CARTERA POR BANDERA

Es frustrante y cansino que cada mañana, desde que te levantas, te desayunes con el independentismo catalán. A veces pienso que en España no existe ninguna otra región digna de mención. ¿Existe Extremadura, la Rioja, Aragón, las dos Castillas?  Son los eternos olvidados. Los que vivimos en el centro peninsular hemos sido siempre víctimas del llamado “centrismo”; soportamos tener las instituciones más importantes del Estado: Congreso, Senado, sede donde viven los Monarcas y el Gobierno, etc., y eso nos ha llevado a que las demás regiones nos miren de otro modo. Ellos no sufren el agravio de tener que soportar siempre todo tipo de manifestaciones, protestas de toda índole sobre problemas que afectan a otras Comunidades y que perjudican nuestra convivencia diaria. Todo el mundo viene a protestar aquí. Pero, no quiero escribir sobre esto. Sólo es un sentimiento de impotencia cuando nos martillean con los mismos temas cada día. Y no voy a ser una excepción.

La relación entre el Gobierno Central y la Generalitat de Cataluña es cada vez peor, están enquistados cada uno en su posición, y las posibles soluciones al conflicto, están muy alejadas. Mientras el Sr. Rajoy se enroca en la legalidad --nuestra Constitución no permite un referéndum secesionista--, el Sr. Puigdemont dice que, sí o sí, habrá consulta aunque no sea legal. Si nuestra Constitución señala la indisoluble unidad de la nación española, también es cierto que la democracia debe estar por encima de toda Constitución. La consulta y el derecho a decidir que reclaman, sólo es posible mediante el diálogo, el debate, y el acuerdo político para poder modificar nuestra Constitución y demás leyes que, ahora, impiden su celebración. El derecho a decidir es inalienable, personal e individual, pero dentro del marco jurídico establecido; abandonar éste cuando “yo quiera”, no es permisible.

Mientras tanto, el Sr. Rajoy confía en que su “aguante” acabe enfriando el pulso nacionalista. El crecimiento económico, a más del 3%, el IBEX que vuelve a acercarse a los 11.000 puntos, el crecimiento de puestos de trabajo (aunque sean de mala calidad),  el bienestar de un verano lleno de turistas, o la sensación de seguridad en medio de una Europa acosada por el terrorismo, las encuestas van dando, poquito a poco, un retroceso de la opción independentista en la población catalana mientras el cabreo del resto de la población española aumenta. Los actuales miembros de la Generalitat lo saben: se les está acabando el tiempo. Si en otoño que viene no toman alguna medida, pueden ser el pitorreo de sus propios conciudadanos. La no celebración de un referéndum, o que sea una segunda edición del de las urnas de cartón, sería un ridículo al que no podrían sobrevivir. Por eso las prisas en insistir en un “diálogo” que saben imposible. El intercambio de cartas, o el viajecito a Madrid, es un plan para intentar que el tema salte a los medios de comunicación. Ni siquiera Pedro Sánchez se atreve a poner en cuestión la soberanía del “pueblo español”, aunque hable de naciones culturales dentro de la Nación Española.  Si se le ocurriese apoyar a los independentistas en alguna de sus peticiones, es probable que hasta sus bases le diesen la espalda. En todo caso, Puigdemont tiene la necesidad de responder a la CUP, que le empuja. Porque la CUP también sabe que el tiempo se acaba para el proceso soberanista y para su opción anarco-comunista.

Pero en términos más concretos, me importa más la voluntad y el deseo de la gente que los datos objetivos por los que quiera separarse un territorio. Comparémoslo con una pareja donde uno de los dos dice que ya no quiere estar, porque se le pasó el amor. Esa es una razón, claro. Pero debe ir acompañada de una voluntad de concertar entre los dos. Tienes que hablar con el otro y garantizar a los ciudadanos que sus derechos están protegidos. La lengua (también la castellana), la historia o la cultura diferencial también hay que tenerlas en cuenta. Y, sobre todo, que la mayoría que busca separarse sea una mayoría suficiente. Con la inversión democrática hemos obtenido que, ahora, lo que manda es el dinero, los políticos están a su servicio y por detrás de todos aparecemos los ciudadanos. Eso es muy grave y delata a un país con un sentido de la justicia insuficiente.

Vivimos una situación político-jurídica que no tiene solución. Sin embargo, el Gobierno de España está obligado a encontrar una salida al conflicto. Una salida que no pasa por ceder, pero sí conceder. Históricamente nuestra frágil democracia siempre ha solucionado los problemas nacionalistas con dinero. A ver, señores Puigdemont y Junqueras, ¿cuánto cuesta que se olviden por un tiempo de la independencia? Ya se sabe que a nuestros políticos, en su mayoría, aman la cartera tanto o más que a la bandera. ¿Cuántos millones de euros nos costará la NO independencia de Cataluña?

Miguel F. Canser

www.cansermiguel.blogspot.com