El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado recientemente nuevos datos de su estudio 'Opinión pública y política fiscal', en los que llama especialmente la atención que un 82% de los españoles considere que en nuestro país los impuestos "no se cobran con justicia", y un 84% perciba que existe "bastante o mucho fraude fiscal". De este modo, casi las tres cuartas partes de la evasión fiscal se localiza en las más de 40.000 empresas de mayor tamaño, mientras que las PYMES generan el 17% del fraude fiscal total. Por su parte el colectivo de autónomos, que agrupa a más de tres millones de trabajadores por cuenta propia, es responsable únicamente un 8,6% del fraude en nuestro país.
Mientras tanto, el 23,3% de la economía de nuestro país se encuentra sumergida, equivalente a unos 245.000 millones de euros anuales, un grado de evasión que supone un coste para cada español de 839 euros anuales adicionales en materia de impuestos y cuotas sociales. Y que son las nóminas las que sostienen el IRPF y no los ingresos derivados del beneficio empresarial o de la riqueza acumulada, que llevan años disminuyendo drásticamente, y que los ingresos del Estado por IRPF proceden en un 85% del trabajo y en un 15% del capital.
Los famosos recortes que padece la parte de la sociedad más débil que es la que tira del carro, no hubiera sido necesaria aplicarla si se hubieran tomados las medidas necesarias para atajar y evitar este fraude que se estima en unos 44.000 millones de €. Sólo con recuperar el 50%, incorporaríamos 22.000 millones de € para las arcas públicas. Las asociaciones de inspectores de Hacienda se quejan de lo poco que les ayudan a hacer su trabajo, de la falta de medios, de la desidia general de los gobiernos en un tema como este, y de muchas cosas más. De paso, alertan también de cuáles son los fraudes más frecuentes y que más utilizan los españoles: Pagar sin IVA, facturas falsas, trabajadores sin dar de alta, operaciones internacionales fraudulentas u opacas, declaración de precios de venta falsos, ocultación de capitales, empresas tapaderas, etc. Además todo ello unido a que, a los defraudadores, sólo se le cobraría un 10% si declaran lo que tienen oculto (evidentemente no lo van a hacer). Así que, no se ofenda nuestro Gobierno ni sus señorías que representan a la mayoría, cuando la ciudadanía dice que no se siente representada, porque a quienes ustedes representan es a unas minorías dominantes con las cuales, la mayoría de la gente no puede sentirse identificada bajo concepto alguno.
Los ciudadanos se lo han dicho desde las calles, las plazas, los parques, desde aquí y fuera de aquí, con miles de voces y en decenas de idiomas. Que ya están hartos de pagar por desafueros que no han cometido, de soportar golfadas públicas que quedan impunes. Saben que ni ustedes ni sus actuales gestores de “la cosa pública”, los de ayer y los de hoy, ni han dado, ni dan, ni van a dar la cara por defender sus intereses, los de la mayoría; sencillamente porque están al cuidado de los intereses de los muy ricos, grandes empresas y bancos. Simplemente porque temen al poder real, al de los mercados, y porque no confían en el poder del ejercicio de la democracia real. Es triste decir esto.
El problema es que las leyes están hechas para permitirlos, puesto que los principales beneficiados son los grupos de poder que dictan la letra de dichas leyes. Y, en España, no hay protección alguna para el que denuncia, ni siquiera anonimato. Así que nadie se atreve a denunciar por las consecuencias. En España tenemos 143.000 “ricos”, pero solamente 7.000 declaran ganar 700.000 €. Aquí la primera y principal tarea para combatir el fraude es querer hacerlo. La segunda es disponer de medios para hacerlo. Ahí tienen ustedes a la Agencia Tributaria, dótenla de medios humanos, porque con 28.000 funcionarios, poco pueden hacer en este campo (Francia e Inglaterra tienen respectivamente: 140.000 y 150.000 funcionarios). Además, fíjense qué estupenda ocasión para crear empleo de calidad, con un objetivo profundamente social y solidario, básico para el bienestar de la comunidad, y fundamental en una sociedad decente, sin que se tenga que repercutir la carga sobre los más débiles.
Quienes dicen que no hay dinero para afrontar ciertos gastos de los servicios públicos ocultan que, simplemente, carecen de la voluntad de recaudar ese dinero. Eliminar el fraude fiscal de los más adinerados supondría unos cuatro puntos del PIB. Recuperar la mitad de lo que dejaron de tributar las empresas durante los tres primeros años de crisis, a través del IRPF y del Impuesto de Sociedades, supondría recaudar otros dos puntos de PIB. Y, este año, seis puntos de PIB de ingresos fiscales adicionales evitarían los recortes al bienestar que está llevando a cabo el Gobierno y, al mismo tiempo, permitiría cierta expansión del gasto público. Está claro que hay alternativas al desmantelamiento del estado del bienestar que estamos sufriendo.
El sistema ha fracasado porque todo el tejido institucional está corrompido y los sistemas de control y corrección no han tenido respuesta frente a los delincuentes. Y aún en pleno fracaso, el proceso se repite incapaz de salir de la dinámica en la que se ha sumergido, porque son incapaces de renunciar al privilegio alcanzado. Una realidad en la que todo vale y nadie es responsable de nada sino el más débil que siempre es el pagano de los errores. Se ha sustituido a auténticos políticos con verdadera vocación de servicio, por personal de confianza ideológica y así nos va.
Otras soluciones son posibles si existe voluntad de repartir equitativamente y en justicia, la carga del déficit. Y mientras no se resuelva, el Estado tendrá que gastar menos o sangrar más a los que cumplen. Lo primero me parece materialmente imposible conociendo a la clase política; lo segundo lleva camino de serlo.
Hace algunos días leí una frase que me parece muy apropiada: “ una nación que trate de lograr más prosperidad a base de impuestos es como un hombre metido en un cubo tratando de elevarse tirando del asa”.
Miguel F. Canser
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