En el ánimo del ciudadano
de a pie está instalada la creencia de que la justicia, no es igual para todos,
ni es tan diligente con depende qué asuntos. Ya de por sí, nuestra justicia es
lenta y parsimoniosa, quizá porque interesa a algunos. Se cambian jueces por
conveniencia y algunas de las sentencias dictadas, cuando se recurren, se
dictamina una resolución totalmente contraria. Existe disparidad de criterios a
la hora de impartir eso….: Justicia. Resulta incomprensible que la vecina de
Fuerteventura, Josefa Hernández, de 62 años haya ingresado en prisión (ya
excarcelada) para cumplir una pena de seis meses por no derribar su casa, que
cuidaba a tres nietos menores a su cargo, y que toda una familia vivía a su
costa con su exigua pensión, y por contra, a estas alturas del partido, todavía
siga pendiente de sentencia el juicio contra el Sr. Urdangarín, el caso Bárcenas, o el caso Gúrtel entre
otros.
Ya sabíamos que la justicia en España es lenta y muy
garantista; pero se enquista demasiado en los casos de corrupción. De hecho,
desde el poder judicial se reconoce y se reclaman más recursos para acabar con
esta laxitud. No se deparan ni se escatiman gastos en la adquisición de
radares, en el mantenimiento y mejora de últimas tecnologías en Hacienda, pero
sí en la necesaria modernización de la justicia. El resultado es que las
sentencias se demoran tanto que, cuando se pronuncian, muchos delitos han
prescrito. Las causas de corrupción se llevan años y años en los Tribunales;
por ejemplo, del Caso Malaya se tienen las primeras noticias en 2005 y no es
hasta noviembre del 2014, cuando algunas imputadas y condenadas entran en
prisión. Son 5 años de instrucción, 3 de juicio y un año más para saber la
sentencia. En el caso de los ERES de Andalucía, además de apartar a la juez
Alaya, la Fiscalía ha solicitado que se separe en 200 piezas pues se considera
inabarcable y se teme, que los delitos prescriban por la demora de la
investigación. Y del caso Gürtel llevamos más de 7 años y cuando ha comenzado
el juicio, se suspende hasta después de las elecciones municipales que se
celebraron hace ya más de 2 meses y aún no se ha reanudado.
La prensa nacional afirma que existen más de 1.900 causas
abiertas por corrupción, más de 641 imputados, de los cuales 270 pertenecen
exclusivamente a los ERES de Andalucía, y tan sólo una veintena de personas
cumpliendo condena en la cárcel; un total de 170 condenados aunque casi ninguno
está en prisión, bien porque pagaron multas o porque las penas eran
insuficientes para entrar, o tenían más causas pendientes de juicio. Hemos conocido el caso de las Tarjetas Black,
con los consejeros de Bankia que se gastaron 15 millones de euros de manera
irregular en plena crisis financiera que, de rebote, resucitó el caso Bárcenas.
Toda la familia Pujol donde algunos están acusados de blanqueo de capitales y
fraude fiscal....... Bueno pues ni el Sr. Blesa, ni el Sr. Rato, ni la familia
Pujol, han sido merecedores de medidas preventivas; en el caso Blesa, se ha
defenestrado al juez mientras que el ex presidente de Caja Madrid está de vacaciones.
Eso sí, la ciudadana de Fuerteventura, condenada a seis meses, merecía ir a la
cárcel ya, de inmediato.
La Gürtel, apellido del supuesto cabecilla en alemán,
Francisco Correa, se inicia en Noviembre de 2007 y no ha sido hasta marzo de 2015 cuando se ha
celebrado la primera sesión del juicio, que se ha decidido aplazar hasta junio
de este año, justo cuando estaba prevista la constitución de las nuevas Cortes
Valencianas. Así, entre otras cuestiones se evita que declaren dos ex-conselleras
en medio de la campaña electoral, ya que estaban previstas para el 15 de
mayo. De momento, han pasado ya casi 7 años y seguimos esperando. Lo peor es
que existen otras cinco piezas separadas de este caso. Quizá, la más llamativa
es la Contabilidad B o Papeles de Bárcenas. El caso de los ERES no se queda
atrás. Su
origen está en una investigación de corrupción de una empresa, Mercasevilla,
donde se detectaron prejubilaciones fraudulentas en 2003. La instrucción comienza en 2011 y dura hasta la actualidad. Ya se han
cubierto 300.000 folios y aún quedan varios años más de instrucción por
la complejidad del caso. Y además, se teme que los delitos prescriban. El presidente del Tribunal
Supremo ha dicho que las leyes que regulan los procesos penales en España están
previstas para los “robagallinas”, pero no para los grandes defraudadores. Con
esta frase, se estaba refiriendo, sin duda, a todos los casos anteriormente
expuestos, y también a Núñez, ex presidente del Barça, o a Fabra, el del aeropuerto
sin aviones, que ya han sido juzgados y condenados. Pero han pasado más de diez
años desde que cometieron los hechos delictivos hasta que la condena ha sido
firme.
Una justicia lenta no es justicia. Frente a la gran
delincuencia económica y de la corrupción no existen suficientes medios en los
servicios de la Hacienda Pública para un implacable y total control preventivo
de sus defraudaciones, ni para investigar el turbio origen de sus fortunas, y
sus correspondientes delitos. Por esta razón a los juzgados no llega toda la
información necesaria para la adecuada instrucción y enjuiciamiento de esa
compleja delincuencia financiera. Y si llegara, los juzgados no disponen de
suficientes medios para asumir ese ingente trabajo. De todo ello deriva la lentitud
insoportable de la justicia. Es necesaria una reforma de las leyes que regulan
el proceso penal, venciendo las insuficiencias de su organización más que
centenaria. Es necesaria una voluntad política de tolerancia cero frente a la
gran delincuencia económica y de corrupción, dotando a los servicios de
investigación de medios suficientes, dependientes efectivamente de los jueces,
libres de toda sospecha de dependencia o mediatización del Gobierno de turno.
Miguel F. Canser
www.cansermiguel.blogspot.com
