DISTINTA VARA DE MEDIR

Hace meses que vivimos la anunciada reforma de las pensiones; una reforma que perjudicará, con el tiempo, a la mayoría de los trabajadores pues elevará la edad de jubilación de 65 a 67 años de forma paulatina tras un proceso de adaptación flexible de 15 años, que sólo entrará en vigor de forma completa en 2027, y todo hace indicar que se ampliará el número de años cotizados para tener derecho a percibir una pensión. Nuestro sistema de pensiones se sustenta con la cotización de los que trabajan en favor de los pensionistas; es decir, las pensiones se pagan con las aportaciones de los que cotizan; y como el descenso de la natalidad y el incremento de la esperanza de vida, unido a que los pensionistas crecen a mayor ritmo que los que se incorporan al mercado laboral, (ahora hay cuatro cotizantes por cada jubilado), algo hay que reformar si queremos seguir con el mismo sistema. La cuantía de la pensión se determina aplicando un porcentaje dependiendo de los años cotizados. Actualmente el mínimo de años que hay que cotizar para recibir una pensión es de 15 años; teniendo derecho a cobrar un 50% del salario percibido y si se quiere cobrar el 100%, se deberá cotizar 35 años.

La clase política es ajena a esta reforma pues sus señorías disfrutan del privilegio de poder retirarse con la pensión máxima con tan sólo siete años. Ello se debe a que gozan de la llamada “pensión parlamentaria”, prevista en el Reglamento de pensiones de las Cortes Generales, publicada en el Boletín Oficial de las mismas con fecha 14 de julio del 2006. Esta pensión se creó para los supuestos en que los parlamentarios no alcancen el límite máximo de pensiones públicas. En estos casos las Cámaras (Congreso, Senado, y prácticamente todas las autonomías) abonarían la diferencia hasta completar la pensión máxima. Pero estos privilegios no se quedan ahí, porque hasta el 75% de los ingresos reales de los políticos está libre de impuestos. En concreto, entre el 40% y el 75% del sueldo real, goza de exención fiscal. Es decir, no tributa a Hacienda, gracias a las abultadas dietas que cobran sus señorías. Existen otros privilegios en concepto de indemnizaciones por cese, planes de previsión social, etc., que obviamos para no dilatar el tema.

Queda patente la distinta vara de medir entre ellos y los ciudadanos de a pie. No parece muy justo que sean ellos mismos los que valoren la importancia de su función, con un sueldo y unas prerrogativas autoimpuestas donde llegan a un acuerdo absoluto, por mayoría, donde el anhelado consenso se alcanza rápidamente. La inmoralidad que supone la diferencia abismal de derechos económicos existente entre los políticos y el resto de la ciudadanía, que deberían dar ejemplo de austeridad y contención del gasto que piden al resto de los mortales, hace que aumente el desprestigio de unos hacia otros. No es de extrañar que se peleen como lobos hambrientos para conseguir su sillón o parcela de poder. No dudo que habrá políticos comprometidos con deseos de trabajar por el bien común, pero el sentir popular es muy negativo.

Así es que ya saben: Sólo tienen que afiliarse a algún partido político, que le incluyan en sus listas, y como se vota al partido y no a la persona, si salen elegidos, ya tienen asegurado bastante su futuro económico. No se necesita entregar ningún “curriculum”, ni pasar ningún tipo de examen para averiguar su valía. No hace falta. Únicamente se le exigirá obediencia y disciplina.

El descrédito de los políticos cada día es más evidente. Se detecta una sociedad española resignada y una clase política salpicada, cada vez más, de casos de corrupción que hace exista un mayor distanciamiento entre unos y otros. Vivimos en una sociedad desesperanzada y carente de motivaciones. El ciudadano cada vez recela más y se fía menos de las promesas que hacen los políticos. Quizá deberían estar menos alejados de la realidad de la calle, preocuparse seriamente por los problemas reales de los demás, y no preocuparse tanto por los suyos.

Miguel F. Canser

www.cansermiguel.blogspot.com