Es
frustrante y cansino que cada mañana, desde que te levantas, te desayunes con
el independentismo catalán. A veces pienso que en España no existe ninguna otra
región digna de mención. ¿Existe Extremadura, la Rioja, Aragón, las dos Castillas? Son los eternos olvidados. Los que vivimos en
el centro peninsular hemos sido siempre víctimas del llamado “centrismo”;
soportamos tener las instituciones más importantes del Estado: Congreso,
Senado, sede donde viven los Monarcas y el Gobierno, etc., y eso nos ha llevado
a que las demás regiones nos miren de otro modo. Ellos no sufren el agravio de
tener que soportar siempre todo tipo de manifestaciones, protestas de toda
índole sobre problemas que afectan a otras Comunidades y que perjudican nuestra
convivencia diaria. Todo el mundo viene a protestar aquí. Pero, no quiero
escribir sobre esto. Sólo es un sentimiento de impotencia cuando nos martillean
con los mismos temas cada día. Y no voy a ser una excepción.
La
relación entre el Gobierno Central y la Generalitat de Cataluña es cada vez
peor, están enquistados cada uno en su posición, y las posibles soluciones al
conflicto, están muy alejadas. Mientras el Sr. Rajoy se enroca en la legalidad
--nuestra Constitución no permite un referéndum secesionista--, el Sr.
Puigdemont dice que, sí o sí, habrá consulta aunque no sea legal. Si nuestra
Constitución señala la indisoluble unidad de la nación española, también es
cierto que la democracia debe estar por encima de toda Constitución. La
consulta y el derecho a decidir que reclaman, sólo es posible mediante el
diálogo, el debate, y el acuerdo político para poder modificar nuestra
Constitución y demás leyes que, ahora, impiden su celebración. El derecho a
decidir es inalienable, personal e individual, pero dentro del marco jurídico
establecido; abandonar éste cuando “yo quiera”, no es permisible.
Mientras
tanto, el Sr. Rajoy confía en que su “aguante” acabe enfriando el pulso
nacionalista. El crecimiento económico, a más del 3%, el IBEX que vuelve a acercarse
a los 11.000 puntos, el crecimiento de puestos de trabajo (aunque sean de mala
calidad), el bienestar de un verano lleno de
turistas, o la sensación de seguridad en medio de una Europa acosada por el
terrorismo, las encuestas van dando, poquito a poco, un retroceso de la opción
independentista en la población catalana mientras el cabreo del resto de la población
española aumenta. Los actuales miembros de
la Generalitat lo saben: se les está acabando el tiempo. Si en
otoño que viene no toman alguna medida, pueden ser el pitorreo de sus
propios conciudadanos. La no celebración de un referéndum, o que sea una
segunda edición del de las urnas de cartón, sería un ridículo al que no
podrían sobrevivir. Por eso las prisas en insistir en un “diálogo” que saben
imposible. El intercambio de cartas, o el viajecito a Madrid, es un
plan para intentar que el tema salte a los medios de comunicación. Ni
siquiera Pedro Sánchez se
atreve a poner en cuestión la soberanía del “pueblo español”, aunque hable
de naciones culturales dentro de la Nación Española. Si se
le ocurriese apoyar a los independentistas en alguna de sus peticiones, es
probable que hasta sus bases le diesen la espalda. En todo caso, Puigdemont tiene la necesidad de
responder a la CUP, que le empuja. Porque la CUP también sabe que el
tiempo se acaba para el proceso soberanista y para su opción anarco-comunista.
Pero
en términos más concretos, me importa más la voluntad y el deseo de la gente
que los datos objetivos por los que quiera separarse un territorio.
Comparémoslo con una pareja donde uno de los dos dice que ya no quiere estar,
porque se le pasó el amor. Esa es una razón, claro. Pero debe ir acompañada de
una voluntad de concertar entre los dos. Tienes que hablar con el otro y
garantizar a los ciudadanos que sus derechos están protegidos. La lengua
(también la castellana), la historia o la cultura diferencial también hay que
tenerlas en cuenta. Y, sobre todo, que la mayoría que busca separarse sea una
mayoría suficiente. Con la inversión democrática hemos obtenido que, ahora, lo
que manda es el dinero, los políticos están a su servicio y por detrás de todos
aparecemos los ciudadanos. Eso es muy grave y delata a un país con un sentido
de la justicia insuficiente.
Vivimos
una situación político-jurídica que no tiene solución. Sin embargo, el Gobierno
de España está obligado a encontrar una salida al conflicto. Una salida que no
pasa por ceder, pero sí conceder. Históricamente nuestra frágil democracia
siempre ha solucionado los problemas nacionalistas con dinero. A ver, señores
Puigdemont y Junqueras, ¿cuánto cuesta que se olviden por un tiempo de la
independencia? Ya se sabe que a nuestros políticos, en su mayoría, aman la
cartera tanto o más que a la bandera. ¿Cuántos millones de euros nos costará la
NO independencia de Cataluña?
Miguel
F. Canser
www.cansermiguel.blogspot.com
