupción; quien lo oculta, al final, se termina convirtiendo en cómplice. Ya lo decía Groucho Marx: "la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". La política nunca debe ser una actividad privada, ni un negocio propio. La corrupción comienza cuando se justifica la ventaja, el egocentrismo y la ambición desmedida.

Miguel F. Canser  

LÁGRIMAS DE COCODRILO

No es la primera vez, ni será la última, que me pongo delante del ordenador para reseñar los sinsabores de nuestra clase política. Admito que siempre me produce una sensación de impotencia, de amargura y desilusión. Intento recordar la cantidad de veces que he denunciado la corrupción política y me sorprendo a mí mismo porque, en el fondo de cada artículo, el tema siempre ha estado vigente. Hace ya más de un año escribí estas líneas que, a pesar del tiempo transcurrido, siguen desgraciadamente vigentes: “los partidos políticos han dejado de representar a los ciudadanos; su distanciamiento y falta de credibilidad social es algo tan preocupante como urgente de resolver, y la actual sensación general de corrupción política propicia la desconfianza y la indignación, ampliando el divorcio entre los partidos y la sociedad. Muchos ciudadanos se sienten incluso secuestrados en el ejercicio de sus derechos por unas organizaciones que monopolizan el poder, controlando tanto el poder legislativo como todos y cada uno de los niveles de gobierno, así como la composición de las más altas instituciones del Estado. Esta partitocracia limita sustantivamente el ejercicio real de la democracia, y los ciudadanos tienen poco margen en la práctica para decidir sobre la marcha de la sociedad”. Y también:”España está enferma debido a un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio. En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista”. 

          Esta situación no puede continuar por más tiempo. Es insostenible. La sociedad está harta. No hay día que no nos desayunemos con el escándalo de la corrupción que salpica a las altas esferas de los que mandan. Y como parece ser que la continua denuncia no surte efecto, habrá que pensar en otra cosa, pasar a la acción. Si los políticos son incapaces o no quieren solucionar esto, tendrá que ser el conjunto de la sociedad quien les fuerce a hacerlo. Los partidos políticos no pueden ignorar esta clara situación de rechazo de la sociedad española, y los ciudadanos han de ser activos y contundentes exigiendo urgentemente a los partidos actuaciones claras e inequívocas por la transparencia y contra la corrupción. Y para ello los ciudadanos no estamos solos, nos acompañan en este empeño muchos aliados: un buen número de jueces realmente beligerantes contra la corrupción, unas fuerzas de seguridad eficaces y con personal altamente cualificado, unos medios de comunicación cada vez más activos e incisivos contra los corruptos, y unas organizaciones civiles, universidades, etcétera, cada vez más proactivas en combatir la corrupción. Quienes, por el contrario, se han quedado solos son los partidos políticos, y algo van a tener que hacer de forma urgente para salir de este importante atolladero social en el que se encuentran. Dado que los partidos han sido incapaces de llegar a un pacto o compromiso colectivo contra la corrupción, es el momento de que los ciudadanos les exijamos a ellos este compromiso con la sociedad, y que controlemos si lo cumplen a través de nuestro voto en las elecciones, que es de las pocos instrumentos —por no decir el único— que tenemos para hacer algo que pueda influir sobre los partidos.

          Es hora de exigir responsabilidades. Ahora todo el mundo pide perdón a los ciudadanos pero nadie toma medidas adecuadas. Si yo pido perdón es porque creo que he cometido un error y, por tanto, debo repararlo. Sólo con pedir perdón no es suficiente. Y los ciudadanos debemos decirles que no vamos a votar una lista con candidatos procesados, y que tampoco votaremos a un partido que no limpie adecuadamente sus filas de personas implicadas directa o indirectamente en casos de corrupción. Una cosa es la responsabilidad penal y otra es la política. Así, el caso Bárcenas no puede terminarse políticamente con un “me equivoqué” y ni una sola dimisión por nombrar y mantener a esa persona gestionando la contabilidad del PP durante más de 15 años. Ni el de los ERE con un “me avergüenzo” y a esperar los resultados de una causa judicial que ya ronda los 120 imputados. No creemos ya en sus lágrimas de cocodrilo. El corrupto no nace, se hace y dicen que el poder corrompe. Es posible, pero el poder judicial debe ser una pieza fundamental en una democracia; su independencia del poder político, imprescindible. Y no olvidemos que el sistema no es algo amorfo, inmaterial, el sistema somos todos nosotros y en nuestra mano está cambiar esta situación.

                    ¿Cuándo será el día que el pueblo verdaderamente ejerza la democracia de la que tanto hablan, y ponga tras las rejas a todos estos delincuentes que se la pasan viviendo como reyes con dinero que de ninguna manera les pertenece?, y ¿cuántos pagaron por este crimen tan grave?

Miguel F. Canser

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DERECHO A DECIDIR

Vivimos días claves para el futuro de Cataluña. Su presidente, empujado por la fuerza política aliada que le acompaña en su gobernabilidad,  no puede ahora volverse atrás de lo prometido y ha rubricado con su firma lo aprobado por el parlamento catalán.  La convocatoria el 9-N de un referendo sobre la independencia de Cataluña, está servido. El Gobierno español, amparado en las leyes constitucionales,  hará todo lo posible para evitar dicha consulta. Mucho se ha debatido sobre el derecho de los catalanes a decidir sobre su futuro. Reclaman que, el derecho a votar y a decidir, es la forma más democrática, y señalan el ejemplo de Gran Bretaña accediendo que Escocia lo celebre. Al ganar el  NO supone que, en el futuro, Escocia tendrá un sistema autonómico con la transferencia de algunas competencias. Ya le gustaría a Escocia tener la autonomía y competencias que ahora goza Cataluña; posiblemente si las hubiera tenido ya, ni siquiera se hubiesen planteado consulta alguna.

No seré yo quien niegue que la forma más democrática de decidir sea expresar la voluntad en las urnas, pero esta consulta adolece de lo que tanto reclaman los independentistas:  no dejan votar a nadie más. Sólo ellos. Si hay que decidir sobre el futuro de una parte de España, ¿por qué no pueden hacerlo y decidir el resto de españoles?, o ¿acaso la Asamblea de Madrid, por ejemplo, puede decidir por sí sola la salida de la OTAN? La consulta y el derecho a decidir que reclaman, sólo es posible mediante el diálogo, el debate, y el acuerdo político para poder modificar nuestra Constitución y demás leyes que, ahora, impiden su celebración. El derecho a decidir es inalienable, personal e individual, pero dentro del marco jurídico establecido; abandonar éste cuando “yo quiera”, no es permisible. Al Sr. Rajoy le ha faltado cintura, no ha sabido manejar la situación negándose en redondo a solucionar un conflicto parapetándose sólo en la Ley, negándose a un diálogo que derive en un entendimiento satisfactorio para ambas partes.

Al margen de esto, los dirigentes catalanes no han sabido o no han querido explicar a sus ciudadanos el alcance de un hipotético sí a la independencia; cosa no poco baladí pues quizá muchos de los que ahora piensan votar afirmativamente, posiblemente cambiarían de opinión. La globalización de la economía y la interconexión de los mercados financieros y económicos, hace que la independencia de una región de cualquier país genere un importante coste económico que se traslada fuera y especialmente dentro de las fronteras. Cataluña se enfrentaría a un problema grave de financiación, al menos en el corto plazo. Actualmente es la Comunidad más endeudada de España (27,2% de su PIB) y tras asumir la parte proporcional de la deuda nacional alcanzaría el 78% del PIB de arranque de la región. A esto se añade que la salida de la Unión Europea llevaría a perder los mecanismos de financiación del Banco Central Europeo. Brusca caída del comercio: El efecto más claro y contundente estaría en sus exportaciones, tanto las que se venden a otros países como las que se harían a una España, que deja de ser mercado interior. Cataluña exportó en el año 2013 bienes con un valor de 58.358 millones de euros, con un 65% destino la zona euro. En el momento que deje de ser miembro de la Unión Europea las exportaciones estarían grabadas por aranceles, la Tarifa Exterior Común (TEC), que supondría directamente un incremento sobre el precio de las exportaciones del 5,7%. Este aumento no sólo repercutiría a las ventas a países de la UE, sino también a las decenas de naciones con los que la Unión Europea tiene acuerdos preferenciales con rebajas arancelarias que desaparecerían.

Esta pérdida de competitividad se estima que tendrá un impacto de 7.400 millones de euros, un 13% del volumen de exportaciones y un 3,8% del PIB de Cataluña. Pero el impacto mayor sería en la venta de productos que realiza actualmente a otras Comunidades Autónomas de España. Habría que añadir la subida de precios, al aplicarse los aranceles (TEC) como al resto de países; el llamado Efecto Frontera por el cual el comercio entre países es siempre muy inferior al comercio entre regiones, con el perjuicio que supone la inversión directa, salida de empresas y caída del turismo. La suma de lo que vende al extranjero y al resto de España supone el 66% del PIB. El resto de España es su mercado principal, sus 50.000 millones de ventas suponen más de 5 veces lo que se vende en su segundo país por ventas (Francia con 10.000 millones) y más de 8 veces que el tercero (Alemania con 6.600 millones). Por ello mantener el mercado español es más que importante y es precisamente el que más riesgos tiene. España también sufriría pues un 19% del PIB procede de Cataluña y una independencia llevaría a que España perdiera una quinta parte del Producto Interior Bruto de un plumazo.

En resumen, el impacto económico para España y Cataluña sería importante. Cambiaría mucho el mapa de los intercambios económicos y genera incertidumbres en los mercados financieros,  además, de perder "independencia" económica y financiera por mantener el euro como moneda base. En definitiva un duro golpe económico en el que perdemos todos.

Miguel F. Canser

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REFORMA ELECTORAL

Durante las vacaciones, casi como a traición, el Partido Popular se ha empeñado en dar otra vuelta de tuerca para retrasar e ignorar la ansiada regeneración democrática que todos los ciudadanos demandan. Ahora proponen que será alcalde el candidato más votado si ostenta, al menos, el 40% de los votos. Ésta es la nueva mayoría que se ha inventado el Sr. Rajoy. Se trata simplemente de una mutilación de las libertades democráticas.  En mayo de 2015 los alcaldes serán designados con la fórmula que el Gobierno tiene decidida. Se trata de aprobar una ley orgánica de naturaleza constitucional prescindiendo de todos los demás partidos políticos. De contrabando, a través de una “chapuza”, como se le escapó al presidente del Congreso, que habría exigido la aprobación de la Ley Orgánica prevista en el artículo 57.5 de la Constitución. El motivo: ven peligrar su hegemonía en ciudades tan importantes como Madrid y Valencia al tiempo que, con esta fórmula, ganarían muchas más de las que poseen.

            Que yo sepa, mayoría es el 51%, no el 40%. Desde pequeñitos nos han enseñado que la mitad más uno es la esencia de la democracia. ¿Quién gana? Pues la mitad más uno. ¿Qué opinión se impone sobre las demás? Pues la sustentada por la mitad más uno del total. Quien obtenga la mitad más uno de los votos, es el ganador en cualquier ámbito de la vida. Pero los chicos del PP desean volver al tiempo en que las minorías gobernaban sobre las mayorías y como han visto que esto de la mitad más uno no les reporta muchos ayuntamientos,  se han inventado una nueva idea que consiste en que quien obtenga el cuarenta por ciento de los votos, -siempre que tenga cinco puntos de diferencia sobre su inmediato seguidor- ganará las elecciones municipales. Esto supondría que un 40% de los votantes gobierne sobre el 60% restante. Pregunta lógica,  ¿y de qué sirve elegir alcalde al 40% si va a tener que gobernar contra el 60% restante en franca minoría? Pues ya tienen la respuesta, al que obtenga el 40% de votos le dan concejales por valor del 51% de la corporación para que gobierne con tranquilidad. Es decir que el voto del 60% restante vale mucho menos que el del 40%. ¿Recuerdan la ley del embudo?

Los ciudadanos no elegimos directamente al presidente del gobierno, ni al presidente de una comunidad autónoma, ni tampoco directamente a un alcalde. Elegimos a los diputados en el Congreso o en el Parlamento de la comunidad autónoma, y a los concejales en los municipios, y éstos eligen al presidente del Gobierno, al presidente de la Comunidad Autónoma y al alcalde. Esta es nuestra Constitución representativa, que no se ha visto alterada en su vigencia en ningún momento hasta ahora. El pueblo vota, en teoría,  no a un candidato sino a un proyecto político, a una lista de un partido político. 

Cada día que pasa perdemos la oportunidad de enfrentarnos a una verdadera regeneración democrática. El liderazgo político ha olvidado que mandar exige ser ejemplar y, en lugar de propiciar los valores, contribuye a la degeneración. En un ambiente político donde la corrupción y el fracaso son penosamente abundantes, sorprende que los políticos españoles jamás dimitan, lo que refleja que los partidos políticos practican el corporativismo más inmoral, protegiendo a sus miembros. La incapacidad para el consenso y las peleas públicas entre políticos y partidos proyectan hacia la sociedad un ejemplo desmoralizador y envilecedor. Los políticos reciben hoy el desprecio y la repulsa de muchos ciudadanos, que los consideran corruptos y obsesionados por los privilegios y ventajas que proporciona el poder. Como consecuencia del deterioro de la política, España, que hace poco más de una década era uno de los países con más ilusión y mayor respeto por lo público, es ya hoy una de las sociedades más decepcionadas y frustradas por la escasa calidad de su democracia y por la ausencia dramática de la más elemental Justicia en la vida diaria. 

Estamos sin lugar a duda en una democracia descafeinada. Espero que el pueblo español despierte, que su voto vale mucho, que no es un cheque en blanco para que hagan lo que quieran,  y que en las próximas elecciones veamos la desaparición de estos corruptos y que el nuevo gobierno (y espero sea de coalición) recomponga todas las injusticias cometidas por estos incompetentes, corruptos, sin ética ni moral. Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país de esclavos.

Miguel F. Canser

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CARTA AL REY FELIPE VI

Majestad:

          Soy una persona con algunos años ya que ha vivido la Transición; por lo tanto, recuerdo la ilusión de aquellos años, cuando fue coronado su padre Juan Carlos I. Era un tiempo esperanzador, de romper moldes y alejar definitivamente la mordaza que nos aprisionaba de la etapa franquista. Y aunque he de decir que mi ideología no es para nada monárquica, viví aquellos años con alegría e inusitada esperanza. Voté a favor nuestra Constitución sólo por eso, aún sabiendo que no había forma legal de instaurar una república, porque todo se nos ofreció en un mismo pack. Lo importante, en aquel entonces, era  abandonar esa dictadura.

          Ahora, después de 39 años de aquélla, y sin la expectación suscitada de entonces, muchos de los que votamos nuestra Carta Magna hubiéramos deseado que las cosas se hicieran de otra manera. Me refiero, naturalmente, que somos muchos los ciudadanos que nos gustaría que nos preguntaran qué tipo de sistema preferimos de representatividad del Estado, y poder elegir a la persona que figure al frente del mismo,  porque después del tiempo transcurrido, quizá sea conveniente desarrollar, adecuar y actualizar al acontecer actual algunos artículos de nuestra Constitución; y sobre todo, cumplir fielmente su artículo primero apartado dos: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

          Le ruego no lo tome como algo personal porque no tengo nada que decir en su contra, no le conozco, y si le soy sincero, hasta le deseo que acierte en su nueva y difícil tarea. Pero también sé que a pesar de ser usted una persona culta y preparada, ­­­­­­las limitaciones de la Jefatura del Estado quizá le impidan desarrollar políticas que a usted le gustaría; porque no hay que olvidar que el Rey reina pero no gobierna. Usted  tiene un papel en la representación del Estado y sus actos, tanto como sus omisiones, comprometen a éste; habida cuenta de que es el Gobierno quien redacta o cuando menos supervisa y autoriza, las palabras del Rey, usted como todo aquel que ejerce un cargo, tiene además limitada su libertad de expresión por el ejercicio de su propia responsabilidad, aunque eso no quiere decir que no pueda decir lo que piensa con emoción y sentimiento, como lo hizo al referirse a su madre en el discurso de coronación, ni que deba inhibirse en todo momento de señalar lo que a su juicio son cuestiones clave de la convivencia nacional. Por eso es tan de lamentar que en su primera intervención como monarca, cuando se está anunciando un acercamiento de la Corona a los ciudadanos, se limitara a hacer un discurso políticamente correcto en el que las palabras que mejor indican las preocupaciones de estos, corrupción y paro, no fueron ni siquiera pronunciadas.

         

          Me gustaría que, efectivamente, fuera usted un rey cercano y comprometido con los problemas de los ciudadanos. Me gustaría verle cerca de aquéllos que, a causa de esta crisis galopante que ya dura demasiado, han perdido su empleo y han sido desahuciados por no poder pagar las cuotas de su hipoteca. Me gustaría que sus actos reflejaran la preocupación de aquellos que han visto mermadas, cuando no anuladas,  las ayudas a la dependencia a pesar de que les protege la ley. Me gustaría que en sus discursos hiciera referencia al número de hogares españoles con todos sus miembros en paro que alcanzó 1.906.100 en el primer trimestre del año, 72.400 más que en el cuarto trimestre de 2012, lo que supone un incremento del 3,95 %, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Me gustaría verle interesado en la mención de temas muy importantes como podría ser el de la falta en España de una justicia ágil, justa y modernizada. En definitiva, me gustaría, como usted dijo, "una monarquía renovada para un tiempo nuevo".  No quiero pecar de demagogo ni de populismo, pero ese noble propósito será imposible si al mismo tiempo no se regeneran y reforman los actuales grandes partidos políticos españoles, principales culpables del descrédito ciudadano donde anidan casi todos los grandes vicios y lacras de la nación: abuso de poder, injusticia, arrogancia,  culto al privilegio y que la Monarquía no es ajena.

          Vuelvo a reiterarle mi deseo de que usted acierte y que su ejemplaridad, ejercida día a día, sea recompensada con el cariño y el respeto de todos los españoles.

          Afectuosamente,

Miguel F. Canser

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ELECCIONES EUROPEAS

Cuando escribo este artículo, aún no se han celebrado las elecciones al Parlamento Europeo; y cuando salga a la luz y se publique, ya sabremos su resultado. Todos los sondeos y todos los expertos vaticinan una gran abstención (alrededor del 40 - 45%). Parece que la gente no está dispuesta a perder ni un minuto de su tiempo libre para esto porque tiene la sensación que su voto no va a servir absolutamente para nada. Y es que el Parlamento Europeo se ha convertido en un “cementerio de elefantes”, en un destino del retiro donde van a parar los que han sufrido el desgaste de su avatar político, los que ya no tienen nada que ofrecer en la política nacional. Es decir, donde se “coloca” y se premia a aquellos que han dedicado muchos años a la política siendo obedientes a la disciplina del partido. La política europea se ha convertido en el refugio de una aristocracia tecnocrática que mantiene unos privilegios económicos rayando en lo escandaloso, y muy alejados de la problemática del día a día de los ciudadanos. El Parlamento, el Banco Central Europeo, la Comisión, el Eurogrupo, etc. son vistos como instituciones opacas, inaccesibles y nada representativas de los ciudadanos, sino de las formaciones políticas que representan. De ahí la indiferencia de la ciudadanía.

            La gente ve las listas europeas mayormente como un premio de consolación muy bien pagado. Cada uno de los 54 eurodiputados españoles que sean elegidos, ganará 8.020,53 euros brutos al mes; sin embargo, ésta es sólo una parte de todos los emolumentos que percibe un diputado europeo. La institución a la que sirven proporciona una serie de complementos que dispara la compensación total muy por encima de los 16.000 euros mensuales, y que convierte a sus señorías en uno de los grupos mejor pagados de todo el entramado institucional comunitario. Sí porque, aparte del sueldo, disponen de una dieta de estancia de 304 euros al día, que tiene como objetivo costear el alojamiento y otros gastos relacionados con cada jornada en la que los eurodiputados están presentes en actividades oficiales del Parlamento. Teniendo en cuenta que, en una semana normal, un eurodiputado puede trabajar en actividades oficiales cuatro días, el complemento mensual por este concepto ascendería a algo más de 4.800 euros. Eso sí, cuando hay Pleno, si un diputado falta a más de la mitad de los votos nominales esa dieta se reduce a la mitad…… En cualquier empresa privada, si faltas al trabajo más de la mitad de los días, no es que cobres menos, es que vas de patitas a la calle.

            Existe, además, otro cheque que perciben mensualmente y que no requiere de ningún tipo de justificación; es la llamada dieta fija de gastos generales por un importe de 4.299 euros al mes, que tiene por objeto cubrir gastos de alquiler y administración de oficina, equipos informáticos, teléfono, etcétera. En muchos casos, ese dinero se destina a pagar la nómina de los asistentes que sirven a cada eurodiputado. En otros, la dieta la gestiona la estructura del partido y algunas veces, las menos, parte de ese complemento acaba sumándose a la nómina real del político de turno. En fin, que hay muchos motivos para que la mayoría no quiera ni saber cuando son las elecciones.

            En estos días previos a las elecciones, asistimos a las promesas de los distintos candidatos que se enquistan en criticar los errores del contrario, sin exponer apenas reflexiones hondas con objetivos realmente realizables a los sufridos ciudadanos, con nula ausencia de abordar los problemas que mayoritariamente preocupan a la población: corrupción, paro juvenil, déficit económico, etc. ¿Cómo no sentir un cierto resquemor hacia las instituciones europeas, ante la actitud vergonzosa del uso de sus privilegios? Todos los candidatos lucharán por conseguir un escaño porque gozarán de unas ventajas económicas privilegiadas.  No sería mala idea que los europarlamentarios tuvieran que rendir cuentas periódicamente, compareciendo ante el Congreso de los Diputados para que los ciudadanos supieran con exactitud a qué se han dedicado, y si han justificado sus astronómicas retribuciones.

            En definitiva, parece que, ante la falta de entusiasmo de los votantes ante estas elecciones, es muy oportuna la frase de Bertolt Brecht: “¿Y no sería más sencillo que los gobiernos europeos disolvieran al pueblo y eligieran a otro”?.... ¡¡No demos ideas!!.

Miguel F. Canser

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JUSTICIA ADULTERADA

No es la primera vez que escribo sobre nuestra Justicia. En las veces anteriores denunciaba la urgente necesidad de su modernización, de aplicar los recursos necesarios para que la justicia fuera eso: justicia.  Porque ésta no existe cuando los procesos se dilatan en el tiempo y pasan años y años de instrucción hasta que se celebra el juicio, pues se pierde perspectiva y efectividad. Al margen de esto que es importantísimo, lo que actualmente se palpa en la sociedad es su falta de equilibrio e imparcialidad.  Se ha escrito mucho sobre el sistema judicial y sobre la justicia en particular en España, y prácticamente es unánime la opinión de que nuestro sistema no funciona. Y lo que es peor, es que no existe voluntad política de arreglarlo. A los políticos no les interesa, pues les favorece la lentitud y la falta de trato igual con todos los ciudadanos. Son aforados.  Es decir, funciona implacablemente sobre los ciudadanos "normales" y sin embargo, está lleno de fisuras y privilegios con los poderosos. En un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), queda  retratada la percepción mayoritaria de la ciudadanía donde la imagen de la Justicia es preocupante. De acuerdo con la encuesta, el 82,6% de los españoles considera que los ricos, los poderosos, y los políticos son los más favorecidos con las leyes y apenas el 24% cree que la Administración de justicia va bien o muy bien. Quizá por eso no sorprende que cinco de cada diez encuestados preguntados sobre si el funcionamiento de la Justicia había mejorado o empeorado en los últimos años, respondieran categóricamente que ha empeorado. Los ciudadanos lo tienen claro: la Justicia en España no funciona adecuadamente.

La Constitución Española en su artículo 117.1 dice: "La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".   El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es el órgano de gobierno del Poder Judicial de España.  Su  principal función es velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente  a los demás poderes del Estado. Tiene 21 miembros; 10 son elegidos  por el Congreso y 10 por el Senado; y su Presidente es el Presidente del Tribunal Supremo con lo se deduce que los miembros del CGJP no son independientes del poder político. Este sistema no es democrático, ni es bueno para la nación.

            Según numerosos juristas, se legisla mal y mucho. Es verdad que desde siempre España no hace más que crear leyes, pero como luego no se aplican, no sirven para nada. Algunas leyes, existen en realidad para no ser llevadas a la práctica, porque son difíciles de emplear, pero cuando interesa, se aplican de manera irremediable a aquellos que han sido “malos chicos”. Esto lleva a una inseguridad jurídica de los ciudadanos españoles, que cuando critican o sobresalen en contra de los criterios políticos o gremiales de los jueces, entonces sí que se utilizan  para callar la voz de los díscolos. Hay procesos judiciales muy mediáticos que languidecen en los tribunales, pero también es verdad que hay fronteras muy distantes entre las verdades periodísticas y las judiciales; es decir, las que merecen una primera plana y las que terminan en sentencias. El caso del juez Baltasar Garzón ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre el desgaste de la imagen de la Justicia. El magistrado de la trama de corrupción del caso Gürtel ha sido enjuiciado antes que varios a quienes investigaba y que había metido entre rejas.  Pero lo del juez Garzón, no es nuevo. Anteriormente,  otros jueces  fueron apartados de sus juzgados: Marino Barbero Santos, caso Filesa por la financiación irregular del PSOE; Javier Gómez de Liaño, instructor del caso GAL; Elpidio Silva en el caso de las preferentes de Bankia, etc. Ya veremos qué pasa con la juez del caso de los ERES irregulares de Andalucía y los jueces que llevan ahora el caso Gürtel, especialmente en los que atañe a la familia real. Y estos son los jueces más conocidos. Los ciudadanos no entienden muy bien el resultado de algunas acciones.

Otro de los principales males es la escasez de medios de toda índole: pocos jueces, pocos juzgados, pocos recursos humanos, escasos recursos tecnológicos y los pocos que hay son mal utilizados. Uno se pregunta si es posible y necesario que puedan existir sumarios de 5.000 hojas o procesos que duran 5 años. Da la sensación de que se está burocratizando adrede el sistema. El no utilizar los recursos tecnológicos lleva a que lo que hace un juzgado, no lo conozca otro, aunque estén en la misma comunidad autónoma.  Luego hay leyes incomprensibles: El gobierno actual quiere que se cambien las leyes para que cualquier manifestante que rompa, por ejemplo,  una farola cumpla una condena de 3 años en prisión; es decir, cualquier manifestante puede ser declarado terrorista. Luego, cuando llegue el caso, se aplicará la ley o no según convenga al gobierno de turno. Si las leyes no están claras para todos los ciudadanos y no se cumplen igual para todos, entonces esto no es una democracia sino una dictadura democrática, que no es lo mismo. 

Como podemos observar, las reformas que exige la situación actual de la Justicia son, cuando menos, imprescindibles, mejorando la independencia de este tercer poder, que desde antaño se erige en defensa de la legalidad y para el bien de todos los ciudadanos así como el mantenimiento del Estado Democrático de Derecho. A menudo la justicia como la religión se alían con el poder pero seguiremos insistiendo porque la única lucha que se pierde, es la que se abandona.

Miguel F. Canser

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