JUSTICIA ADULTERADA

No es la primera vez que escribo sobre nuestra Justicia. En las veces anteriores denunciaba la urgente necesidad de su modernización, de aplicar los recursos necesarios para que la justicia fuera eso: justicia.  Porque ésta no existe cuando los procesos se dilatan en el tiempo y pasan años y años de instrucción hasta que se celebra el juicio, pues se pierde perspectiva y efectividad. Al margen de esto que es importantísimo, lo que actualmente se palpa en la sociedad es su falta de equilibrio e imparcialidad.  Se ha escrito mucho sobre el sistema judicial y sobre la justicia en particular en España, y prácticamente es unánime la opinión de que nuestro sistema no funciona. Y lo que es peor, es que no existe voluntad política de arreglarlo. A los políticos no les interesa, pues les favorece la lentitud y la falta de trato igual con todos los ciudadanos. Son aforados.  Es decir, funciona implacablemente sobre los ciudadanos "normales" y sin embargo, está lleno de fisuras y privilegios con los poderosos. En un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), queda  retratada la percepción mayoritaria de la ciudadanía donde la imagen de la Justicia es preocupante. De acuerdo con la encuesta, el 82,6% de los españoles considera que los ricos, los poderosos, y los políticos son los más favorecidos con las leyes y apenas el 24% cree que la Administración de justicia va bien o muy bien. Quizá por eso no sorprende que cinco de cada diez encuestados preguntados sobre si el funcionamiento de la Justicia había mejorado o empeorado en los últimos años, respondieran categóricamente que ha empeorado. Los ciudadanos lo tienen claro: la Justicia en España no funciona adecuadamente.

La Constitución Española en su artículo 117.1 dice: "La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".   El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es el órgano de gobierno del Poder Judicial de España.  Su  principal función es velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente  a los demás poderes del Estado. Tiene 21 miembros; 10 son elegidos  por el Congreso y 10 por el Senado; y su Presidente es el Presidente del Tribunal Supremo con lo se deduce que los miembros del CGJP no son independientes del poder político. Este sistema no es democrático, ni es bueno para la nación.

            Según numerosos juristas, se legisla mal y mucho. Es verdad que desde siempre España no hace más que crear leyes, pero como luego no se aplican, no sirven para nada. Algunas leyes, existen en realidad para no ser llevadas a la práctica, porque son difíciles de emplear, pero cuando interesa, se aplican de manera irremediable a aquellos que han sido “malos chicos”. Esto lleva a una inseguridad jurídica de los ciudadanos españoles, que cuando critican o sobresalen en contra de los criterios políticos o gremiales de los jueces, entonces sí que se utilizan  para callar la voz de los díscolos. Hay procesos judiciales muy mediáticos que languidecen en los tribunales, pero también es verdad que hay fronteras muy distantes entre las verdades periodísticas y las judiciales; es decir, las que merecen una primera plana y las que terminan en sentencias. El caso del juez Baltasar Garzón ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre el desgaste de la imagen de la Justicia. El magistrado de la trama de corrupción del caso Gürtel ha sido enjuiciado antes que varios a quienes investigaba y que había metido entre rejas.  Pero lo del juez Garzón, no es nuevo. Anteriormente,  otros jueces  fueron apartados de sus juzgados: Marino Barbero Santos, caso Filesa por la financiación irregular del PSOE; Javier Gómez de Liaño, instructor del caso GAL; Elpidio Silva en el caso de las preferentes de Bankia, etc. Ya veremos qué pasa con la juez del caso de los ERES irregulares de Andalucía y los jueces que llevan ahora el caso Gürtel, especialmente en los que atañe a la familia real. Y estos son los jueces más conocidos. Los ciudadanos no entienden muy bien el resultado de algunas acciones.

Otro de los principales males es la escasez de medios de toda índole: pocos jueces, pocos juzgados, pocos recursos humanos, escasos recursos tecnológicos y los pocos que hay son mal utilizados. Uno se pregunta si es posible y necesario que puedan existir sumarios de 5.000 hojas o procesos que duran 5 años. Da la sensación de que se está burocratizando adrede el sistema. El no utilizar los recursos tecnológicos lleva a que lo que hace un juzgado, no lo conozca otro, aunque estén en la misma comunidad autónoma.  Luego hay leyes incomprensibles: El gobierno actual quiere que se cambien las leyes para que cualquier manifestante que rompa, por ejemplo,  una farola cumpla una condena de 3 años en prisión; es decir, cualquier manifestante puede ser declarado terrorista. Luego, cuando llegue el caso, se aplicará la ley o no según convenga al gobierno de turno. Si las leyes no están claras para todos los ciudadanos y no se cumplen igual para todos, entonces esto no es una democracia sino una dictadura democrática, que no es lo mismo. 

Como podemos observar, las reformas que exige la situación actual de la Justicia son, cuando menos, imprescindibles, mejorando la independencia de este tercer poder, que desde antaño se erige en defensa de la legalidad y para el bien de todos los ciudadanos así como el mantenimiento del Estado Democrático de Derecho. A menudo la justicia como la religión se alían con el poder pero seguiremos insistiendo porque la única lucha que se pierde, es la que se abandona.

Miguel F. Canser

www.cansermiguel.blogspot.com